En el curso de esta semana, la Cámara de Diputados estu­diará el proyecto de ley que reforma la Caja Fiscal. Para ello se está convocando a una sesión extraordinaria en pleno receso parla­mentario, teniendo en cuenta la urgen­cia y la importancia de encontrarle una solución adecuada a la jubilación de ciertos sectores de la función pública que tienen privilegios que harán colap­sar en pocos años el sistema actual. Algunos se quejan porque se anali­zará el tema en pleno receso del Con­greso, pero la realidad obliga a encon­trar prontas soluciones a un tema que, si no se reforma ahora, en dos años más hará que la Caja Fiscal ya no tenga fondos y se tenga que pagar las jubila­ciones con el dinero recaudado de los impuestos. Cuando se miran las cifras, se puede ver que no hay otra solución que una reforma urgente y con buenos fundamentos, como la que propone el Gobierno Nacional. La cuestión tiene tal peso en la vida del país que, si no se la aborda ahora, puede tener conse­cuencias muy negativas.

Como se ha afirmado en nuestro diario, la reforma de la Caja Fiscal es un tema de emergencia nacional impostergable. Para entender su urgencia, hay que con­siderar que, si no se realiza la modifi­cación necesaria, dentro de dos años, en 2028, el 100 % del dinero con que se pague a los jubilados del sector fiscal será plata proveniente de los impues­tos del fisco. Lo cual implicará quitar­les fondos a las escuelas públicas, a los hospitales estatales, a los servicios de seguridad y similares para financiar sus gastos habituales.

Si eso ocurriera, la atención en los sec­tores públicos empeorará de manera radical en perjuicio de la mayoría ciu­dadana. La modificación propuesta por el Ejecutivo prevé la eliminación del déficit que sufre en la actualidad. Para conseguir ese objetivo, una de las pri­meras medidas es elevar la edad mínima de jubilación de los involucrados a los 57 años. Esto afectará a los docentes del sector público, los efectivos militares y policiales, que son los únicos emplea­dos del Estado que tienen actualmente el privilegio de jubilarse con 20 años o algo más de servicios y requieren el aporte de otros sectores para recibir sus haberes, debido a la insuficiencia de su contribución.

Por otro lado, con las normas actuales que rigen para los funcionarios públi­cos, a los 62 años pueden conseguir su jubilación ordinaria y a los 65 años su jubilación obligatoria. Por lo tanto, la edad de 57 años que se quiere estable­cer para la jubilación en el futuro de los docentes, policías y militares consti­tuye una situación ventajosa y casi pri­vilegiada, en términos comparativos.

Otra de las medidas que se desea poner en funcionamiento es que el aporte obrero patronal se incremente del 16 % al 19 %. Como empleador, el Estado aportará una contribución del 3 %.

En el reciente informe del Fondo Mone­tario Internacional (FMI) se indica que una de las medidas necesarias que debe adoptar con prontitud el Gobierno Nacional es la reforma profunda del sis­tema de pensiones y jubilaciones de la Caja Fiscal. La postura del organismo internacional obedece principalmente a la posible quiebra financiera estatal que podría ocasionar la actual situación si sigue en el futuro en las actuales condi­ciones deficitarias. Un hecho que puede darse fácilmente y que ciertos sectores quieren desconocer porque descreen del razonamiento lógico de que si se aporta poco y se paga mucho se produce un déficit inevitable y de extraordinarias proporciones.

En las actuales condiciones, lo que corresponde es que todos los secto­res apoyen la rápida aprobación de la reforma de la Caja Fiscal. Porque es la única salida viable para darle remedio a un problema que se dejó estar sin bus­carle soluciones por mucho tiempo.

Uno de los puntos fundamentales es que se le tiene que dar una rápida respuesta para que pueda ser realmente efectiva y se proteja tanto a los jubilados como a la ciudadanía en general. No se puede sostener un sistema que costará muy caro a los servicios estatales de salud, educación, seguridad y emergencias por culpa de un esquema inapropiado y que privilegia a algunos a costa del sacrifi­cio de muchos. Por eso el mencionado proyecto de ley debe ser estudiado con prontitud y patriotismo.