El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera con­junta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secues­tro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y poli­ciales ayudará a dar más fuerza al opera­tivo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.

El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bien­estar de la gente que trabaja y quiere pro­gresar mediante su esfuerzo cotidiano.

Se habló de que el que secuestró al ciuda­dano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de ame­drentar al Gobierno y proponer otra con­ducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públi­cas para eliminar los problemas de seguri­dad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.

El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elemen­tos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras insti­tuciones estatales en las zonas geográfi­cas que están fuera de los departamen­tos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuer­zas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibili­zación del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territo­rio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documen­tos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.

Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que preten­den socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, por­que como país en plena tarea por el creci­miento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamien­tos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciu­dadanía y la seguridad de las personas.

Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violen­cia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes crimi­nales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quie­ren imponer posiciones cuestionables y pos­turas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.

El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de crimi­nales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres huma­nos para aceptar ciertas posiciones ideoló­gicas o políticas.

El que mata, aunque use la ropa o la ban­dera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explica­ción que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposi­ciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.

Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacio­nal contra la delincuencia y la criminali­dad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, destacó el protagonismo de las muje­res que fortalecen la gestión pública. En coincidencia con el Día de la Mujer Paraguaya que se celebra hoy, la ingeniera reflexionó sobre el rol que cum­plen ellas en diferentes ámbi­tos, y cómo funcionarias del Gobierno transforman desa­fíos en oportunidades. “En oficios que tradicionalmente estaban en manos de hombres, las mujeres están tomando un protagonismo importan­tísimo”, señaló a Paraguay TV.

Como un ejemplo mencionó la cartera de Estado que está a su cargo, y que por primera vez está bajo la coordinación de una mujer.

El Viceministerio del Trans-porte también incorpora cada vez más a mujeres conductoras que se suman al manejo de los nuevos buses eléctricos dona-dos por el Gobierno de la Repú-blica de China (Taiwán).

“En la construcción también hay obreras, ingenieras, arqui-tectas. El presidente Peña es un transformador y siempre lo dice: no vengo a adminis-trar lo que tengo, sino vengo a transformar”, puntualizó. Dijo que precisamente parte de ese mensaje de transformación y sobre todo acción en la trans-formación de nuestro país es confiar también ministerios y específicamente el MOPC a una mujer.

“Tengo el compromiso de dejar el espacio y la vara tan alta para que otras vengan, para que se motiven las mujeres, para que sepan que tenemos las condi-ciones”, expresó.

La reforma de la Caja Fiscal de Jubilaciones es una de las tareas de gran relevancia que está enca­rando el Gobierno nacional. Como toca el privilegio de algunos secto­res que no aportan casi nada y se quedan con pagos importantes, existe una fuerte oposición de los mismos para que no cam­bie nada y todo siga igual. Por ello, los edu­cadores amenazan con medidas de fuerza que ponen en duda la continuidad normal del sistema educativo si es que no se llega a un acuerdo.

En caso de que no se tomen las medi­das adecuadas en el sistema jubilatorio, la situación puede llegar a ser insosteni­ble desde el punto de vista financiero. Eso porque va a perjudicar a la ciudadanía, que tendrá que aportar mucha plata a través de nuevos impuestos para financiar el pri­vilegio de algunos sectores de la función pública.

El presidente de la República, Santiago Peña, explicó que tomó la decisión de reformar la Caja Fiscal de Jubilaciones a pesar de las dificultades, porque es una necesidad muy sentida y porque hay que hacerlo para bien del país. Dijo que encaró la decisión que ninguna administración anterior se animó a realizar, por las difi­cultades que implicaban, que será difícil para los trabajadores, porque algunos polí­ticos aprisionan a los ciudadanos por sus intereses.

Hizo hincapié en la necesidad de mirar el futuro a fin de evitar que en pocos años más los ciudadanos tengan que pagar más tribu­tos para solventar el déficit de la Caja Fiscal, que es lo que va a suceder si no se afronta la modificación que prepara el Gobierno.

“Lamento cuando la clase política uti­liza esto para tomar prisioneros, porque muchas veces los paraguayos que no mane­jan toda la información son prisioneros de los políticos y medios de comunicación, de aquellos que tienen interés de corto plazo, pero no tienen esa conciencia del futuro”, manifestó el presidente.

Los docentes, magistrados y los funciona­rios policiales y militares están en contra del cambio que se pretende hacer, porque no quieren que se les saquen los privilegios actuales.

“Yo podría haber privilegiado mi bienes­tar, como lo hicieron muchos presidentes, de no abordar este problema, pero yo tomé la decisión y claro que esto tiene un costo”, explicó el mandatario.

Reconoció que los cambios que se están haciendo serán difíciles para muchos tra­bajadores. Pero agregó que son necesa­rios. “Yo no vine aquí para simplemente ser uno más, yo quiero cambiar la historia del Paraguay”, afirmó para enfatizar que el Gobierno está decidido a la modificación apuntada, a pesar de la presión existente de algunos grupos que no quieren perder sus privilegios, cosa que perjudica a la mayoría ciudadana.

Los análisis técnicos indican que, sin los cambios propuestos por el Gobierno a la Caja Fiscal, el déficit anual sería mayor de 5 billones de guaraníes y pondría en serio peligro la estabilidad financiera del país.

El proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados dispone para docen­tes y magistrados una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años y una tasa de sustitución del 70 %, que puede llegar hasta el 85 %. Se entiende por tasa de sus­titución el porcentaje del último salario del trabajador que recibe como pensión jubilatoria.

En el caso de los empleados de las fuer­zas militares y policiales, se propone una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte y tasas de sustitución del 60 % al 85 %. Para la jubilación extraordinaria, se pone una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años y una tasa de sustitución del 70 %.

Para el promedio se tendrá en cuenta como base los 5 o 10 últimos años de aporte, lo que dependerá de cada caso. Una de las modificaciones importantes que se hizo al proyecto del Ejecutivo es la inclusión de un aporte estatal del 5 %, porcentaje que se irá aplicando de manera gradual, comenzando con un 2 % en 2027 hasta llegar al 5 % en 2030.

El mencionado proyecto de ley está en la actualidad en poder de la Cámara de Sena­dores, luego de la aprobación de Diputados. Se espera que reciba el mismo tratamiento positivo, aunque existen temores bien fun­dados de que los sectores docentes y afines querrían impedirlo.

Las clases del sistema educativo nacional comienzan el lunes 23, como estaba previsto en el calen­dario oficial. Así indicaron fuen­tes del Gobierno y voceros de los gremios docentes que habían amenazado con una huelga para esa fecha. Por consiguiente, más de 1.500.000 alumnos de las escuelas públicas volverán a las aulas, lo que cons­tituye una buena noticia y representa un compromiso con uno de los sectores más tiernos y delicados de la sociedad para­guaya.

Numerosas instituciones educativas del sector privado ya han comenzado su activi­dad académica, con lo que la última semana de febrero la totalidad de los escolares y estudiantes del país estarán en las aulas.

Fuentes del Gobierno indicaron que desde el primer día de clases los chicos de las escuelas públicas tienen asegurada su ali­mentación con la puesta en marcha del programa Hambre Cero en las Escuelas. Más de 7.000 instituciones educativas del Estado de los 263 municipios de todo el territorio nacional alimentarán a sus alumnos desde el primer día de clases, por­que los insumos alimenticios ya están dis­puestos para su utilización en cada local de enseñanza.

Para asegurar la buena marcha del pro­grama, lo ideal es que tanto los funciona­rios de las diversas entidades educativas y los padres de familia colaboren en lo nece­sario. Los ministerios de Educación y de Desarrollo Social están coordinando las tareas necesarias para asegurar que desde el primer día los alumnos reciban los ali­mentos previstos y la atención necesaria.

Este será el segundo año en que la totali­dad de los alumnos de las escuelas públi­cas recibirán la alimentación del programa estatal, con lo que se está garantizando la buena atención prevista por el Gobierno desde el inicio de su gestión. Hambre Cero en las Escuelas es un programa emblemá­tico que ha cambiado la vida de los escola­res, que ahora tienen una mejor nutrición para garantizar su instrucción y que hizo que las instituciones públicas cuenten con mayor cantidad de alumnos.

La posibilidad de la huelga docente por ahora no amenaza el inicio de las clases del lunes venidero, porque los sindicatos esperarán hasta el 25 de marzo, fecha en que la Cámara de Senadores tratará el pro­yecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. Se aguarda que para ese día los sindicatos docentes lleguen a un acuerdo con los legis­ladores para encontrarle una salida con­sensuada a la reforma del sistema jubila­torio.

Uno de los directivos del Sindicato Nacio­nal de Directores (Sinadi) aseguró que se respetará el inicio de clases fijado para el 23 de febrero, por lo que invitó a los padres de familia a enviar sus hijos a las instituciones escolares en esa fecha.

La actitud asumida por los maestros y pro­fesores de respetar el inicio del calenda­rio escolar es muy positiva. Porque ningún tipo de reclamo ni gestión gremial tiene que perjudicar a los alumnos, como ha ocu­rrido en las ocasiones en que pararon las clases. Pues el interés de ningún gremio ni grupo debe estar por encima del derecho de los niños de recibir la instrucción educativa correspondiente.

Es probable que si la reforma de la Caja Fiscal que se estudiará en el Senado no res­ponde a los deseos de los gremios de educa­dores, los sindicalistas quieran recurrir al paro. Ese es el temor que existe teniendo en cuenta lo ocurrido en ocasiones anteriores. Por eso se debe trabajar para institucio­nalizar el diálogo con los sindicatos de los docentes a fin de que las diferencias se pue­dan dirimir sin castigar a los niños.

Los representantes sindicales deben entender que su principal obligación como maestros es tener conciencia de que no deben actuar contra el derecho de los chi­cos, cuya instrucción y educación se ha puesto en sus manos con confianza. Deben comprender que la mejor actitud pedagó­gica es actuar respetando los derechos de sus alumnos.

Los errores cometidos en esa materia con anterioridad representan una importante lección para no volver a ese tipo de equivo­caciones. Porque si para algo sirven las caí­das es para tratar de no volver a caer.

Con relación a la reforma de la Caja Fiscal de Jubilaciones, los docentes deben saber que no se modificarán los desembolsos de la gente que ya está jubilada y que los ajustes que se están proponiendo son para garanti­zar que en el futuro haya suficientes fondos para cumplir debidamente con los pagos.