La pesada carga que arrastra hoy la Caja Fiscal, con un inconcebible déficit que está provocando una grave sangría al Tesoro, es un asunto que han heredado los distintos gobiernos en los últimos 20 años.
Pese a que la pérdida fue creciendo ningún gobierno ha querido tomar al toro por las astas, hasta la llegada de esta administración.
Embarcado en un proceso de fuertes reformas a nivel estatal, el gobierno de Santiago Peña se ha concentrado en apagar aquellos incendios que representan un Estado y una burocracia gigantescos y supo llevar adelante estos cambios y transformaciones que se requieren para que una administración funcione adecuadamente.
Desde cambios representativos como el nombre Hacienda a Economía y Finanzas, la absorción de secretarías y viceministerios, o la conjunción de organismos clave como Aduanas e impuestos internos, han llevado a este gobierno no solo a ser más eficiente y ordenado sino a recaudar más.
Estas transformaciones eran impostergables. Toda gestión que persiga el fin de servir mejor a los ciudadanos y al país no podía postergar aún más esa visión de un Estado eficiente. Conseguidos estos logros, había otros desafíos a los cuales paulatinamente fueron arrimándose en el horizonte de la administración Peña.
La creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones era el escenario ideal para poner en el tapete el ámbito previsional y es dentro de este campo que ahora el Gobierno va por su iniciativa más desafiante: la reforma de la Caja Fiscal.
Al presentar el proyecto al expirar el 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacía hincapié en la urgencia de debatir en todos los ámbitos y la necesidad de tomar decisiones que ya no se pueden postergar.
Los números son alarmantes. Durante la presentación del informe, la gerente de Desarrollo Económico de la cartera económica, Liz Coronel, señaló en detalles aquellos sectores que más contribuyeron al déficit de USD 380 millones en 2025: Fuerzas Públicas, con USD 210 millones —financiados íntegramente con recursos provenientes de impuestos—, y el Magisterio Nacional, con aproximadamente USD 174 millones, cubiertos mediante los recursos acumulados por otros sectores superavitarios del programa civil.
De seguir a este ritmo, para 2028 aproximadamente el Tesoro tendrá que echar manos a sus recursos para poder calzar ese desequilibrio. Las alternativas que se barajan y que fueron lanzadas más como palabrería que como propuestas son bastante antojadizas. Algunos dirigentes gremiales del sector docente proponen que el Estado ponga 14 % de aporte, en lugar del 3 % que actualmente está en la propuesta del proyecto.
Esta propuesta, de que el Estado asuma ese aporte de dos dígitos, terminará significando una salida más perjudicial que una ayuda, ya que supondrá tener que aumentar el IVA del 10 % al 14 %; es decir, todos los paraguayos pagarán más en impuestos para cubrir el déficit de la Caja Fiscal.
Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, que en todo momento apela a la cordura y a la discusión seria, en base a aspectos técnicos y no a falacias, fue claro al señalar que el Gobierno está abierto a una discusión razonable, a introducir cambios al citado proyecto, toda vez que estas propuestas consideren el aspecto más importante de la reforma: la sostenibilidad de la Caja Fiscal.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado fue contundente: “no habrá aumentos de impuestos”, y de esta manera cerró toda discusión sobre este planteamiento para cubrir el saldo negativo de la Caja Fiscal.
Fernández Valdovinos fue categórico al indicar que el camino más viable es la reforma de un esquema que hoy provoca una enorme sangría financiera al Estado.
En este contexto, el proyecto que pretende introducir los cambios a la Caja Fiscal contempla el establecimiento de una edad mínima de acceso a la jubilación para los sectores del Magisterio Nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares; una regla de acceso gradual a partir de los 57 años de edad; y un esquema de aporte obrero-patronal del 22 %, compuesto por un 19 % a cargo del trabajador y un 3 % del Estado.
También se contemplan tablas de sustitución que incentivan un mayor aporte y permanencia en el sistema, con tasas que inician en 78 % y pueden llegar al 100 % para los sectores del Magisterio Nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, y de 50 % a 100 % para policías y militares.
También establece una base de cálculo homogénea, tomando como referencia el promedio de los últimos cinco años de aporte, y un mecanismo uniforme de actualización de haberes jubilatorios para todos los sectores, basado en la variación anual del salario mínimo legal vigente.
Estas son propuestas razonables y serias, pero que también están sujetas a propuestas responsables, no a caprichos o a falacias, ni a subas de impuestos. La discusión debe concentrarse en lograr el mayor consenso posible en torno a esta ley que es urgente legislarlo, para no dejar que otros programas sociales –como Hambre Cero o salud– corran el riesgo de desfinanciarse para cubrir el saldo negativo de la caja. El país no se lo merece.