La actual situación de las cajas fis­cales referidas al sistema de jubi­laciones y pensiones del sector público de nuestro país muestra una tendencia hacia su absoluta e inexora­ble quiebra.

Conformada por seis específicos sectores, la caja que aglutina a jubilados y pensiona­dos no podrá soportar un año más de fun­cionamiento, excepto si se sigue como ya ocurre, solventándola a través de impues­tos que, solo el año pasado, llegó a trescien­tos ochenta millones de dólares (USD 380 millones). Esto es muy grave, sobre todo una injusticia perpetrada contra el pueblo paraguayo que financia con el pago de sus impuestos el mantenimiento de un sistema oprobioso como lo es el modelo de jubila­ción en el sector.

De las siguientes cajas fiscales: funcio­narios públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, únicamente la primera de ellas es superavitaria en el orden de 8 por ciento. Las demás y respectivamente están en défi­cit: 26 por ciento; 24; -76; 63 y 51 por ciento, esto es, se está ante una bomba cuya mecha se prendió.

Más grave aún, esa bomba financiera no solo estallará sobre los jubilados, sino también sobre la ciudadanía toda y hará tambalear la economía del país, trayendo consigo una serie de problemas sociales que otros paí­ses sufrieron y mucho por el mismo motivo y que aquí en el nuestro de ninguna manera hay necesidad de que también ocurra, como cruzándose los brazos sin hacer nada.

Por tales motivos, coherentes con el respeto a la ciudadanía y con valentía por parte del Gobierno dado que quizás otras autorida­des hubieran diferido la reforma de la Caja Fiscal “pateando la pelota para adelante”, en este caso fue el mismo Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Peña el que elevó a consideración del Congreso el pro­yecto de ley “Que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pen­siones del sector público”.

Hay que iniciar esta reforma. No hay otro modo, siendo el primer paso para luego rea­lizar otros cambios. Pero hay que empezar sin demoras. Lo cierto y concreto es que pocas cosas pueden ser tan injustas como lo que está sucediendo con las cajas fiscales de nuestro país que contiene a personas que merecen lo mejor; pero no a expensas del trabajo de los demás como algunos secto­res proponen oponiéndose sin argumentos serios al proyecto de ley remitido por el Eje­cutivo al Congreso.

El hecho es incuestionable. Unos pagan por otros o lo que es lo mismo decir, la ciudada­nía en este momento paga sus tributos para que las cajas fiscales sigan funcionando aumentando sus déficits sin control alguno que conllevan a la quiebra. Esto no tiene sentido alguno, ni de justicia ni de buena administración.

Ninguna persona debería estar pagando por la jubilación de otra a través de la vía coercitiva impositiva porque el haber jubi­latorio se relaciona con el pago previo del aportante en situación de vida labo­ral activa para luego percibir un fondo con acuerdo a lo previamente aportado. El financiamiento que ahora se hace a través de los impuestos es insostenible, debe ter­minar, como en efecto lo vienen diciendo tanto el primer mandatario, Santiago Peña, como su ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Es por ello que llama la atención que los que deberían ser los más interesados en cobrar en tiempo y forma sus haberes, ahora que el Gobierno pretende evitar el colapso de las cajas de las que dependen sus haberes y sabiendo de los problemas que ya tienen, se opongan porque supuestamente tienen otros modelos de corrección del problema y que se refiere a aumentar únicamente los aportes estatales vía impuestos, mante­niendo la edad de jubilación y aportes actua­les. Esto es un despropósito y en verdad una gran injusticia por donde se lo mire.

Se debe aumentar la edad de contribución estableciendo para todos los aportantes un mínimo. Igualmente, los aportes deben ajustarse de modo a que exista correlación matemática recíproca en relación con los haberes jubilatorios a cobrarse. Esto es lo correcto y justo.

El colapso del sistema de las cajas fiscales llevó a otros países al descontrol de la infla­ción y a déficits crónicos. De no tomarse las medidas pertinentes tal como propone el proyecto del Ejecutivo, el costo será muy alto y no solo para los jubilados, sino tam­bién para los funcionarios que hoy están aportando e igualmente para la ciudadanía en general no relacionada a estas cajas de jubilaciones que inexorablemente termi­narán pagando cada vez más impuestos. La reforma de la Caja Fiscal es impostergable y de justicia.