La larga hegemonía de una dictadura –la del general Alfredo Stroessner–, que sofocó nuestras libertades hasta los límites de la asfixia colectiva, pervirtió conceptos y bastardeó el sentido de las instituciones.

Se engendró una nefasta trilogía con hombres y mujeres débiles de carácter y de inconsistentes convicciones, que sirvió de base para que este siniestro régimen se sostuviera en el poder por 35 años: Gobierno-Partido (Colorado) y Fuerzas Armadas.

Al desaparecer las líneas divisorias, incluso, entre las funciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), bajo el peso de un liderazgo autocrático y sombrío, la única ley que se cumplía a rajatabla, o sea, sin discusión posible, era la voluntad del amo.

Durante toda la transición democrática esta situación no había cambiado mucho, especialmente en la estrecha relación entre la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana y la Presidencia de la República. La autoridad ejecutiva de este partido estaba prácticamente subordinada al mandatario de turno.

Hasta que apareció el doctor Luis María Argaña, quien no solo fue el contrapeso ideológico del jefe de Estado, impidiendo la privatización a precios de remate de las empresas públicas, sino que trajo claridad en cuanto a los roles de cada institución. “Doctrinariamente –decía– el partido no es el Gobierno y el Gobierno no es el partido; por tanto, el que llega al poder de las manos del coloradismo no lo hace con un cheque en blanco”, por lo que se reservaba el derecho a la crítica ante cualquier intento de desviacionismo programático.

El asesinato de Argaña, durante su ejercicio de la vicepresidencia de la República, aceleró el enfrentamiento entre ambas entidades, que concluyó con la renuncia de quien se desempeñaba en la primera magistratura de la nación.

Luego volvió la inercia del pasado, a partir de liderazgos insulsos que continuaron con el obsceno maridaje entre el Partido Colorado y el Poder Ejecutivo, al grado de un sometimiento abyecto y desvergonzado. A la senadora Lilian Samaniego le tocó la presidencia de la Junta de Gobierno en tiempos en que la ANR conoce el sabor amargo de la derrota electoral, por primera vez desde 1928. En 2008, el exobispo de San Pedro Fernando Lugo le ganó a la candidata oficialista (presidencia de Nicanor Duarte Frutos), Blanca Ovelar, hoy ocupando una banca en la Cámara de Senadores.

Al actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, le tocó la dirección partidaria a partir de 2016, en los últimos dos años del mandato de Horacio Cartes y todo el periodo de Mario Abdo Benítez, subrayando constantemente aquella línea divisoria marcada por Argaña y profundizando los rasgos identitarios del viejo partido nacional republicano. Desde 2023, Horacio Cartes es el titular de la Junta de Gobierno de la ANR.

No se involucró en la gestión de su delfín Santiago Peña. La libertad con que actuó el presidente de la República para armar su gabinete fue el primer acto de respeto hacia su investidura de parte de Cartes, desalojando el malicioso rumor de que los ministros iban a ser nombrados desde el local partidario. Nada de eso ocurrió. Tampoco los propaladores de tales embustes tuvieron la dignidad de reconocer su error.

Sin embargo, esa línea demarcatoria que venimos mencionando no exime de las críticas, tal como lo hizo Cartes en la última plenaria del movimiento Honor Colorado, donde le reclamó a Peña la necesidad de acercarse más al partido, lo que podría interpretarse como una mayor y mejor atención a la dirigencia de base, que históricamente se ha convertido en gestora social de su comunidad. Salvo, naturalmente, las deplorables excepciones de los que solo piensan en sus bolsillos y no en la gente. Los oráculos del viento leyeron lo que quisieron.

Porque lo que tratan de instalar es que Santiago Peña no tiene autonomía para tomar decisiones, lo cual constituye una evidente falsedad que puede verificarse con las medidas adoptadas desde su gobierno sin pronunciamiento alguno del Partido Colorado.

La segunda calificadora internacional de riesgos, que también concedió a nuestro país el grado de inversión, destacó el papel de la ANR en la construcción de una previsibilidad normativa, con un fuerte liderazgo en el Congreso de la Nación para llevar adelante una ordenada agenda de reformas que, a su vez, consoliden la gobernabilidad y la paz social.

La Asociación Nacional Republicana mantiene una política proactiva que se expresa con mayor visibilidad en el Poder Legislativo, donde no se retacea apoyo a los proyectos del Ejecutivo que apunten a la consecución del bienestar colectivo para toda la sociedad, sin exclusión alguna.

Y eso, el buen ciudadano lo percibe con claridad. También, como hemos visto, se aprecia en el extranjero, menos, por supuesto, por los enceguecidos fanáticos de la oposición, incluyendo a la disidencia colorada que hoy reclama lo que no hizo estando en el poder.