Las numerosas empresas públicas, que prestan diferentes tipos de servicios a la ciudadanía, no siem­pre han sido un ejemplo de buen trabajo y eficiente administración econó­mica y financiera. En el pasado varias enti­dades se han caracterizado por pésimos manejos, trabajando a pérdida y ocasio­nando dificultades al Estado con sus défi­cits económicos, aunque algunos pocos se distinguieron por su buen desempeño.

Como este tipo de entidades no tienen la exigencia que es habitual en las empresas privadas que deben competir con otras y generar utilidades, muchas se han dejado llevar por la inercia y las presiones de algu­nos sectores políticos interesados solo en colocar su gente y no en el buen servicio y la competencia. Era habitual poner al frente de esos entes a personas con fuerte peso partidario antes que a individuos con capa­cidad técnica y administrativa. Por eso, por mucho tiempo, en nuestro país hablar de empresa pública era referirse a la ineficien­cia y a la corrupción, porque eran entidades que solo se manejaban por los intereses de algunos sectores que perseguían objetivos diferentes al bien común.

Ese trastorno tan corriente en las socie­dades estatales se está acabando para dar lugar a las entidades competentes y que tienen como objetivo servir a la ciuda­danía con eficiencia. Por eso el Gobierno está insistiendo fuertemente en moderni­zar las empresas públicas y hacer que los servicios mejoren ostensiblemente en su calidad, con entidades más eficaces y bien administradas.

El lunes último, el presidente Santiago Peña convocó al Consejo Nacional de Empre­sas Públicas (CNEP) para dar directivas de trabajo y hacer que las entidades estata­les crezcan en eficiencia y competitividad. Para ello dispuso la creación de una mesa de trabajo que se encargará de coordinar los planes, afinar las estrategias y mejorar las acciones entre las numerosas sociedades que dependen del Estado.

De acuerdo con la versión de voceros guber­namentales, la medida busca fortalecer ins­titucionalmente a estas entidades y asegu­rar que brinden servicios más eficientes y sostenibles a la ciudadanía, en un contexto en el que la calidad y la capacidad del sector público son claves para la competitividad económica del país.

La directiva del presidente de la Repú­blica fue clara y contundente: las empresas públicas deben trabajar de manera articu­lada y con mayor intensidad para mejorar su desempeño operativo y financiero. No hay otra alternativa que ser eficientes lle­vando a cabo la tarea que corresponde, en coordinación con las diversas entidades estatales, con objetivos bien claros, como ser más eficaces en el campo de sus activi­dades y en el manejo de las finanzas.

El propósito del mandatario, como parte de los ejes importantes de su administra­ción, es modernizar las entidades del sector público mediante el robustecimiento de su capacidad de gestión y su impacto en la eco­nomía del país. El Gobierno no tiene pen­sado privatizar ninguna entidad estatal, según las aclaraciones, por lo que insiste en la mayor efectividad de las empresas públi­cas. Y para ello procura mejores manejos instando a los administradores a ser más competentes.

El propósito del Gobierno es enviar una señal de estabilidad en un momento en que la provisión de servicios públicos de gran importancia presenta algunas dificulta­des. Esto sobre todo en el campo del servi­cio de agua potable, de transporte público y de telecomunicaciones cuya influencia es muy fuerte en los costos de producción y en la competitividad general del país, según fuentes del sector público. La reciente acción de la Ande cortando el servicio de energía a la productora de agua potable ha dado que pensar, porque ninguna entidad pública que tiene ingresos por sus servicios debería dejar de pagar la cuenta por su con­sumo.

Entre las sociedades estatales sobresale níti­damente la Ande que, por su movimiento comercial de gran relevancia, sigue siendo el mayor contribuyente del Estado, pues por otro año consecutivo es la entidad que más impuestos abona al fisco. En 2024, ha sido el contribuyente que más ha pagado a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en concepto de tributos varios.

La eficiencia de algunas empresas del Estado es un ejemplo a seguir para otras que se encuentran con déficit económico y cuyo desempeño el Gobierno desea que mejore, que fue una de las directivas expresadas por la máxima autoridad del Ejecutivo en la reciente sesión de autoridades de entes públicos, a la que se debe dar cumplimiento.