La creación de nuevos puestos de trabajo legales es una de las nece­sidades más significativas del país, porque garantiza a las personas algunos derechos fundamentales, y así pue­den llevar una existencia digna en lo econó­mico, social y legal.

Se ha señalado que es muy importante el crecimiento de la economía que está teniendo el país. Y esa importancia sube de grado cuando el alza de la producción hace que aumente la cantidad de personas con trabajo. Sobre todo si esos individuos tie­nen los ingresos que establecen las normas y se ven amparados por la protección sani­taria y jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS).

Teniendo en cuenta eso el presidente de la República, Santiago Peña, destacó como uno de los importantes hechos acaecidos durante su gobierno la creación de gran cantidad de empleos formales para miles de personas. El viernes pasado apuntó que en los dos años que lleva su gestión se han creado gran número de puestos de trabajo, ocupados por personas que están labo­rando en la legalidad.

El mandatario resaltó el hecho de la siguiente manera: “Son 111.000 nuevos trabajadores que están registrados en el IPS, y eso es más que los 105.000 que se generaron en los cinco años anteriores del gobierno pasado”.

La comparación realizada no es un sim­ple parangón de cifras para apuntar que en menos tiempo se ha logrado un mayor número de trabajadores legales que en el gobierno anterior.

Es la constatación de un hecho de tras­cendencia: si hay más empleados legales, es porque se tomaron las medidas para que muchos que estaban en la clandesti­nidad pasen al imperio de la ley. Se realizó un fuerte trabajo para hacer que muchas empresas abandonen la irregularidad y pasen a la economía limpia, tarea en la que ayudó grandemente la campaña de forma­lización que está realizando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en el campo impositivo.

Manifestó el primer mandatario que actualmente existen 818.000 trabajado­res que están en el régimen del IPS, lo que calificó de una cifra sin precedentes en la historia de nuestro país. Sobre todo, por­que es la primera vez que el número de empleados que están dentro del sistema de seguridad social supera el índice del 40 %, que sería el porcentaje de los individuos que tiene alguna ocupación laboral.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que en el tercer trimestre de este año 146.304 personas consiguieron tra­bajo, legales y no. La cantidad de indivi­duos con ocupación es de 3.224.057, el 69,4 % de la población de 15 y más años de edad. El organismo estatal señaló que, con relación a las cifras de similar período de 2024, la tasa de ocupación registró un aumento de 2,3 puntos porcentuales.

Teniendo en cuenta que una de las prin­cipales metas de la gestión de cualquier administración estatal es que la gente mejore en su calidad de vida, lo que se ha logrado hasta ahora en materia de inscrip­ción de empleados en el IPS es de suma importancia para nuestra sociedad. Por­que la cantidad de trabajadores que están realizando su tarea sin el amparo de las normas laborales es de muy alto nivel. Son cifras que, desde el punto de vista legal y humano, constituyen una deficiencia que se viene arrastrando desde hace varias décadas y que no ha preocupado tanto a algunos gobiernos del pasado. Como el anterior, en que la suma de trabajado­res que ingresaron al amparo de la ley a lo largo de sus cinco años de gestión es infe­rior en 5 % al que se ha podido obtener durante los dos años de la administración del presidente Santiago Peña.

Lo que se pudo obtener hasta ahora es gra­tificante y demuestra la importancia del trabajo realizado. Pero no se debe olvidar que debido a que la cantidad de personas que desarrollan su actividad laboral fuera de las leyes es muy grande, la normaliza­ción de su situación legal constituye uno de los mayores desafíos.

Observando lo que en dos años la adminis­tración actual ha podido alcanzar en mate­ria de legalización del empleo, se puede esperar que irá avanzando con más logros en el futuro. Y para ello requiere el aporte del sector privado, cuyas organizacio­nes gremiales deben ayudar para que las empresas y patronales que no cumplen la ley vayan normalizando su situación.