La democracia es, entre otras cosas, la expresión directa, sin atajos ni intermediarios, de los diferentes puntos de vista y pretensiones electorales. Y sus conflictos se resuelven por los mecanismos institucionales creados para juzgar y salvaguardar las supremacías políticas coyunturales. Que no es sino la voluntad soberana de la ciudadanía de decidir quién o quiénes van a representarlos en las diferentes jerarquías del poder público bien definidas por nuestra Constitución Nacional: Presidencia y Vicepresidencia de la República, senadurías y diputaciones, gobernaciones y juntas departamentales e intendencias y juntas municipales. Aunque muchos conocen –o deberían, al menos– estas reglas básicas de nuestro sistema político, justificamos nuestra repetición entendiéndola como un necesario proceso de retroalimentación, porque algunos parecieran olvidarlas, cegados por la obsesión de imponer a sus candidatos o propuestas sin más argumentos que sus inclinaciones ideológicas.
En este inapelable fallo de autoritarismo, los proyectos que contradigan las ambiciones particulares o sectoriales pasan a convertirse automáticamente en “enemigos” de la unidad y “funcionales” a los propósitos del Partido Colorado de mantener su hegemonía dirigiendo los destinos de la República. Aquí queda demostrado que los defectos, errores y actitudes de intransigencia que los opositores han venido denunciando en los últimos años, atribuyéndolos con exclusividad al partido gobernante, en realidad están enquistados, y en estado de gravedad, en sus propias filas.
El experimento fallido de la cohabitación ideológica que consagró a Fernando Lugo a la Presidencia de la República, apoyado por la estructura de un partido orgánico, como lo es el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), representó un grave perjuicio a la institucionalidad democrática. Las disputas verbales entre los ministros del Poder Ejecutivo superaban los límites de las paredes del Palacio de Gobierno y de Mburuvicha Róga, para instalarse en los pasillos de los medios de comunicación para, posteriormente, alcanzar niveles de catastróficos títulos de tapa. No podían congeniar las visiones económicas de los liberales ortodoxos con los de una izquierda variopinta ante un irresoluto Fernando Lugo, quien cumplía con su propia descripción: poncho juru, o sea, siempre en el medio, sin tomar determinaciones que puedan poner fin a los conflictos y disputas por el poder.
Sin embargo, cuando Lugo se percató de que algunos de sus hombres fuertes estaban ya planeando un proyecto presidencialista sin su participación, decidió destituirlos de sus cargos: a Rafael Filizzola, del Ministerio del Interior, y a Efraín Alegre, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Quien fuera secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Miguel Ángel López Perito, se tomaba atribuciones de interpelar al vicepresidente, Federico Franco. Así que, cuando se incoó el proceso de destitución por la vía del juicio político, sus aliados de ayer –los liberales– votaron con rabia y excitación. De esta manera, el 22 de junio de 2012, los liberales retornan al poder, por casi catorce meses, después de 72 años, cuando jura Federico Franco como titular del Poder Ejecutivo.
Volvamos a la actualidad. Debemos admitir que nos equivocamos cuando afirmábamos con la certeza de los hechos previsibles que será difícil la unidad opositora de cara a las elecciones generales de 2028. Nos equivocamos, insistimos, porque ya empezaron las desavenencias apenas tres días después de que el movimiento Yo Creo, liderado por Miguel Prieto, ganara la intendencia de Ciudad del Este, imponiendo –por la vía de las urnas– a su elegido, Daniel Pereira Mujica. Sus más fanáticos apologistas que ambicionan llevarlo al Palacio de López hoy lo critican porque, desde Ciudad del Este, asumiendo ya poses de líder nacional, decidió apoyar la candidatura de Johanna Ortega para la comuna de Asunción, una referente visible del sector de la izquierda paraguaya.
Al parecer, pretenden que la actual diputada por el Partido País Solidario (PPS) desista de sus aspiraciones a favor de Soledad Núñez, lanzada por el ala conservadora de la política nacional, como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Partido Patria Querida (PPQ) y el Partido Democrático Progresista (PDP), este último un aliado incondicional del gobierno más corrupto de la transición democrática, el de Mario Abdo Benítez.
Lo concreto es que, ni a nivel nacional ni a nivel regional o local, nadie piensa en el bienestar de la gente, sino que, como ha ocurrido a lo largo de los últimos 36 años, la idea central es la unidad con el único objetivo de derrotar al Partido Colorado, sin más programas ni estrategias que ese único fin. Y el electorado percibe claramente esa realidad. Asunción es la primera prueba que deberán sortear de cara al 2028, pero deben hacerlo por los caminos de la democracia y no desde la descalificación autoritaria al adversario. De yapa, del mismo sector de la oposición.

