En la semana que acaba hoy, el gobierno del presidente Santiago Peña ha enfrentado diversos reclamos sobre las deudas que el Estado tiene con diversos ámbitos, atrasos que tienen una explicación administrativa y una lógica contable. No por falta de recursos o de alguna animadversión hacia tal o cual sector.
Las deudas que hoy enfrenta el Estado paraguayo no surgieron de la noche a la mañana ni se produjeron por generación espontánea. Una parte significativa de estas deudas surge de manera directa de la desastrosa gestión del gobierno anterior, cuya administración dejó un entramado de compromisos impagos, desorden presupuestario, licitando obras que no tenían un sustento presupuestario y obligaciones que nunca fueron debidamente contempladas en los planes financieros. Ese pasivo arrastrado obligó al actual Gobierno a asumir pagos que no estaban previstos, utilizando recursos que debieron destinarse a otras áreas estratégicas.
Se mencionan por ejemplo los compromisos con las empresas vialeras o constructoras, así como con proveedores farmacéuticos, deudas que superaban los 600 millones de dólares, que las autoridades financieras del gobierno de Santiago Peña tuvieron que afrontar.
Durante los primeros meses de la nueva administración, y gracias a un manejo responsable de los recursos, además de una reingeniería estructural para obtener y cuidar los recursos fiscales, gran parte del esfuerzo se concentró justamente en ordenar ese caos. Se honraron deudas ocultas o insuficientemente registradas, con orden administrativo, con responsabilidad financiera y un genuino compromiso de no abonar de más con base en lo disponible; esa fue siempre la posición de las autoridades económicas encabezadas por Carlos Fernández Valdovinos.
El resultado fue que, al cumplir con esos nefastos compromisos heredados, comenzaron a acumularse nuevas obligaciones con empresas vialeras, proveedores farmacéuticos y distintos sectores que dependen del flujo financiero (y sobre todo regular) del Tesoro.
A este panorama, en el que están en discusión los plazos para poder cumplir con las vialeras y farmacéuticas, esta semana también se se sumó un reclamo de las empresas que proveen alimento escolar en el marco del programa Hambre Cero, que requiere un financiamiento sostenido.
Su implementación demanda recursos que, en condiciones normales, llámese no haber heredado un pesado pasivo, el Estado podría cubrir sin mayores sobresaltos; sin embargo, hoy el Tesoro se ve condicionado por el peso de la herencia recibida. Aun así, el Gobierno afirma que honrará cada una de las deudas, tanto las heredadas como las recientes, y que ninguna quedará sin ser atendida, esa fue la voz firme y determinante que dieron el propio presidente de la República –cuando fue consultado– y el titular de Economía y Finanzas.
El mensaje oficial que se desprende desde los mas altos responsables es claro: se está trabajando para normalizar los pagos, ordenar la ejecución presupuestaria y dar previsibilidad a los sectores afectados. Las deudas con vialeras, las obligaciones con farmacéuticas y los compromisos vinculados al Hambre Cero forman parte de un mismo objetivo: regularizar definitivamente las cuentas del Estado para evitar que el país siga arrastrando las consecuencias de administraciones improvisadas e irresponsables, como indudablemente fue la de Mario Abdo Benítez, pese a que hubo “quejas” precisamente por apuntar estos desaciertos financieros, como ocurrió esta misma semana con un exministro que cuestionó el reclamo por los manejos desastrosos. Inverosímil, pero cierto.
La situación actual es la suma de un pasado reciente desordenado, de una administración que en nada priorizó la rectitud de su contabilidad, y un presente que busca corregirlo, una gestión –esta sí responsable– que apunta a saldar los compromisos como puede.
El Gobierno asume que el desafío es grande, uno que ronda los 800 millones de dólares, que habrá forma de cubrirlo (y de hecho se está cubriendo con las vialeras, con las farmacéuticas hay también un plan de pago) y que garantiza que todas las deudas serán pagadas.
El compromiso del equipo que lidera Fernández Valdovinos es cerrar este capítulo y afianzar la estabilidad financiera que permita mirar hacia adelante sin cargas ocultas ni sorpresas presupuestarias como las que dejaron los anteriores administradores.