Desde el primer día de su mandato habíamos recomendado al presidente Santiago Peña la urgente necesidad de realizar una rigurosa y exhaustiva auditoría en todos los organismos que caen bajo la jurisdicción legal y competencia administrativa del Poder Ejecutivo: ministerios, secretarías, entes autónomos, autárquicos y descentralizados del Estado, como así también de las dos entidades binacionales que tiene nuestro país en condominio: Itaipú, con Brasil, y Yacyretá, con Argentina.

Lanzamos este consejo acompañado de la advertencia de lo que podría ocurrir en el futuro próximo, atendiendo a la experiencia que hemos recogido durante toda la transición democrática, observando cuidadosamente el comportamiento político desde nuestro puesto de escudriñador de la realidad, en el centro justo del periodismo.

Varias lecciones hemos recibido a lo largo de estos años respecto al poco o nulo interés que suelen demostrar las nuevas autoridades en torno al manejo de los recursos del Estado en el periodo anterior.

La más importante es que, si los comprobados actos de corrupción quedasen impunes, habría una abierta invitación a reincidir en tales delitos. Y lo segundo, tal como lo señalamos en editoriales de hace más de dos años, quienes abusaron de su poder para enriquecerse a costa del Estado o fueron cómplices directos de la malversación y/o despilfarro de recursos del Tesoro volverán a la palestra política para dictar cátedras sobre ética, moral y honestidad pública.

En estos momentos está ocurriendo exactamente como habíamos anunciado que pasaría después: los ladrones del erario público están exhibiendo un cinismo increíble, que ya ha superado todos los límites del asombro ciudadano.

La hipocresía está en el podio del descaro, que aumenta de proporciones con la contribución de aquellas cadenas mediáticas que fueron –y siguen siendo– aliadas del mandatario probablemente más corrupto de los últimos 35 años: Mario Abdo Benítez (2018-2023). Y su brazo ejecutor para aprovecharse del cargo y aumentar su patrimonio de manera ilícita fue el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens.

Ambos, actualmente, pontifican sobre transparencia y denuncian supuestas corrupciones, cuando que en sus tiempos de ejercicio del poder dejaron morir a cerca de 20.000 paraguayos durante la pandemia provocada por el covid-19.

Y todo por la angurria de engordar sus bolsillos, mientras que en los hospitales faltaban medicamentos, insumos, camas de terapia intensiva y hasta oxígeno, creando un cuadro dantesco de pacientes que fallecían en el suelo de los pasillos de los nosocomios.

Cuando Abdo Benítez era presidente y Wiens su ministro de Obras Públicas se construyeron, según sus propias declaraciones, más kilómetros de rutas que en toda la historia de los anteriores y sucesivos gobiernos. Aunque nadie, hasta hoy, se dispuso a investigar si esas cifras son reales y correctas.

Lo único real es que las privilegiadas constructoras vialeras que ganaban todas las licitaciones compraban el asfalto con exclusividad de la empresa del exmandatario. Cuando un alto funcionario denunció que uno de los parientes políticos del que fuera jefe de Estado estaba permanentemente detrás de una licitación, no encontró mejor solución que echar al funcionario que había sido leal a su conciencia y al Estado, pero “infiel” para los atracadores de los recursos públicos.

¿Y la pasarela de oro, mal hecha, inútil y sobrefacturada? Esas son las explicaciones que le deben al pueblo estos dos personajes que hoy pretenden presentarse en sociedad con el manto blanco de los impolutos, cuando que tienen la túnica completamente manchada de corrupción.

Corrupción que hemos denunciado en su momento con documentos y evidencias fidedignas que respaldaban fehacientemente el resultado de nuestras investigaciones.

Pero vayamos directamente al expastor evangélico Arnoldo Wiens, quien, en un acto de herejía, abandonó su apostolado –que, por lo visto, nunca fue por convicción– para involucrarse en política.

Si hubiera venido para limpiar los escombros y desechar las viejas prácticas de la actividad partidaria (se afilió a la Asociación Nacional Republicana), habría sido un gesto digno de aplaudir y emular. Pero no, pues se alió con la peor escoria del coloradismo: los herederos bastardos e impunes de la dictadura del general Alfredo Stroessner.

Y no se diga que los descendientes no tienen la responsabilidad de las atrocidades y perversiones cometidas por sus padres, porque el propio Marito –antes, durante y después de su mandato– se pasó reivindicando a quien durante 35 años sometió al Paraguay a las más cruentas y despiadadas brutalidades. Una persona de esa calaña debería –al menos– inhibirse hasta del derecho a criticar al adversario.

Lo dicho al principio: es hora de iniciar o concluir –si ya están en curso– las distintas auditorías en todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo que fueron administradas por el gobierno anterior. El mejor legado de honestidad e integridad que puede dejar Santiago Peña para la posteridad es que los graves crímenes contra el Estado jamás queden impunes. Será justicia.