En el Capítulo II De la Libertad de nuestra Constitución Nacio­nal en su artículo 32 se garan­tiza la libertad de reunión y manifestación. Ahí se establece que toda persona tiene derecho a reunirse y mani­festarse sin armas y con fines lícitos.

Nuestra ley fundamental es contundente. Las personas pueden reunirse y marchar para peticionar a las autoridades, con la condición de preservar el derecho de los demás sin portar armas.

Al respecto, días atrás en una manifesta­ción llevada a cabo por la llamada Gene­ración Z, que abarca a lo que tienen entre 13 y 28 años; sin embargo, se registraron incidentes violentos que pueden ser mejor comprendidos desde lo siguiente.

Primero, la manifestación no representó los sueños ni deseos de esa generación que se muestra proclive al estudio y al trabajo y no a violentar a otros. Segundo, una parte de los manifestantes utiliza­ron la violencia contra las fuerzas del orden, situación aprovechada por algunos medios para hacer ver a los policías como los malos, lo que no es así.

Tercero, la consigna consistió en cambiar al gobierno. Recordemos que no se habló ni se pidió juicio político o adelantar las elecciones. Se pidió cambiar al gobierno o lo que se parece demasiado a un golpe de Estado. Y cuarto, que el gobierno actual está lejos de la gente, dado que no tiene políticas sociales hacia los sectores “populares”.

Esta serie de consideraciones pueden ser tomadas en cuenta, si no fuera porque los manifestantes optaron por el uso de la violencia. No tenían ideas ni propuestas, al menos en el sentido que la democracia exige.

Pero, como nuestro objetivo como medio periodístico también es promover la educación cívica, consideramos que la respuesta que seguidamente desarro­llaremos contiene elementos para inter­cambiar ideas y hasta de disentir, pero, sin necesidad de por ello tener que violen­tar al que no está con lo que decimos. Pen­sar diferente es bueno porque nos acerca a la verdad, de una u otra manera.

Sin embargo, los manifestantes agluti­nados en el centro de la capital no fueron precisamente a marchar y expresar sus ideas contrarias al gobierno. Fueron para agredir con armas y objetos contunden­tes. Insistimos que les asiste el derecho a manifestarse, pero no pueden violentar a otras personas como a los efectivos de la Policía Nacional, hombres y mujeres, que se han decidido como una obligación de velar por la seguridad haciendo cumplir el artículo 32 de nuestra ley fundamental citada más arriba.

Los manifestantes junto con algunos medios periodísticos encargados de tirar leña al fuego carecían de nociones ele­mentales de la realidad en cuanto a las medidas que lleva a cabo el Gobierno nacional.

Repetían hasta el hartazgo que no se cuentan con políticas sociales en bene­ficio de los pobres. Esta es, empero, una falacia que no se corresponde con los hechos. Citemos ejemplos, no todos, por­que el resto dejamos a los manifestantes y a ciertos medios a que al menos hagan sus investigaciones acerca de lo que sucede en su propio país.

Así, para este mes de octubre, el Gobierno anunció la entrega de títulos de propie­dad a los agricultores de Marina Cué, en Curuguaty (Canindeyú), un hecho histó­rico tomando en cuenta que en este lugar, años atrás, sucedió una tragedia que ter­minó en muertes, en la lucha por la tierra propia. Otro ejemplo, en la colonia Nueva Mestre, en el departamento de Pdte. Hayes, las familias accederán a títulos de propiedad, ¡luego de 40 años de lucha!

El gobierno actual entregó más de 10.100 títulos de propiedad, lo que implica una diferencia de 565 por ciento con el gobierno anterior que entregó 1.525 títu­los. Con este gobierno “insensible” según ellos, se están otorgando a los nuevos propietarios créditos accesibles acompa­ñados de capacitaciones. La descripción correcta en todo caso sería que estamos ante una revolución histórica en favor de los pobres, aunque sabemos que jamás lo dirán porque no les conviene tragarse sus propias mentiras.

Nuestro diario no transigirá con lo esta­blecido en la Constitución Nacional. La violencia no es el camino. Daña a nuestros compatriotas y daña la imagen positiva de nuestra economía que viene consiguiendo el gobierno resultante del voto popular.