De las legislaciones que confor­man el proceso democrático de debates y modificaciones, la Ley 7444/25 para las micro, peque­ñas y medianas empresas (mipymes) es una normativa que viene definitivamente a ini­ciar una época diferente para estas unida­des productivas que, como sabemos, no solo son más del 90 por ciento de las empresas en el país, sino también gran parte de las mismas se encuentran en la informalidad.

Habiéndose tomado nota de ello, a inicia­tiva del Ejecutivo este año se aprobó opor­tunamente en el Congreso la citada legisla­ción y su promulgación tuvo lugar el martes último por el presidente de la República, Santiago Peña.

De modo de entender mejor la novel nor­mativa, citemos los beneficios fiscales y tributarios que buscan aliviar las cargas de las mipymes. Así, durante los primeros tres años, las mipymes registradas están exoneradas de la patente municipal, tasas e impuestos sobre los precios y las tarifas públicas. Luego de cuatro años las citadas exoneraciones tendrán un descuento del 75 por ciento sobre la patente municipal.

Igualmente, en el sector laboral y en cuanto a incentivos se refiere, la ley establece un régimen adaptado acorde al sector de modo de que las mipymes no soporten sobrecos­tos. Citemos, al respecto, que se pueden establecer contratos por periodos parciales de hasta 12 meses, sin necesidad del prea­viso ni de indemnización al vencimiento del contrato.

Así mismo, se toma en cuenta un tema rele­vante que hace al nacimiento y permanen­cia de las mipymes en el mercado, como el acceso a la seguridad social de salud y jubi­laciones tanto para trabajadores como a propietarios, con un régimen del ochenta por ciento del salario mínimo oficial.

Es de hacer notar que la legislación con­tiene elementos modernos que hacen a la realidad del país como del mundo. En este sentido, la Ley 7444/2025 introdujo la figura de la promoción de la innovación por medio de centros de servicios tecnológicos y empresariales.

Dichos centros de servicios ofrecerán acceso a herramientas de consultaría y capacitación permanente a las mipymes, mediante una vinculación de la academia con la empresa. Esto último es de desta­carse puesto que forma parte del área de investigación relacionada con los centros de estudios como las universidades, de modo de que la academia ofrezca novedades de innovación y de prácticas concretas para el mejoramiento de la competitividad empre­sarial.

Del mismo modo, las mipymes registradas bajo este nuevo régimen normativo ten­drán un trato preferencial en las contrata­ciones públicas con ventajas en los proce­sos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.

Estamos ante un acto jurídico de alcance económico de importancia para el futuro de estas unidades productivas que tanto hacen desde la producción, el comercio y los servi­cios. En las mipymes se conjugan el trabajo y el capital de miles de hombres y muje­res que trabajan a diario, pero que tam­bién sienten el agobio propio de un sector que no contaba con la protección jurídica correspondiente, así como de los incen­tivos suficientes para crecer y al mismo tiempo contratar más mano de obra. Es lo que necesitamos como país: crecer, crear empleos y aumentar los salarios.

Resulta encomiable la labor de las mipymes que traspasa todos los estratos socioeco­nómicos, cuyas actividades son de notable impacto directo e indirecto sobre el día a día de la población. De manera que fortale­cerlas y al mismo tiempo buscar se formali­cen es el objetivo de una ley que viene para contribuir con los trabajadores y empre­sarios sin miramiento alguno más que el continuo mejoramiento donde cuanto más las empresas ganen y más contraten, más beneficioso será para todos, para la econo­mía del país en su conjunto.

La ley en vigencia tiene características que van desde la simplificación del proceso de formalización, la apertura de servicios de carácter social y financiero al alcance de los emprendedores.

Como se podrá colegir, esta ley se consti­tuye en un paso decisivo y sustancial que termina por hacer realidad el impulso de las mipymes.

Se garantiza de este modo no solo el naci­miento de más y mejores unidades produc­tivas, sino también se establecen las reglas institucionales de modo de que el creci­miento de las mismas se vean reflejadas en la sostenibilidad en el tiempo, cuestión esta última que solo puede lograrse mediante los incentivos correctos como los estable­cidos en la Ley 7444/25 que inaugura una nueva época para las mipymes del país.

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