La suspensión temporal de una cono­cida cadena de minimercados que abre las 24 horas debido a irregula­ridades encontradas ha suscitado reacciones de diversa índole. Muchos consu­midores expresaron su complacencia porque la medida se adoptó para proteger a los clien­tes, en tanto que otros, con intereses políticos, la criticaron porque va contra los intereses de los dueños del diario Abc Color, que son pro­pietarios del comercio. Ese diario, que nació con la bendición del dictador Alfredo Stroess­ner y fue clausurado por el mismo por fallar a sus intereses, reaccionó en forma airada con­tra las autoridades acusándolas de persecu­ción e intensificó la campaña política contra el presidente Santiago Peña, lejos de mos­trar interés en la protección de los consumi­dores que están peligrando su salud por las anormalidades sanitarias encontradas en los comercios aludidos.

Luego de detectar la venta de productos ali­menticios ya vencidos, en mal estado y que ponen en riesgo la salud en muchos locales comerciales, además de encontrar en varias farmacias medicamentos con alerta sanitaria cuya venta está prohibida, se tomaron drásti­cas medidas. Las irregularidades se encon­traron también en las sucursales del mini­mercado, donde había mayonesas, quesos, yogures, embutidos, panificados vencidos, carnes envasadas al vacío con etiquetas irre­gulares y con aspecto de descomposición.

Una de las autoridades de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) manifestó que lo encontrado representa un riesgo para la salud y la vida de los consumidores. “Por eso retiramos de inmediato los productos y suspendimos temporalmente las activida­des de los locales afectados, hasta que regu­laricen su inventario y eliminen cualquier artículo en mal estado”, explicó Sara Irún, titular de Sedeco.

La alerta sanitaria es un aviso público sobre un riesgo potencial para la salud o un hecho adverso que exige acciones urgentes para proteger a la gente.

La protección de los consumidores adop­tando las medidas requeridas son funda­mentales, y no admiten discusión de nin­guna laya. Es como vacunar a los niños en forma urgente o llevar a cabo medidas de protección en pandemia para que no se expanda una enfermedad determinada y sus efectos nocivos. La Unión Industrial Para­guaya (UIP) salió a apoyar la medida adop­tada por los organismos estatales, resaltando que la protección de los derechos del consu­midor y el cumplimiento de las normas son esenciales para un mercado formal, transpa­rente y competitivo. Apuntó que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, fortale­cer la confianza y promover la competencia. Resaltó que las medidas que se tomen se tie­nen que hacer con criterios de proporcionali­dad, difusión adecuada y enfoque correctivo. Y que se deben evitar impactos irreversibles en las cadenas de valor, el empleo y las inver­siones

Por su lado, la Cámara Paraguaya de Super­mercados (Capasu) indicó en un comunicado que “aunque los incumplimientos deben ser sancionados con firmeza, las medidas deben ser transparentes y cautelosas para no com­prometer la estabilidad comercial ni generar temor a la arbitrariedad, lo que podría desin­centivar inversiones”.

Los centros comerciales tienen la obliga­ción de dar cumplimiento a las normas, además de cuidar la salud de su clientela, de acuerdo con las normas existentes. Por ello cualquier reacción contraria a una medida de corrección no condice con la protec­ción adecuada que deben ejercer. El hecho de que el Estado tome medidas correctivas contra los comercios que cometen irregula­ridades, antes que asustar a posibles inver­sionistas, es una garantía de la seriedad de las instituciones y de las autoridades del país.

Es un indicio claro de que se procura el cumplimiento de las leyes y señal de que el bien común está por encima de las simpa­tías políticas o de cualquier índole. Si los sancionados reaccionan negativamente y recurren a los ataques lo único que se puede pensar es que no les importa la suerte de las personas, sino solo sus intereses económi­cos, lejos de aceptar las normas vigentes y el cuidadoso respeto de su clientela. Con ese tipo de actitudes contrarias al interés de la ciudadanía no inspiran la confianza que requiere cualquier tipo de comercio de parte de los consumidores.

El mencionado diario, que por muchos años fue amigo de la dictadura –solo hay que mirar sus ediciones de los primeros años–, en lugar de protestar porque se le exige pro­teger a los compradores de sus supermerca­dos, debería ocuparse de amparar los dere­chos de la gente.