La reducción de los precios de los productos de consumo en los luga­res de venta, por la baja del dólar, es uno de los temas que está ocu­pando la atención de la ciudadanía. La mayo­ría de las personas se maneja con un presu­puesto de gastos fijos de acuerdo a su nivel de ingresos, que generalmente es estable. Nece­sita que el dinero les rinda adecuadamente y que no se perjudique su consumo ni el de su familia por la suba de precios. Debido a eso la reacción obligada cuando aumentan los precios es disminuir las compras o dejar de adquirir los artículos que suben. Y si se redu­cen los precios, automáticamente aumen­tan las compras de los productos requeridos para mejorar el consumo.

La necesidad de reducir los precios de los artículos afectados por la baja del dólar la señaló el presidente Santiago Peña, quien reclamó que los comercios deben traducir en menores precios el fuerte descenso de la moneda norteamericana. En tono de repro­che, señaló que cuando sube el dólar, rápida­mente se alzan los precios y que cuando baja la moneda, nadie los reduce.

Como en nuestro país se respeta la liber­tad de comercio y no se fijan los precios de las mercancías por orden del Gobierno, los comerciantes libremente ponen los valo­res que desean. Por eso un mismo producto, como el pan, puede tener un precio en la panadería, otro en la despensa de barrio y uno diferente en el supermercado.

Para garantizar la libre competencia entre los comerciantes y defender a los consumi­dores de posibles abusos, están la Secre­taría de Defensa al Consumidor y el Usua­rio (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom). Estas institucio­nes deben actuar con eficiencia para que la actual situación de los precios de bienes de consumo importados no permita atropellos ni situaciones abusivas. El Gobierno no per­mitirá ningún tipo de extralimitaciones, por lo que las entidades estatales deben accionar según su competencia.

La Ley 4956/13 que defiende la libre com­petencia prohíbe categóricamente los actos contra la libertad de concurrencia y esta­blece que los abusos serán corregidos o cas­tigados de acuerdo con los mecanismos y sanciones que están previstos. En otras palabras, la libertad de acción de los comer­ciantes tiene límites y las extralimitacio­nes prevén el castigo. La mencionada norma establece que todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones esta­blecidas por la ley, por razones de interés general.

Expresamente prohíbe el abuso de la posi­ción dominante, lo mismo que las prácticas, conductas o recomendaciones que tengan como propósito restringir, limitar, obstacu­lizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado. Para que no haya ningún tipo de conductas que impida la libre concurrencia, la ley desautoriza todo acuerdo, decisión o práctica que esté enca­minado a impedir, restringir o falsear la libre operatividad.

La preocupación del Gobierno por los pre­cios de los productos de consumo que no bajan a pesar de la reducción de los costos es legítima. Demuestra su sensibilidad social y su sentido de responsabilidad por la suerte de los que vivimos en el país. Como no basta con tener buenos sentimientos y reclamar algunas medidas, está articulando ahora la acción de los organismos competentes. El primer mandatario pidió a la Conacom que brinde informaciones a los consumidores sobre los asuntos de su competencia para que la gente concurra a los sitios con mejores precios.

La Sedeco, por su lado, tiene que infor­mar a la ciudadanía sobre las inspecciones, pericias e intervenciones relacionadas a la protección del consumidor. También debe divulgar información que permita conocer las características de la comercialización de bienes y servicios en el mercado. Así como mantener y publicar el Registro Nacional de Infractores.

Con una actuación sólida, que tenga en cuenta los requerimientos de la gente, los organismos públicos prestarán una gran ayuda a las personas, para que puedan defender mejor sus derechos contra los abu­sos de toda índole. La vida cotidiana está llena de desafíos que requieren la eficaz tarea de las entidades competentes para resguardar a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. No hay mejor protección que la de un gobierno consciente que actúa de manera adecuada para que los agentes económicos apliquen las estrategias que deseen, pero respetando estrictamente las leyes.