Hace exactamente un año que se encuentra estancado un estudio de correspondencia de la Contraloría General de la República (CGR) al expresidente zar del asfalto Mario Abdo Benítez que puede descifrar el misterio sobre la verdadera fortuna que amasó en sus años de mandato.

En todo este tiempo, las instituciones involucradas no han podido coordinar un trabajo eficiente que dictaminar si hubo o no enriquecimiento desmedido y otros hechos irregulares que pudieran haber sucedido detrás y esto debe ser dilucidado, porque se trata de una persona que administró los bienes del Estado durante 5 años.

Parece un chiste, pero a un año de aquel informe preliminar de la CGR sobre dudosas actuaciones del expresidente de la República Abdo Benítez con relación a los bienes amasados en los últimos 5 años, precisamente en el ejercicio de sus funciones, no ha habido avances significativos que conduzcan a la conclusión del examen de correspondencia.

Las declaraciones juradas del exmandatario prácticamente no registran diferencias en cuanto a incremento patrimonial; sin embargo, esto puede ser una verdadera tomada de pelo, ya que las empresas donde el mismo posee el 85 % de las acciones obtuvieron multimillonarias ganancias vendiendo asfalto a contratistas del Estado. Alrededor de G. 1 billón en contratos se había adjudicado por construcción de rutas en el gobierno Abdo, siendo favorecidos los clientes que compraron de Aldia SA y Createc SA, distribuidoras del expresidente.

Las licitaciones de rutas a mansalva le habían generado utilidades por valor de G. 330.000 millones, unos USD 45 millones a las mencionadas empresas. El valor accionario y obviamente patrimonial de las sociedades donde predomina Abdo aumentaron exponencialmente, pero todo eso quedó camuflado como ganancias corporativas direccionadas a cuentas de las firmas sin impactar en el monto de sus declaraciones juradas de bienes.

El histórico de las utilidades hablan de un incremento ganancial de las empresas de Abdo anual de hasta 6.110 % en años de pandemia. Sin embargo, eso no se ve reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría y así funge de modesto expresidente.

Si se valida la coartada de Abdo, nos sometemos como país ante un descarado disimulo de multimillonaria riqueza amasada. Además, esta práctica podría seguir burlando mecanismos de control, ridiculizando a las instituciones y humillándolas a que dictaminen verdaderos simulacros en el ocultamiento de bienes.

De hecho, con el caso de las empresas de Abdo, la Contraloría se encuentra empantanada en su misión de recabar datos que confirmar la realidad sobre las finanzas del expresidente.

Las cifras multimillonarias de las utilidades de sus empresas enviadas a fondos de reserva que plantean muchas dudas si efectivamente tuvieron ese destino. Un monto sideral equivalente a G. 40.000 millones consignado bajo el concepto de inversiones a largo plazo cuyo origen no tiene registros, deudas atribuidas a los clientes con cifras muy superiores a las declaradas por los compradores son situaciones que requieren respuestas de manera a que la Contraloría pueda expedirse sobre el aumento patrimonial de Abdo.

Si este caso queda en la nada, se dejará un oscuro precedente y puede propiciar mismas maniobras por parte de otros funcionarios que en el ejercicio de sus cargos públicos acumulen millonarios ingresos o bienes, cubiertos nombres de sociedades.

Contraloría pidió su intervención al Ministerio Público, así también a la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT). Para el ente de control es fundamental revisar las cuentas de las empresas y los estados financieros de todas las firmas involucradas en el negocio del asfalto ya que es la forma más pertinente para recabar información veraz de la ruta del dinero que no aparece en las declaraciones juradas de Abdo.

A un año de ese pedido no se ha reportado, al menos a la opinión pública, sobre las evaluaciones o al menos algunos avances de la investigación. Y esta situación es inadmisible existiendo los recursos y las vías de acceso a la información.

Del sinceramiento de los movimientos financieros de ambas empresas del expresidente dependen los estudios que dictaminen si hay o no correspondencia. Esto básicamente significa que la ciudadanía sepa si la persona que administró el país por 5 años actuó en beneficio propio, se enriqueció licita o ilícitamente.

Los organismos involucrados en la investigación tienen que avanzar y proporcionar una conclusión que no dé chance a especulaciones.