El interventor asignado en la Munici­palidad de Ciudad del Este terminó confirmando documentalmente lo que ya sabía todo el pueblo y que ya fuera anticipado en un informe previo de la Contraloría General de la República (CGR). La administración de Miguel Prieto consolidó una estructura para desviar fondos públicos a tra­vés de licitaciones y comisiones vecinales utili­zadas como simples intermediarias para cobro de jugosos cheques.

Para muchos, principalmente por el blindaje mediático con el que goza el cuestionado inten­dente esteño, resultó una sorpresa, un balde de agua fría la información detallada y documen­tada que brindó el interventor para graficar el modus operandi de una rosca dedicada a violen­tar leyes mediante un sistema cuidadosamente planificado para embolsillarse recursos del Estado y de los contribuyentes del municipio de Ciudad del Este. Sin embargo, para ciudadanos organizados que tienen la lupa puesta en la ges­tión de Prieto como una parte muy pequeña de la prensa simplemente esperaron estas conclu­siones y que las mismas realmente sirvan para que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes bastardearon la comuna.

Contundente. Las evidencias colectadas demuestran que la administración de Prieto operó un esquema que, burlando normativas, se enfocó en el despojo del dinero público. Pagos adelantados por la totalidad de la adjudicación de obras que todavía no tenían actas de recep­ción, firmas creadas sin mayores infraestructu­ras para acopiar contratos directos y mediante comisiones vecinales por parte de parientes de la exnovia del intendente de nombre Vanessa Florentín, muy conocida como Vanemi, la misma que está procesada por estar involu­crada en la facilitación de facturas en compras simuladas de mercaderías como es el caso Tía Chela, forman parte del rosario de maniobras en la ejecución de recursos.

La esencia y el fin de la institución se prosti­tuyeron. Organizaciones de vecinos, espe­ranzados en contribuir con las labores de la municipalidad, fueron usadas como simples intermediarios para endosar cheques para la tajada del mismo grupo cerrado, parientes de la exnovia de Prieto y algunos amigos opera­dores de su campaña. Mientras el jefe comu­nal intenta justificar con errores administra­tivos estos procesos simulados, amañados, privaron a la institución de contratos en con­diciones más competitivas, principalmente en calidad y precios.

Fuertes indicios de pedidos de coimas para obras adjudicadas con precios que están por las nubes, jugosos anticipos y ofertas que adivina­ron para ajustar presupuestos a los disponibles por la municipalidad. Pero estas amañadas eje­cuciones no solo se reducen al favoritismo del bolsillo de los amigos y la ex con sus parientes, sino que sacrificaban intereses ciudadanos ya que, contratos que apuraron por vía de la excep­ción basados en urgencia impostergable en la mayoría de los casos no fueron al ritmo de los contratos y mientras fortalecen el negocio de los amigos, los vecinos esperan por obras que empresas sin capacidad financiera ni estructu­ral no pueden honrar como corresponde.

El informe preliminar graficó y describió de manera clara el modus operandi de la maquinaria para delinquir, tal como calificó el interventor. No puede ocultarse el sol con un dedo, los sucesos en Ciudad del Este que no son aislados, subestiman a las institucio­nes de control y de justicia como si estuvieran exentos del cumplimiento de la ley.

Planillerismo, nepotismo, reparto indiscri­minado de contratos, despilfarro en la eje­cución de gastos, empresas de maletín sin la mínima infraestructura adjudicadas con grandes obras imposibles para sus capaci­dades, construcciones atrasadas, no pueden catalogarse como simples errores. Por casos como estos, varios políticos conocieron la cárcel. ¿Por qué en el caso de Prieto tendrían que minimizarse hechos que atentan contra el bien público?

La ciudadanía esteña merece un administra­dor municipal eficiente, piadoso del bolsillo de la gente y abocado al cuidado del patri­monio de su ciudad. Evidentemente, Miguel Prieto defraudó esa confianza y hoy su pre­sencia es más perjudicial que beneficiosa para la institución.

Pero, además, ningún servidor público sos­pechoso y que carga sobre sus espaldas fuer­tes indicios de corrupción en su gestión debe estar a cargo de la administración del dinero público. Prieto, como otros con dudoso des­empeño, tiene la obligación de afrontar la Justicia, rendir cuentas de sus actos. Atorni­llarse al cargo en medio de una desconfianza generalizada no es saludable para ninguna institución.

Corresponde que la Justicia actúe y los que tienen cuentas pendientes asuman las res­ponsabilidades de sus actos.