Conseguir los papeles que otorgan la propiedad de los lotes agríco­las por parte de los campesinos que labran la tierra para producir alimentos ha sido durante décadas una de las grandes dificultades del país. Miles de productores del campo trabajaban parcelas que no eran suyas y que no podían utilizar para hacer transacciones económicas en el sistema financiero.

A lo largo de los años se crearon numero­sas colonias campesinas para instalar en predios vacíos a nuevos propietarios que se encargaran de cultivarlos y darles mayor valor económico. Se loteaban los grandes predios para entregar cada vez más parce­las cultivables que los hombres del campo convertían rápidamente en prósperas cha­cras que les daba vida económica a las fami­lias. Mandioca, maíz y otros productos comestibles eran los primeros cultivos que sembraban los productores a los que se aña­dían los productos para la renta como algo­dón, soja, tabaco, caña dulce y otros. Y así lo que eran selvas sin mayor utilidad aparente al poco tiempo se convertían en tierras cul­tivadas con gran valor económico y comer­cial. De ese modo millares de hectáreas inexplotadas se transformaban por el mila­gro del trabajo en prósperas parcelas.

Pero la mayor parte de esos lotes de dece­nas de colonias agrícolas no tenían docu­mentación jurídica adecuada y los cam­pesinos que los habitaban no eran los propietarios legales. Eran meros ocupan­tes que podrían ser desalojados al no poder demostrar jurídicamente que las tierras les pertenecían. Tampoco podían utilizar­las como garantía para realizar préstamos o transacciones comerciales de crédito. En términos legales, vivían y trabajaban en una tierra que no les pertenecía a ellos, sino al Estado u otro dueño.

Esa lamentable situación se debía a que los organismos estatales no eran capaces de entregar los títulos de propiedad en plazos razonables cobrando a los campesinos lo pactado. El resultado era que miles de pro­ductores que trabajaban y moraban en tie­rras jurídicamente ajenas no podían hacer operaciones monetarias de ninguna laya con ningún tipo de entidad que requiriera los papeles legales. Y seguían en la pobreza sin poder avanzar económicamente. Aun­que tenían el respaldo económico de su abundante producción. Esa lamentable y hasta vergonzosa situación está termi­nando con el gobierno del presidente San­tiago Peña, que es la administración estatal que mayor cantidad de títulos de propiedad está entregando a los campesinos. Hasta mayo último, ya había proporcionado 9.000 escrituras a la gente del campo que a partir de entonces se transformó en propietario, con todo lo que ello implica desde el punto de vista legal y las posibilidades de hacer negocio. A esta altura del año ya se está lle­gando a 10.000 nuevos propietarios trans­formando de manera espectacular la situa­ción campesina.

Como explicó recientemente el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, en un acto en Misiones, con una inversión de entre 12 millones a 14 millones de guaraníes pagados por el valor de los lotes de 20 hec­tárea y recibiendo los títulos, las propie­dades pasaron a costar entre 570 millo­nes a 600 millones de guaraníes, teniendo en cuenta el valor de mercado en esa zona geográfica. Con dicha operación las men­cionadas parcelas aumentaron su valor en más de 4.100 por ciento.

Con esta nueva realidad, los propieta­rios están en condiciones de garantizar la obtención de un préstamo o cualquier tipo de crédito para invertir en productivi­dad, en infraestructura que les permitirá ser mucho más competitivos y solventes, según la opinión del funcionario. Comentó que todas estas condiciones contribuyen para que haya arraigo campesino, cosa que ayuda a mejorar la calidad de vida de la población rural.

La escrituración de los lotes agrícolas y la entrega a los campesinos de miles de títu­los de propiedad por el Gobierno tienen un valor excepcional que puede cambiar de manera extraordinaria la economía rural. Si se tiene en cuenta que esta administra­ción quiere proporcionar 50.000 títulos en su gobierno, se producirá una transforma­ción espectacular que mejorará la produc­ción de la riqueza en cantidad y calidad de manera notable. Pues la inclusión finan­ciera impulsará con mucha fuerza el creci­miento.

Teniendo en cuenta todo esto, se puede afir­mar que el trabajo que realiza el Indert, como organismo del Gobierno, dejará huellas imbo­rrables en la vida del país y de muchos para­guayos. Porque de simples ocupantes ilegales de tierras estos ciudadanos se están convir­tiendo en prósperos propietarios.