La mesa tripartita establecida para destrabar la huelga del transporte público acabó ayer de manera exitosa. Tras una serie de concesiones mutuas, finalmente el sector de los empresarios desactivó la huelga que debía iniciar este 21 de julio, un aspecto que resalta la apertura al diá­logo y la madurez para llevar adelante las negociaciones, tanto de representantes del Gobierno como de las empresas. El objetivo era claro: que miles de usuarios del Área Metropolitana y de Asunción no se quedaran sin el servicio imprescindi­ble.

El acuerdo entre el Gobierno (a través del Viceministerio de Transporte y del Ministerio del Trabajo) y los empresa­rios de los dos gremios de transporte más importantes que sirven al Área Metro­politana (Cetrapam y Ucetrama) trajo un alivio inmediato para los miles de usua­rios que dependen del servicio público a diario y que estaban en ascuas, debido a esta amenaza que hace una semana lan­zaron los dueños de los buses.

Al concretarse la suspensión de la huelga se evitó una paralización que habría afec­tado gravemente la movilidad laboral y estudiantil en una zona populosa, sen­sible y vital del departamento Central que son las ciudades como San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, Capiatá, Villa Elisa o Mariano Roque Alonso, que día a día movilizan a miles de personas y pasajeros de buses en la inter­conexión de estas urbes.

Las empresas reclamaban el pago de sub­sidios atrasados. El Ministerio de Eco­nomía y Finanzas honró el pago de la cuota del mes de mayo y hubo un compro­miso de asumir el faltante (el del mes de junio) en los próximos días, mientras que el Viceministerio de Transporte acordó revisar los costos operativos sin modi­ficar la tarifa vigente, aunque se traba­jará en un mecanismo para actualizar las variables de sus componentes. Ape­nas el miércoles, el Gobierno pagó casi 4 millones de dólares que se adeudaba a las empresas del sector en concepto de sub­sidio atrasado, lo que allanó en parte el camino para arribar a un acuerdo.

Por otra parte, el compromiso de mante­ner la tarifa actual representa un respiro para el bolsillo de la gente, en un contexto de aumento generalizado de precios. La promesa oficial de revisar los costos ope­rativos (proceso que se hará a través de una empresa internacional que ayudará a socializar la tarifa técnica) y garantizar pagos puntuales no asegura una mejora en la calidad del servicio, pero se buscará no afectar a los usuarios.

Es meritorio que un diálogo de esta importancia llegue a buen término. Pero no es menos cierto que lamentablemente el acuerdo también revela la fragilidad estructural del sistema de transporte público, sostenido por millonarios sub­sidios estatales que solo ha significado que las empresas se beneficien y que el servicio siga siendo decepcionante para el usuario. En otras palabras, el diálogo evitó el paro, pero el problema de fondo –un modelo ineficiente, paupérrimo y sostenido con fondos públicos– sigue sin resolverse.

Es por ello que el anuncio hecho esta semana por el Poder Ejecutivo sobre la presentación de la mentada reforma del sistema de transporte cobra una enorme importancia y trae cierta esperanza de que el estado deplorable hoy del servi­cio puede tener otro rumbo a partir de la transformación.

El propio presidente de la República, San­tiago Peña, lo confirmó ayer durante su gira por el este del país. Este proyecto se enviará la próxima semana al Congreso y pretende no solo transformar el servicio que se presta en el Área Metropolitana, sino más que nada dignificar al usua­rio, que es el eslabón más susceptible de esta cadena. Como un ejemplo del interés puesto por el Ejecutivo a esta iniciativa, el primer mandatario pidió a los parlamen­tarios darle un trámite acelerado a esta petición que busca una expeditiva imple­mentación de un derecho que hace rato se merecen los habitantes de las ciudades de Asunción y del departamento Central: un sistema de transporte eficiente, previsi­ble y económico.

Hay voluntad política para concretarlo; ese por lo menos es el interés del presi­dente Peña, que se ha empeñado en resol­ver de modo definitivo esta dificultad que se arrastra desde hace décadas. Miles de usuarios que soportan a diario este calva­rio esperan con avidez un giro histórico a este reclamo de antaño.