La economía subterránea –que es la economía oculta o desarrollada en negro– es un verdadero flagelo y si bien ha tenido leves descensos en relación al producto interno bruto (PIB), continúa siendo un obstáculo para el creci­miento y desarrollo. El tamaño de esta econo­mía informal fue, sigue y continuará siendo un desafío enorme para cualquier gobierno en nuestro país, que debe articular medidas y acciones para neutralizarla.

Los esfuerzos han sido enormes y encamina­dos en buena forma a saber por los resulta­dos obtenidos por los diversos estamentos del Estado. El último informe presentado por una consultora estudia de manera anual el com­portamiento de la economía en negro refleja una leve disminución en su conjunto, pero que aún falta mucho camino por recorrer dado el volumen ilegal generado. Esto significa que se están haciendo bien las cosas, pero todavía no es suficiente.

Los datos revelados recientemente refieren que, en el año 2024, la economía paralela en el país representó el 35,1 % del producto interno bruto (PIB), el porcentaje equivale a unos USD 15.000 millones. En el marco de este reporte los técnicos expusieron que hubo avances en formalización y esfuerzos institucionales; de hecho, los indicadores son más alentadores considerando que meses antes de la asunción del actual gobierno de Santiago Peña, la con­centración de la economía subterránea corres­pondiente al 2022 era del 46 %, lo que equivalía a USD 22.000 millones que no llegaron al fisco.

Cabe remarcar que este segmento en negro incluye tanto actividades informales como ilí­citas, desde emprendimientos sin registros tri­butarios hasta redes de contrabando o lavado de dinero. Es decir, consiste en un conjunto de dinámicas que escapan al control del Estado, distorsionan los mercados, afectan la calidad del empleo debido a la privación de derechos fundamentales y debilitan la institucionalidad democrática a causa de la corrupción que las degrada.

Hay que recordar que una de las banderas que enarbola este Gobierno (el presidente Peña prometió generar unos 500 mil puestos de trabajo en 50 años) es la generación de mano de obra, objetivo que viene experimentando resultados favorables.

Sin embargo, la informalidad boicotea el acceso a empleo de calidad, como consecuencia de la inconsciencia de quienes lucran desproporcio­nalmente con la productividad de la gente.

Los informes muestran que Paraguay cuenta con altos niveles en los indicadores menciona­dos. Uno de ellos, el más palpable, muestra que la informalidad laboral se mantiene por encima del 66 %, y el autoempleo alcanza el 42,5 %, lo que muestra a las claras como “señal de preca­riedad en el acceso a trabajos formales”.

Otra preocupación en el mencionado reporte es la desigualdad de ingreso. El 10 % más pobre de la población accede a un ingreso mensual promedio de apenas G. 392.000, mientras que la cifra más alta supera los G. 2.800.000. Se estima que 6 de cada 10 trabajadores paragua­yos trabajan en los márgenes de la informali­dad, y casi dos tercios de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no están regis­tradas formalmente, según datos oficiales que se revelaron.

No es un dato menor para la imagen país que queremos construir: que el Paraguay encabece los índices de la economía subterránea a nivel regional. Estas son preocupaciones de Estado y son los temas que nos llaman al profundo debate a la sociedad en su conjunto.

Una realidad optimista es el crecimiento eco­nómico anual que es inseparable de los esfuer­zos que vienen realizándose. La otra es la que contrasta con este optimismo y guarda rela­ción con las condiciones en las que estamos creciendo como país, que no depende solo de las decisiones gubernamentales sino de toda una cultura arraigada en la que se han norma­lizado situaciones irregulares, por las urgen­cias que nos imponen las coyunturas o simple­mente por la ausencia de dimensión de nuestro proceso de desarrollo.

Los números divulgados sin dudas son de pre­ocupación, pero también de desafíos, de tornar las políticas con más rigor y aplicar eventual­mente incentivos que ayuden a disminuir la tasa de informalidad, pero para ello también es imprescindible el acompañamiento de los dife­rentes actores económicos como sociales.

Cuestiones que boicotean nuestra producción se volvieron elementales en la dinámica de la economía. El comercio por fuera del fisco –esa institución que genera el genuino recurso que sostiene los gastos del Estado–, el fomento del subempleo con la excusa de la necesidad de trabajo, entre otros son argumentos falaces que pierden validez ante el enorme daño que le inflige a la legalidad.

Es por ello que los entes de control tienen un gran desafío y el Estado deberá disponer más recursos e involucrar aliados estratégicos como la ciudadanía en la persecución de activi­dades ilegales que castigan el presente y matan la prosperidad a futuro.