La semana pasada la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de modificación de las leyes que castigan los delitos cometidos por menores, especialmente por adolescentes. En lugar de la pena máxima de 8 años de cárcel que rige en la actualidad será de 15 años para los que cometan delitos graves. La norma sancionada pasa a la Cámara de Diputados para que la estudie y le dé el tratamiento correspondiente. Lo que hace pensar que estamos en vísperas del aumento del castigo para los menores que incurran en crímenes de gravedad.
La medida tomada en la Cámara Alta es parte de la respuesta de los legisladores a dos hechos criminales recientes en que los presuntos asesinos serían personas menores de edad, como el caso de la adolescente María Fernanda Benítez, muerta en Coronel Oviedo, y del trabajador delivery Alfredo Duarte Flores, ejecutado en el barrio San Francisco de Asunción.
Son dos homicidios muy publicitados y que golpearon con fuerza la sensibilidad de la ciudadanía. Esto ha impulsado a muchos legisladores que sostienen que aumentando las penas de los crímenes habrá menos asesinatos. La idea está generando una amplia discusión entre los que creen que con leyes más duras pueden disminuir los delitos y los que sostienen otra doctrina.
Los especialistas en la formación de las personas afirman que no se trata de castigar con más rigor a los jóvenes que cometen delitos para que terminen o disminuyan los crímenes. Se trata de que reciban una educación y formación de mayor calidad que les impida delinquir y actúen como personas de bien. Afirman que, si aumentando las penas se solucionara la sucesión de delitos, se tendría que aprobar el máximo castigo, la pena de muerte, a los hechos delictivos, y todo estaría solucionado. Pero la experiencia demuestra que no es así.
La corriente humanista sostiene que una educación más completa, con mayor vigor en el aprendizaje de los buenos hábitos y mejores remedios a las dificultades de la vida, es el camino adecuado para que niños y adolescentes vayan adquiriendo una mejor formación humana.
La fórmula sería: más educación de calidad y cantidad para mejorar la aptitud de los individuos, y no más años de cárcel por los delitos. Los especialistas entienden que la educación es el proceso continuo de aprendizaje y desarrollo personal, social y cultural, que va más allá de la simple transmisión de conocimientos. De acuerdo con ese pensamiento, la educación se debe centrar en la formación integral de la persona. Para ello se deben fomentar las habilidades y valores que se necesitan para que se pueda desenvolver adecuadamente en la sociedad y hacer frente a los desafíos. Según este concepto, la educación es un derecho fundamental de los niños y adolescentes que les permite adquirir las habilidades y conocimientos que necesitan para desarrollarse como adultos, que les pueda dar elementos para conocer y ejercer los demás derechos.
Hablando sobre el tema, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, dijo que la sociedad debe apostar por un modelo educativo sólido que actúe desde la prevención, mirando más allá del castigo. Que no hay que creer que el castigo es la solución más eficaz, aunque en algunos casos pueda servir. Indicó que un sistema de desarrollo que está “desprovisto del modelo educativo, del desarrollo social, de generar comunidad y contención, no será suficiente”.
Resaltó el aporte fundamental de la familia en la formación de los chicos, cosa que se nota en la descomposición del tejido social básico. “La ausencia de los padres a veces se intenta compensar con dinero o comodidades, cuando lo que realmente falta es la parte humana”, manifestó. El responsable de la educación hizo un llamado para hacer más sólido el sistema educativo nacional como herramienta de transformación social y prevención. “Debemos dar un salto como sociedad y trabajar más en la prevención. Esto no se soluciona con una sola medida, sino con un conjunto de acciones coordinadas que generen oportunidades reales para nuestros jóvenes”, enfatizó.
Si la sociedad paraguaya quiere menos violencia en la juventud, no puede recurrir solo a la creación de nuevas leyes. Tiene que articular un sistema social y político, con hondas raíces en la familia y en la educación, que influya con mucha fuerza en el pensamiento y la acción de los jóvenes.