El gobierno del presidente Santiago Peña está logrando un colosal objetivo en la historia fiscal y monetaria de nuestro país corrigiendo el déficit fiscal y bajando los gastos públicos, situación que no resulta fácil de conseguir en las administraciones de los países.
Sin embargo, este gobierno lo está consiguiendo. Como dijo el presidente de la República, Santiago Peña, y luego su ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, la tarea es la de volver cuanto antes a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en el año 2013, resguardando el uso correcto y transparente de los recursos en salvaguarda del orden fiscal y monetario.
La mencionada legislación, como sabemos, tiene un mandato contundente para los administradores de la cosa pública y consiste en que el déficit (más gastos que ingresos) no sea superior al 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), situación macroeconómica que pocos países emergentes lo logran debido a que las veces se considera que cuanto más déficit y gastos existan, entonces es de este modo que la economía podrá crecer sin contratiempos.
Ocurre que muchas veces los gobiernos apelan al déficit sin consideración alguna al crecimiento de la economía privada, una tendencia equivocada que el gobierno actual del presidente Peña se viene encargando precisamente de no caer como se puede demostrar con el aumento de los ingresos tributarios sin tener que apelar a más gastos sin el debido calce financiero.
El déficit fiscal del 5 por ciento del PIB al que caímos con el desgraciado gobierno anterior que, en vez de precautelar las finanzas sanas, más bien se dedicó a despilfarrar el dinero de los contribuyentes.
Esto tuvo como efecto la pérdida de nuestra sostenibilidad fiscal y desde aquí se ingresó a un terreno peligroso caracterizado por la inestabilidad monetaria.
Para fortuna de nuestro país, el gobierno actual dedicó toda su atención a este tema puesto que tanto la cuestión fiscal como monetaria se encuentran relacionados íntimamente siendo el mejor modo de emitir señales positivas a los mercados nacionales como extranjeros.
Pero cuando se dio aquel desequilibrio en el gobierno anterior, los eventos que se venían hacia nuestro país no eran precisamente propicios para la economía nacional y específicamente para el bolsillo de nuestros compatriotas.
Estábamos yéndonos directamente a una fenomenal tormenta de orden fiscal y monetario que nos hubiera hecho retroceder décadas como país al punto de tener que enfrentar calamitosas cuestiones que hacen al orden social y de seguridad interna, como suele ocurrir en los países expuestos a estas extremas vicisitudes.
El desafío fue colosal tomando en cuenta las cuentas desde el punto de vista contable que se tornaron de color rojo y requería de firmeza sin atenuantes como de hecho el oral entonces candidato presidencial Santiago Peña lo dijo durante la campaña electoral y que luego de acceder al Poder Ejecutivo tomó al toro por las astas.
Esto es, volver al equilibrio fiscal dictado por la ley respectiva sobre el cual nos referíamos más arriba y, de ese modo, contar con recursos genuinos a través de una administración presupuestaria y fiscal seria y responsable, como en efecto se logró y se sigue haciendo con el aumento de los ingresos tributarios con un detalle que en cualquier otro lugar del mundo sería mencionado con una medalla a la correcta gestión: ¡sin subir los impuestos a los contribuyentes!
Reducir el déficit fiscal bajando al mismo tiempo los gastos superfluos y mostrando de ese modo que se paga menos dinero para el gasto corriente de los funcionarios públicos sin que ello implique dejar de cumplir en tiempo y forma con este sector es una tarea mayúscula en el uso de los recursos por parte del gobierno actual.
Decimos ciclópea y agregamos elogiable tarea por parte de la administración del presidente Peña porque por lo general los gobiernos son proclives a incrementar el gasto público sin consideración alguna a los intereses de los pagadores de impuestos.