Cuando creíamos que la hipocresía política y mediática ya no podía rayar más alto, sus protagonistas –los mismos de siempre– encuentran la manera de superar su propia marca. Sin pudor alguno exhiben públicamente su descalabro ético y moral. Ni siquiera guardan las formas ni las apariencias.

En dos casos que se presumen similares –porque todavía falta la instancia juzgadora– asumen la férrea defensa de uno de ellos, en tanto se erigen en inapelables jurados de condenación para el otro.

La parcialidad manifiesta es tan grotesca como censurable. Se desprecia el buen periodismo y se utiliza a los medios como garrote en contra de sus enemigos, al tiempo de ser portavoces de los discursos que siguen su misma línea y agenda.

Sobre todo, de los diputados y senadores que se desviven por un minuto de vanidad, aguardando ansiosamente que sus fotos y frases sean amplificadas en tales órganos de comunicación. Y ni siquiera se animan a subrayar los divagues conceptuales –cuando no la ignorancia– de sus repetidos entrevistados.

Así, pues, a partir del error van construyendo una campaña de infamias y mentiras que aspira a internarse en la conciencia colectiva con rango de verdad indiscutida.

Sin embargo, como también venimos insistiendo desde hace bastante tiempo, este público ya no es el mismo de hace una o dos décadas atrás, aunque suene perogrullesco, pues avanzó rápidamente en su capacidad de diseccionar la información y de recurrir a más de una fuente para alcanzar su propia conclusión sobre los hechos publicados.

En este caso, en particular, nos referimos al pedido de intervención de las comunas de Asunción, que tiene como intendente al colorado Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, que tiene al frente a Miguel Prieto, del movimiento Yo Creo. Ni hace falta explicar que el primero es rabiosamente fustigado y el segundo vehementemente defendido.

El maniqueísmo cromático en su más elevada expresión. Algunos parlamentarios hacen gala de una supina ignorancia, argumentando que la Contraloría General de la República no tiene competencia para plantear la intervención de los municipios, desconociendo lo que manda taxativamente la Constitución Nacional.

No estamos hablando de una ordenanza, una resolución, un decreto o, incluso, una ley, sino de nuestro máximo ordenamiento jurídico sobre el cual se establece nuestra democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, entre otras cosas.

El Artículo n.º 165 de la Constitución Nacional, en el capítulo dedicado a la intervención, señala que “los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos: 1) a solicitud de la junta departamental o de la municipal, por decisión de la mayoría absoluta; 2) por desintegración de la junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y 3) por graves irregularidades en la ejecución del presupuesto o en la administración de bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”. Una contundente demolición de las falacias de los defensores de Miguel Prieto.

Como nuestra función no es solo opinar, informar y entretener, sino, sobre todo, educar, abusaremos de la transcripción textual de nuestra ley fundamental, en la parte final del Artículo n.º 165: “La intervención no se prolongará por más de noventa días, y si de ella resultare la existencia del caso previsto en el inciso 3, la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, podrá destituir al gobernador o intendente, o a la junta departamental o a la municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa días siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados”.

Hasta ahora todo se ha encuadrado dentro del debido proceso que se requiere en estos casos. Por de pronto, es en las comisiones de la Cámara de Diputados donde las investigaciones de la Contraloría General de la República serán examinadas rigurosamente, tanto las que afectan a la Municipalidad de Asunción como a la de Ciudad del Este.

La sociedad podrá interiorizarse detalladamente de las irregularidades detectadas en ambas comunas. Porque, más allá de los discursos propagandísticos, estamos seguros de que existirán documentos que tendrán el aval de pruebas verificables y de daños cuantificables en números.

De manera que, sobre esas bases, habrán de manejarse los informes respectivos del ente contralor. Todo lo demás es puro humo con el que solo se pretende confundir a la ciudadanía con burdas mentiras y, a la vez, distraer la atención de lo que es verdaderamente relevante para el presente y futuro.