El terraplén de USD 6 millo­nes construido con el anticipo del fallido tren de molienda de Petropar fue el único “avance” que el gobierno de Mario Abdo Benítez heredó a los cañicultores. Hoy las con­secuencias de aquel abandono, como consecuencia de la desidia de quienes dirigieron este proyecto, recaen sobre la actual administración de gobierno, mientras los verdaderos responsables se escudan en la impunidad, evadiendo toda rendición de cuentas por el grave daño infligido al sector productivo. Un sector considerable ya que unas 50 mil familias se dedican a este oficio pro­ductivo que toma como base a la caña de azúcar.

La promesa fue una megaobra que iba a solucionar de alguna manera la pro­blemática que traen a cuestas los cañi­cultores de no encontrar mercado a su producción. Ni el platal que retira­ron como anticipo pudieron honrar. El nuevo tren de molienda recuperará la capacidad de molienda de la planta de Petropar en Mauricio José Troche que venía estando ociosa. Unos 45.000 pro­ductores estaban a la espera de aquella promesa que iba a convertirse en una realidad en diciembre de 2022, pero la iniciativa queda allí, en pura promesa.

Como fue costumbre en la adminis­tración Abdo, un amigo favorito se adjudicó la licitación a precios muy por encima de lo que se estimaba para una construcción para la enverga­dura mencionada. Lo que iba a ser una nueva línea de molienda de caña dulce en la planta, para ello se había adju­dicado mediante por USD 28,7 millo­nes a Estructura Ingeniería SA (EISA), empresa del conocido “pulpo” que aca­paraba licitaciones en la época de Abdo Benítez.

Con presupuesto disponible, con un jugoso anticipo no se hizo absolu­tamente nada, ni una sola máquina ensamblaron debido a inoperancia y la galopante corrupción que pululó en la época Abdo. Incluso los montos de compra aprobados estaban total­mente inflados, ya que estimaciones y antecedentes de montajes de líneas de molienda como el que iba a ser cons­truido en Troche, rondaban los USD 10 millones, según hicieron ver investiga­ciones periodísticas.

A fines de 2022 e inicios de 2023, el nuevo tren de molienda debía estar operativo. Las manifestaciones de los cañicultores habían comenzado en esos tiempos, pero no había respues­tas, más que reuniones en las que se planteaban puras promesas.

Hoy, dos años después, lastimosamente la situación de los agricultores sigue siendo la misma. La nueva administra­ción se encuentra en el intento de recu­perar el dinero entregado y reclamar los resarcimientos por los daños here­dados y, por otro lado, debe dar solucio­nes a un sector que necesita seguir tra­bajando y colocar su producción.

Petropar realizó una denuncia penal ante el Ministerio Público y esta ins­titución debe asumir su rol de inves­tigar con celeridad para llegar a los responsables de este perjuicio social tremendo. Así, también, desde el Gobierno debe encaminarse con fuerza la implementación de nuevos acuerdos que reparen los daños. Ayer se dio importante avance con un pri­mer acuerdo entre Gobierno y los cañi­cultores, mostrando así la predisposi­ción de la gestión actual de avanzar en soluciones para este sector.

Habiendo una empresa estatal petro­lera que puede procesar caña de azúcar rentable para cerca de 50.000 fami­lias es inconcebible seguir postergando una solución para el sector. El gobierno actual está en la ruta de encontrar los mecanismos necesarios para impulsar este rubro, que constituye una fuerza económica importante, principal­mente en los departamentos de Guairá y Caaguazú.

Mientras, por cuerdas paralelas hay que insistir en la Justicia para que los responsables del proyecto malogrado asuman las consecuencias. Los inefi­cientes, sospechados de corrupción que han estafado iniciativas sociales no pueden seguir impunes si el desa­fío apunta a la construcción de un país serio y con garantías jurídicas. La Justi­cia tiene que caer con todo el peso de la ley en este y otros casos que ameriten.