Siguiendo con las señales correctas de política económica que lleva a cabo el Gobierno nacional, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo recientemente que el subsidio a los empresarios del transporte público debe reducirse a cero, agregando sobre la necesidad de una reingeniería en el sistema de transporte.
Estas declaraciones vienen a colación por los últimos subsidios de 14 millones de dólares proveídos desde bonos soberanos para las empresas de transporte de pasajeros. Dicha suma se volvió inviable por sus efectos sobre los pasajeros, motivo por el cual –siguió diciendo el ministro– el subsidio debe reducirse hasta su eliminación.
Como se sabe, el subsidio que también lleva por nombre subvención es una forma de ayuda en dinero que el Estado otorga a ciertos sectores, en este caso a las empresas de transporte público, para que con dicha transferencia de recursos el pasaje que paga el usuario sea más bajo. Pero eso no significa que el precio sea el conveniente para todos y que la calidad del servicio se encuentre garantizada.
Así como está establecido en nuestro país a la fecha, la llamada tarifa técnica del sistema de transporte público del Área Metropolitana es la suma del costo del pasaje abonado por el usuario más el subsidio por pasajero pagado por el Estado. Estos contienen otros elementos a considerar como los kilómetros recorridos, precio del combustible, la cotización del dólar, monitoreo del Sistema de Billetaje electrónico junto con los costos fijos en el sector.
Ahora bien, si el pasaje tiene que también convertirse en una ganancia para el prestador del servicio, entonces muchos consideran que no hay otro modo que mantener la compensación externa por parte del Estado. Sin embargo, este análisis contiene errores de orden práctico.
Entre los problemas que contiene aquella aseveración está precisamente la transparencia en el uso de los recursos en forma de subsidios y sobre todo en el respectivo control en el mejoramiento de la calidad del servicio, temas que finalmente quedan rezagados puesto que el sistema de transporte de pasajeros en el país se volvió una forma de privilegio para algunos.
Esto bien se puede demostrar cuando los habitantes de otras zonas del país que no son del Área Metropolitana no cuentan con el mismo apoyo, pero también terminan pagando siderales sumas de dinero sin recibir prestación alguna.
Pero no todo termina ahí. El problema que podríamos denominar mayor y que resulta casi imposible de encontrar una solución (al menos si se continúa con la práctica de siempre) está en que las medidas de subsidios consolidan en el tiempo una forma de oligopolio conformado por empresas de transporte cuyos dueños son finalmente los que van digitando quiénes podrían ingresar en el recorrido correspondiente en complicidad con autoridades municipales. Esto implica que los que reciben el subsidio son los encargados de vigilar sus intereses impidiendo toda forma de competencia en el sector.
El sistema de transporte merece un cambio. Y cuando el ministro de Economía afirma que pese a destinarse cada vez más dinero en el sector no se registran mejoras para el pasajero, pues sus declaraciones son acertadas porque parten de hechos cotidianos.