Un nuevo semblante tiene hoy la Policía Nacional con las inversiones que viene realizando el gobierno central con dotación de medios fundamentales para el ejercicio de sus funciones, principalmente los operativos.

Esto contribuye con la tan ansiada modernización, pero también devuelve la inspiración al plantel de uniformados en todos los niveles y trasmite confianza a una ciudadanía que, viendo las precarias condiciones en la que se movilizaba la institución, poco y nada esperaba de este organismo de seguridad.

Lo que hasta hace poco parecía una utopía y era motivo incluso de burla de quienes buscan el fracaso de este gobierno, sin importar que la ciudadanía sea la más afectada, se va haciendo realidad.

Desde luego, queda mucho por hacer, pero los trabajos iniciales, planes y la ejecución gradual de los mismos son elementales en el proceso de fortalecimiento de cualquier programa, como es en este caso el de la seguridad.

En año y medio de gestión el Gobierno realizó inversiones que totalizan USD 40 millones, según explicó el ministro del Interior, Enrique Riega, que remarcó el volumen importante de recursos en muy poco tiempo como un hecho histórico.

El inicio de este programa de fortalecimiento de seguridad se había dado con los 5.000 nuevos policías egresados en diciembre pasado y que implicó una estrategia clave de mayor presencia de uniformados en sitios sensibles en un periodo de mucho circulante de dinero por las fiestas de fin de año.

Se suman también periódicas incorporaciones de nuevo personal de la Policía Motorizada, conocida comúnmente como Grupo Lince. Los números oficiales socializados a fines del mes pasado hablan de un plantel de 2.000 agentes actualmente con presencia importante de mujeres y que pasan a servir en lugares definidos estratégicamente en todo el país.

El aumento del número de uniformados, un pedido histórico de la ciudadanía permite una Policía más presente en las comunidades y sitios públicos lo que significa que esta institución de seguridad recuperó su existencia en la realidad cotidiana.

Digno de valorar y seguir mejorando son las condiciones en las que ahora prestan servicios estos agentes de seguridad.

Se han dotado a la institución en estos meses nuevo lote de 500 patrulleras, 350 motocicletas y 2.800 radios portátiles de avanzada tecnología, donados por la Itaipú Binacional.

Hace un par de semanas hubo otro anuncio de una próxima dotación de 2.000 celulares que se destinarán a las comisarías, subscomisarías, destacamentos y puestos policiales como parte de la mejora de la comunicación en las filas policiales.

Los recursos disponibles permitieron ya la habilitación oficial del sistema de control de las tobilleras electrónicas (Sindec), el fortalecimiento del sistema 911, así también se pueden citar mejoras dentro del control y monitoreo a través del sistema de georreferenciamiento satelital de las patrulleras, de las motos y de los oficiales, etc.

La inversión en seguridad, en este caso la Policía Nacional es un paso gigantesco que está dando el Gobierno nacional y que debe seguir siendo el rumbo para recomponer la resquebrajada seguridad que en los últimos años se mantuvo con los brazos caídos.

Se está recuperando la moral institucional. La imagen que se había deteriorado tanto hoy mejoró, es alentador ver a un organismo de seguridad en proceso de modernización porque eso trasmite capacidad de respuesta, eficiencia para llegar en el momento que se precisa.

Erradicar la delincuencia no será fácil, hasta puede ser imposible, pero combatirla con los mejores recursos es y debe ser un compromiso de este y todos los gobiernos.

Policías bien equipados y remunerados tienen que ser parte de una política de Estado impostergable, se trata de salvaguardar la vida de las personas.

Muchas de las batallas perdidas ante los delincuentes han sido producto de la desidia y el abandono institucional, llegó el momento de marcar la diferencia a favor de la ciudadanía e intentar disminuir, incluso acabar con la inseguridad.

Corresponde que esta administración estatal continue con inversiones para potenciar los organismos de seguridad, sin importar montos, cualquier costo financiero se justifica cuando se trata de proteger la integridad de la ciudadanía.