La sostenibilidad fiscal guarda directa relación con el Presupuesto General de la Nación, motivo por el cual los gastos rígidos y las deudas impactan sobre aquella deseada sostenibili­dad que consiste en un balance sustentable entre los ingresos y gastos públicos. La estabi­lidad monetaria, por su parte, ha sido un logro importante del país y de este gobierno, que sin sobresaltos mantiene la inflación de un dígito.

En tal sentido, nuestro país tiene a la fecha una importante legislación que no requiere de nin­guna reforma como algunos pretenden, sino de su incondicional cumplimiento. Esta ley llamada “De responsabilidad fiscal”, aprobada en el año 2013, cuyas disposiciones son complementarias a las establecidas en la Ley 1535 “De administra­ción financiera del Estado”, contiene reglas ins­titucionales para garantizar la estabilidad y el equilibro de las finanzas públicas.

El tope del 1,5 por ciento autorizado del défi­cit con relación al producto interno bruto (PIB) posibilita un horizonte a mediano plazo, lo que se corresponde como una señal clara hacia los mer­cados. La certidumbre es fundamental para la colocación de inversiones tanto nacionales como extranjeras.

De hecho, y como desde este espacio editorial venimos pregonando, no hay espacio para alguna duda de índole teórica y práctica para descartar un límite del gasto estatal. Caso contrario, las consecuencias afectarán a la población contribu­yente y llegará incluso hasta la misma estabilidad monetaria, entiéndase el mantener la inflación de no más del 5 por ciento anual como en efecto lo viene haciendo el gobierno del presidente San­tiago Peña.

Ahora bien, el gasto público, aquí en nuestro país o en cualquier otro que se precie de democrático, se halla expuesto a las coyunturas que buscan dar respuestas a las necesidades de la población, llá­mese sobre todo si hablamos de seguridad, educa­ción, salud y obras públicas. Por ende, un aumento del gasto puede ocurrir y corregirse tan pronto como se acomoden los ingresos mediante recursos genuinos. Sin embargo, lo que no debería darse es que los gastos sigan creciendo sin correspondencia a los ingresos sin visos de solución.

Sobre esto último y tomando en cuenta que el gobierno anterior elevó al déficit al 6 por ciento, la actual administración apenas asumió el poder entendió correctamente que su gestión consistía en ir bajando ese déficit para volver a lo estable­cido en la referida ley de responsabilidad fiscal, esto es, al 1,5 por ciento del PIB. En este lapso de tiempo, no obstante, ocurrieron varios hechos de orden interno como externo. Así, en el orden interno tenemos que las deudas contraídas con las vialeras y farmacéuticas ya habían sido com­prometidas en el período anterior, a lo que se suma una caída inusitada de la cotización del dólar, que a la fecha afecta a la recaudación.

Esto último, la caída del dólar, se relaciona a varias causas. Por ejemplo, el contexto inter­nacional de dos guerras está afectando al dólar norteamericano y mucha gente viene al Para­guay con dicha moneda, lo que produce una alta demanda de nuevos productos y servicios; por tanto, con más dólares en el mercado y con un guaraní apreciándose debido al crecimiento de su economía, la consecuencia es lo que hoy se tiene: a seis mil guaraníes cada dólar.

Este escenario tiene impacto sobre la recauda­ción debido a que el ingreso de dinero es menor por la venta de nuestros commodities desde el complejo agropecuario colocados en los merca­dos internacionales, lo que se traduce en menos ingresos para el erario. El gobierno del presidente Peña, al respecto, respondió correctamente a estos escenarios tanto interno como externo. En el orden interno profundizó reformas para la formalización de las mipymes y mediante los controles de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se está bajando la evasión tributaria.

Al respecto, no se puede negar que la informali­dad es alta en nuestro país (y en toda la región de Latinoamérica). Esta se encuentra en el orden del 30 por ciento, cuestión no menor, dado que significa que tanto empleadores y trabajadores, además de unidades de producción y comercio, se encuentran fuera de todo tipo de fiscalidad y control. Ergo, no aportan al erario, afectando los ingresos estatales.

Y con este detalle a destacarse. La informalidad a la fecha está siendo reducida con medidas correc­tas como la mencionada legislación llevada a cabo a iniciativa del Ejecutivo con mejores controles, lo que se tradujo en un aumento de las recauda­ciones en los últimos tres años y sin tener que apelar a ningún aumento de tributos en todas sus modalidades, sean directos o indirectos.

En suma, y como bien ha venido manifestando el presidente Santiago Peña, es preciso conti­nuar fortaleciendo la formalidad, contener el gasto corriente y seguir haciendo crecer la eco­nomía sin apelar a incrementos en los impues­tos, que recaen sobre los contribuyentes y el sec­tor productivo. El crecimiento continuo del país requiere de mantener y cumplir con las reglas institucionales ofreciendo sostenibilidad fiscal y estabilidad monetaria.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, anunció este mediodía en la ciudad de Pilar, que en el marco del proyecto del Corredor Suroeste, están analizando ampliar el trazado de construcción, de tal modo a sumar conexiones que no estaban previstas.

Tras la reunión que mantuvo con el gobernador, Víctor Fornerón y el intendente de Pilar, Fernando Ramírez, Alliana brindó una conferencia de prensa para explicar los alcances del proyecto de Corredor Suroeste cuya financiación será mediante el préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) por un monto de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (286 millones de dólares).

Este proyecto contempla la construcción de 200 kilómetros de rutas asfaltadas y actualmente se prepara el llamado a licitación, que incluirá además el diseño de toda la obra. En este marco, Alliana señaló que están analizando la posibilidad de sumar nuevos trazados para que más ciudades de Ñeembucú y Misiones estén interconectadas.

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“Hoy podemos llamar a licitación el proyecto de inversión, que es lo que va a definir el trazado final, con los puentes que va a tener, las obras de infraestructura, los accesos circunvalatorios que va a tener también la ciudad, para no cruzar por el centro de las ciudades”, explicó.

Al respecto, señaló que en el departamento de Misiones buscarán unir Yabebyry con Panchito López; mientras que en Ñeembucú quieren unir Cerrito con la ruta principal.

“Tenemos el interés de desviar esta ruta un poco y conectar Mayor Martínez con este trazado que inicialmente no estaba contemplado. Todo eso queremos involucrar dentro de este nuevo proyecto. Y bueno, esperemos que no sobrepase el monto que fue asignado por el Gobierno de Japón”, remarcó.

Alliana destacó que gracias a la gestión del presidente Santiago Peña, durante su visita a Japón y el apoyo del Congreso Nacional, se está logrando acelerar en al menos dos años todo este proceso y espera que para fin de año se pueda contar ya con el proyecto de inversión.

“Esperamos que en el primer trimestre o el primer semestre del año que viene ya podríamos tener adjudicada la obra. Y, por supuesto, una vez adjudicada, automáticamente, como es un crédito y la disponibilidad de los recursos es rápida; en el primer semestre del año que viene, el inicio de esta obra”, acotó.

Por otra parte, Alliana destacó que el programa de Gobierno “Plan 1000″, que son recursos importantes destinados a todos los distritos del departamento de Ñeembucú, se están ejecutando las obras en San Juan, Guazucuá, Cerrito y también en Villalbín.

Mientras que en Pilar se puso una pausa, porque ahora en la ciudad se están llevando adelante otras obras subterráneas que implican la rotura de calles, por lo que espera que se terminen primero esas obras para luego ejecutar este plan de asfaltados de calles urbanas.

“Nuestra ciudad hoy realmente no está linda, pero estoy seguro de que va a ser una ciudad hermosa y muy moderna, sobre todas las cosas, porque va a tener desagües pluviales, cloacales, tratamiento de efluentes y obras que no tienen otras ciudades de la República del Paraguay”, mencionó.

Recordó que Plan 1.000 es una inversión de 3 millones de dólares aproximadamente para la construcción de unas 85 cuadras adoquinadas, que beneficiará especialmente a los barrios más alejados del casco urbano, para que todos esos barrios puedan tener accesibilidad y caminos de todo tiempo.

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Es probable que por no haber pade­cido procesos de hiperinflación o de insostenibilidad fiscal pronun­ciada, en nuestro país no sean toma­dos en cuenta estos logros. Se puede decir, incluso, que la estabilidad monetaria al igual que el control del déficit son desconsiderados y las más de las veces se encuentran fuera del debate público. La estabilidad monetaria y la sostenibilidad fiscal, no obstante, son benefi­cios para la población como inversión social, de los que provienen muchos otros.

Ocurre que su contrapartida, la descomposi­ción monetaria y fiscal, implica el deterioro del poder adquisitivo que afecta directamente al dinero. Es de tomarse en cuenta a la ciencia. El galardonado por el Nobel de Economía, Milton Friedman, decía: “La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, esto es, el aumento generalizado de los precios provocado por el aumento de la cantidad de dinero en cir­culación que va mucho más rápido que el creci­miento de la producción.

Lo más interesante de la estabilidad mone­taria y la sostenibilidad fiscal se encuentra en sus efectos sobre las personas, familias y empresas, así como para el mismo Estado ordenando sus cuentas. La estabilidad mone­taria con sostenibilidad fiscal se relaciona con el poder adquisitivo, más tomando en cuenta el escenario de shocks externos como el que tenemos hoy debido a la incertidumbre global.

Del mismo modo, la estabilidad monetaria y la sostenibilidad fiscal, tienden a fomentar los aho­rros y las inversiones. Las familias tienen la posi­bilidad de planificar mejor su futuro. Sobre esto en particular, citemos un ejemplo que en los dis­cursos pasa desapercibido. En efecto, el gobierno del presidente Santiago Peña viene impulsando algo sumamente interesante sobre lo que mani­festamos más arriba.

Con el Programa Che Róga Porã que este gobierno ejecuta, se está haciendo frente al his­tórico déficit habitacional con el que enfren­tamos desde hace tiempo. Este programa está permitiendo que miles de familias accedan a préstamos que antes no podían y de esta manea obtienen su primera vivienda propia.

Por medio de la Agencia Financiera de Desa­rrollo (AFD) se accede al financiamiento para adquirir, construir, refaccionar, ampliar o terminar la primera vivienda, beneficiándose personas físicas sin contar con un inmue­ble propio como garantía hipotecaria, lo que implica un beneficio de carácter social para sectores como los asalariados, profesionales independientes, comerciantes o micro empre­sarios y cuentapropistas.

Solo en este primer cuatrimestre del presente año, más de dos mil cuatrocientas familias han accedido a la casa propia mediante el programa habitacional Che Róga Porã, a lo que hay que sumar otros productos relacionados al pro­grama habitacional con la AFD. Esto es una tras­cendental inversión social.

Lo mismo se puede decir cuando hablamos de un paso trascendental logrado por el gobierno actual en materia de formar y fortalecer el capi­tal humano de los jóvenes. La alianza estraté­gica con Taiwán es el hito más importante del que se conozca en toda la región para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Estamos ante la construcción de uno de los cen­tros de datos de IA más grandes del mundo, la que utilizará energía hidroeléctrica limpia, una oportunidad de desarrollo solo comparado por la construcción en su momento de la represa de Itaipú. Lo mismo se puede afirmar sobre el reciente acuerdo entre el Gobierno y la empresa Tigo en el campo de la tecnología para aplicación de la Academia Global School 42 para la capaci­tación y mejoramiento del talento de los jóvenes estudiantes de nuestro país.

Igualmente, citamos y valoramos el acceso a la tierra para miles de familias campesinas que ahora cuentan con sus títulos de pro­piedad, lo que implica la eliminación de una traba histórica que exigía el alto pago pre­vio en dinero lo que dejaba sin oportunidad a miles de familias rurales.

El Gobierno lleva a cabo una notable inver­sión social hacia los beneficiarios que acce­den a su título de propiedad cumpliendo con el pago en condiciones mucho más accesi­bles que en el pasado, ampliando los plazos de financiación, fortaleciendo el arraigo y el desarrollo en el campo. Esto es un hecho his­tórico. Son 12 mil familias las que accedie­ron a la fecha a sus títulos de propiedad con la gestión eficiente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Indert).

De igual modo agregamos y de acuerdo a los informes del Instituto Nacional de Estadís­tica (INE) se registraron la creación de 120 mil nuevos ocupados en comparación con el mismo período anterior, destacándose que de cada 10 trabajadores, son prácticamente 7 los que se hallan en el sector formal con el incentivo dado por la Ley n.º 7444/ 25 para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Estos ejemplos y otros son la muestra de la envergadura que tiene la inversión social que lleva a cabo el gobierno del presidente Peña, cuyo fundamento se encuentra en la estabilidad monetaria y la sostenibilidad fiscal.

Hoy, la compañía cuenta con más de 1.200 colaboradores directos, de los cuales el 95 % son paraguayos y paraguayas.

Paracel dio inicio a las obras para el polo de desarrollo indus­trial e infraestructuras para la fábrica de celulosa, con el acto de palada inicial reali­zado en el sitio de planta, ubi­cado en el distrito de Paso Horqueta, marcando un hito a nivel país y consolidando la mayor inversión privada en la historia de Paraguay. “Nuestra gente es guapa, vamos a hacer que el nivel de vida de los paraguayos sea el que se merecen”, destacó Blas Zapag, presidente del Direc­torio de Paracel, durante el evento.

El proyecto fue financiado por el Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID) con una inversión de USD 165 millones, como parte de una apuesta integral por el desa­rrollo sostenible, alineado con estándares internacio­nales en materia ambiental, social y de gobernanza. Con­templa la construcción de activos clave como un puerto y terminal fluvial, líneas de transmisión eléctrica, vías de acceso e infraestructura logística para la planta de celulosa de la compañía.

Las inversiones permitirán mejo­rar la conectividad regional, reducir costos logísticos y facilitar instalación de indus­trias en el polo de desarrollo industrial. Flavio Deganutti, CEO de la compañía, señaló que “esta infraestructura tiene un destino claro: alla­nar el camino para la primera fábrica de celulosa del Para­guay. Una planta que trans­formará el eucalipto que ya sembramos en la materia prima del futuro”.

En el evento, se concretó la firma de un acuerdo estra­tégico con el Grupo Sudati, empresa que se integrará al polo de desarrollo industrial de Paracel. Esta inversión, estimada en USD 215 millo­nes, generará más de 2.000 empleos directos e indirec­tos, con inicio de obras pre­visto para 2027 y operación de la primera fase en 2028, marcando un paso decisivo en la consolidación de un eco­sistema productivo en torno al parque.

Para garantizar el abastecimiento de su planta, Sudati llega con una impor­tante inversión en la expan­sión de la base forestal de la región –liderada por Paracel– sumándose al desarrollo de silvicultura. En conjunto, se plantarán más de 30.000 hectáreas adicionales, forta­leciendo aún más la base pro­ductiva de la región.

Sudati, fundada en 1998, es el mayor fabricante y expor­tador de contrachapados de Brasil, con cinco plantas industriales en el sur del país. La articulación con Paracel permitirá generar importan­tes sinergias, optimizando el aprovechamiento integral de la madera y sus subproduc­tos, y fortaleciendo la eficien­cia del modelo productivo. El Polo de Desarrollo Industrial contribuirá a la generación de aproximadamente 7.000 empleos directos e indirec­tos, al fortalecimiento de la infraestructura y a posicio­nar al norte del país como un nuevo polo de desarrollo industrial. En este marco, Per Olofsson, Chairman of the Board, mencionó: “¿Por qué no Paraguay? Este hermoso país tiene todo lo necesario para el desarrollo de indus­trias de clase mundial”.

Hoy, Paracel cuenta con más de 1.200 colaboradores direc­tos, de los cuales el 95 % son paraguayos y paraguayas, el 70 % proviene del departa­mento de Concepción y el 47 % se encontraba en situación de informalidad antes de incor­porarse a la compañía, refle­jando un impacto concreto en la generación de empleo for­mal y desarrollo local.

La compañía dispone de más de 203.000 hectáreas de tie­rras propias, alcanzando 100.000 hectáreas ya plan­tadas en tierras propias y de terceros, bajo los más altos estándares internaciona­les. Cuenta con certificación forestal sostenible FSC® y garantiza un modelo de pro­ducción responsable que inte­gra eficiencia productiva con el cuidado ambiental.

Estuvo el presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, autoridades nacio­nales, representantes del sector privado y del BID, reflejando el respaldo insti­tucional y financiero a una iniciativa estratégica. Peña destacó que “Paracel va a ser uno de los capítulos en la historia del Paraguay”, subrayando el compromiso del Gobierno con la indus­trialización, la generación de empleo y el desarrollo equi­librado del país. Este avance se enmarca en una agenda de desarrollo sostenible y de inversión de largo plazo que contribuye a posicionar a Paraguay como un actor competitivo en la región.