Ciertos sectores políticos y algu­nos medios de comunicación enemigos del Gobierno están tratando de instalar en la opi­nión pública la versión de que el presi­dente de la República está queriendo hacer una reforma constitucional para establecer la reelección presidencial. Cosa que es mentira, pues lo que el man­datario quiere es una enmienda para que todo el dinero que recaudan los munici­pios lo puedan usar para sus gastos.

Como deben encontrar elementos que ayuden a montar esa falsa idea para los ataques contra el Ejecutivo, están haciendo todo lo posible por tergiver­sar las palabras del primer mandata­rio y acomodarlas a sus planteamientos para hacerle daño. A ellos no les importa la verdad, la realidad de lo que acontece, sino atacar con todas las armas posi­bles al enemigo. Esto podría ser entendi­ble en los políticos que están en el juego de oponerse debido a sus intereses par­tidarios. Pero, desde el punto de vista lógico, cuesta admitirlo en los medios de comunicación que se confiesan indepen­dientes, que están obligados a contar y comentar lo que acontece en la vida real, a pesar de las simpatías o antipatías que pudieran ostentar. Si en un accidente de tránsito un camión azul embiste a un camión rojo, no es lícito decir que el de color rojo es el que chocó, aunque el medio de prensa sea de confesión libe­ral, porque no es la verdad de lo ocurrido. Que es lo que están haciendo algunos medios de comunicación.

Cuando fue preguntado por algunos periodistas, el presidente Santiago Peña afirmó que el único propósito que tiene con la enmienda constitucional de que habló es que las municipalidades puedan quedarse con la totalidad del impuesto inmobiliario que recaudan y no solo con una parte, como ocurre en la actualidad. Esto para que las localidades del interior del país puedan tener más dinero para afrontar sus obras y proyectos a favor de sus comunidades.

“No estoy hablando de enmienda sobre reelección”, fue la respuesta contundente del mandatario. Con esta afirmación des­cartó de manera categórica la intención de ir a una Asamblea Constituyente para buscar la reelección presidencial. Lo que deja bien claras sus intenciones y des­miente el interés bastardo de algunos que le quieren endilgar que desea tomar medi­das para que se reelijan a los presidentes.

Los artículos 169 y 170 de la Constitu­ción Nacional establecen qué porcentaje del impuesto inmobiliario que cobran las municipalidades irán a los munici­pios y que ningún otro organismo público podrá quedarse con esas recaudaciones. Ya que todo lo que se perciba por ese tri­buto debe quedar en las comunas y en los departamentos respectivos. Es el único impuesto del país en que no tiene injeren­cia el Poder Ejecutivo ni ninguno de los otros poderes.

El artículo 169 dispone que el impuesto inmobiliario será recaudado por las municipalidades. Que el 70 por ciento de lo percibido en ese concepto se quedará para el municipio que lo recaudó. El 30 por ciento restante tiene otro destino, pues el 15 por ciento irá a engrosar el pre­supuesto del departamento y el otro 15 por ciento restante debe ser destinado a los municipios de menores recursos. Para evitar que a los fondos se les dé otros fines, el artículo 170 de la Carta Magna establece que “ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o des­centralizado, podrá apropiarse de ingre­sos o rentas de las municipalidades”.

Para asegurar que los municipios, que recaudan el impuesto inmobiliario, sean los únicos beneficiarios de la totalidad del dinero percibido es que el presidente Peña habla de realizar la modificación del texto constitucional. Esto para garantizar que las comunas del país puedan recibir más dinero para encarar sus proyectos y llevar adelante más obras a favor de sus respec­tivas comunidades. Nada más equitativo que hacer que el dinero del impuesto que se contribuyó retorne a los que pagaron ese tributo a través de proyectos y reali­zaciones del interés de su comunidad.

En el afán de cuestionar todo lo que hace y propone el Gobierno, algunos secto­res se niegan a mirar la realidad de las municipalidades del país que necesitan más fondos para sus proyectos. Lo más justo es que la plata que los lugareños dieron a través de sus impuestos vuelva a sus municipios para pagar el costo de sus obras.