Un gobierno es legal mediante elec­ciones libres, limpias, universa­les y trasparentes y es legítimo a través del consenso, sostiene un reconocido politólogo de renombre mundial ya fallecido. El consenso no involucra sola­mente a los sectores políticos representa­dos en el Congreso de la Nación, sino a toda la sociedad. Esa legitimidad que nace del ejer­cicio del poder se produce cuando el pueblo percibe que sus demandas son respondidas con rapidez y eficacia, y asume la necesaria obediencia a las autoridades, dentro de un marco de tolerancia, respeto mutuo y obser­vancia de las normas institucionales, aunque ese crédito nunca es para siempre, pues está sujeto a las expectativas generadas por cada reclamo. La gestión unidireccional –vertical, incluso– que desoye las voces de la ciudada­nía y de las organizaciones sociales y parti­darias, aunque dentro de los cánones de la democracia, denota, como mínimo, sesgos autoritarios, por más que, repetimos, la con­ducta esté ajustada a la ley.

Existe una corriente teórica que afirma que el consenso es posible mediante procesos deli­berativos y debates fundados en la racionali­dad que contribuirían para alcanzar enten­dimientos aun en los temas más polémicos, cuando su finalidad apunta al bienestar de la población –preferentemente los sectores económicamente más castigados– y al for­talecimiento de las instituciones, de modo a evitar su uso distorsionado y, al contrario, actúen como organismos de control, traspa­rencia y justicia. En el otro extremo se ubi­can los que sostienen que la controversia es el núcleo vital de la democracia, puesto que una de sus características irrenunciables es la exposición de puntos de vista diferen­tes, contrapuestos, de manera a enriquecer el debate político y escoger las mejores pro­puestas para hacer realidad el bien común, uno de los componentes éticos de este régi­men de gobierno. Alegan, además, que el con­senso absoluto es imposible incluso en aque­llas comunidades más pequeñas, por lo que su aspiración es ampliar sus proyecciones a la mayor cantidad posible de agentes políti­cos, sociales y empresariales. Se construye así una mayoría plural en la cual intervienen diferentes actores de, igualmente, diferentes extracciones.

El encuentro de las distintas bancadas del Congreso de la Nación con el presidente de la República, Santiago Peña, fue un acto aus­picioso y por cuya concreción venimos cla­mando desde que apenas asumió el cargo el pasado 15 de agosto de 2023. Era simple lógica. Acercarse a todas las representaciones políticas para intercambiar opiniones sobre los proyectos que beneficiarían al país y a la gente es un manual básico del buen gobierno. Así lo ha entendido, también, el mandatario. No podemos hablar todavía de consenso, sino de iniciativas que podrían converger en un punto común mediante el discurso reflexivo y las posiciones racionales. De hecho, solo tres representantes dejaron de asistir: uno, por razones de viaje al exterior; otro, del Par­tido Encuentro Nacional (PEN), y la tercera, del Partido Cruzada Nacional (PCN), aunque estos dos con distintos argumentos de justi­ficación de su inasistencia, lo que corrobora que el consenso absoluto es más una aspira­ción que una realidad. Ambos congresistas se pusieron de acuerdo para no asistir, mas no así en cuanto a fundar los motivos.

Otros adversarios radicalizados contra el actual gobierno, sin embargo, entendieron los códigos de la democracia y aceptaron dar la cara. Por ejemplo, la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu (FG), quien declaró –posterior a la reunión– que “no que­remos reuniones solo para fotos; el Ejecu­tivo no puede decir que la oposición no dia­loga”. El otro fue el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), cuyos dirigentes ocuparon altos cargos en la administración de Mario Abdo Benítez. Apeló a la razón cuando manifestó que “el diálogo es la herramienta más poderosa de la política para encontrar soluciones a los pro­blemas de la gente. No obstante, para que sea realmente eficaz debe ser sincero y respe­tuoso”. Y, por último, la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla: “Le dijimos al presidente que pode­mos apoyar sus proyectos, siempre y cuando sean buenos para el pueblo y se nos permita opinar, modificar, debatir, sugerir. Si no es así, siempre tendrán palos de nuestra parte, porque no somos mano de obra barata”.

Hemos trascripto deliberada y textualmente las exposiciones de estos tres representan­tes de la oposición más radicalizada para cer­tificar que, al menos en los discursos, existe buena predisposición para acompañar la ges­tión del Gobierno dentro de las condiciones ya explicadas: respeto, sinceridad, debate y, sobre todo, propuestas que sean beneficiosas para el pueblo. A partir de ahora nos tocará observar el discurrir de los acontecimientos para que la ciudadanía empiece a calificar a los actores que participaron de este encuen­tro que pretende ser el inicio de una fructí­fera relación entre los poderes del Estado, aunque el consenso no siempre sea posible.