A partir de hoy el Congreso Nacional comenzará a estudiar durante los próximos tres meses y medio todo lo que el Estado paraguayo deberá gastar durante el 2025 para proseguir la marcha del país hacia los objetivos que tiene por delante. Para ello, el viernes último recibió el proyecto de ley de presupuesto en que el Gobierno prevé erogar un 14 % más que lo que se tiene previsto durante el presente año para hacer frente a las necesidades más acuciantes y asegurar los logros que tiene previsto alcanzar.
Por su importancia fundamental, el estudio del mencionado proyecto de ley es la tarea más importante que los legisladores tienen entre manos. Porque dar andamiento financiero a todo lo que se quiere desarrollar en el año entrante constituye la materialización del programa de trabajo del Gobierno y el combustible vital para el funcionamiento del portentoso aparato del Estado paraguayo.
En el proyecto de presupuesto se contemplan incrementos en las inversiones para sectores prioritarios de la nación, como la salud, la educación y la seguridad. Esto además del aumento de dinero para dar mayor cobertura a los programas de transferencias destinados a los grupos sociales más pobres.
Como ha señalado el presidente Santiago Peña, el proyecto de presupuesto se ha diseñado con el propósito de poner mucho énfasis en cubrir demandas sociales de larga data, al igual que aumentar las inversiones en seguridad y salud.
Resaltó que se atenderán los requerimientos del salario mínimo docente cuya puesta en marcha se inició en el 2016 cuando era ministro de Hacienda y que quedó trunco a raíz del golpe ocasionado por la pandemia del covid-19. Recordó que también se elevarán las inversiones en defensa y seguridad. En su momento había adelantado que en los próximos cuatro años de su administración prevé realizar inversiones por el equivalente de 500 millones de dólares.
A pesar del incremento anunciado, los números previstos en el plan de gastos están dentro de las disposiciones de los niveles de convergencia fiscal que prevén un máximo del 1,9 % del PIB en el déficit fiscal. De ese modo se estará cerca de alcanzar el máximo de -1,5 % previsto en la ley pertinente y que se había sobrepasado a causa de la pandemia.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que se prevé alcanzar ese aumento debido a las buenas recaudaciones obtenidas durante el presente año. Las recaudaciones de 2025 alcanzarían un 7,5 % más de lo que se estima percibir este año.
Lo importante en el proyecto para el año entrante es que se priorizarán sectores que no siempre han tenido el financiamiento necesario. Así, Educación llevará en el 2025 el equivalente a 309 millones de dólares más que lo asignado para este año, un aumento histórico jamás alcanzado en administraciones anteriores. Por su parte, Salud tendrá el año entrante un incremento de 103 millones de dólares para cubrir el equipamiento de los nuevos hospitales y la contratación de 1.200 profesionales que prestarán servicios en sus dependencias. Esto aparte del aumento de 25 millones de dólares que se prevé para el Instituto Nacional del Cáncer.
Los programas de protección social también tendrán un alto incremento presupuestario, como el plan de adultos mayores que propone 46 millones de dólares para alcanzar la universalización de la ayuda monetaria a los ancianos de acuerdo con las nuevas disposiciones de protección financiera.
Otro de los aumentos importantes es la asignación de 111 millones de dólares más para el Ministerio de Justicia, que se destinarán principalmente al sistema penitenciario.
El Poder Judicial, por su lado, recibirá un adicional de 52 millones de dólares para la ejecución de programas varios, como la creación del Registro Unificado Nacional.
En materia de seguridad nacional, se han previsto los fondos requeridos para incorporar el año entrante a 5.000 nuevos efectivos policiales, además de fondos para el mantenimiento de vehículos y aparatos especiales.
Este es el primer presupuesto estatal elaborado en su totalidad por la administración del presidente Santiago Peña con los énfasis especiales en los sectores más necesitados. Se espera que el Congreso estudie el proyecto de ley con el propósito de mejorar la situación general y de ayudar al bienestar de la mayoría.