En la fecha se cumple el primer año del período de gobierno del presidente Santiago Peña. Desde el primer día el primer mandatario junto con su equipo y miem­bros del Congreso se abocaron a corregir los problemas heredados de la anterior administración poniendo en práctica, al mismo tiempo, las promesas electorales ofrecidas a la ciudadanía durante la cam­paña electoral.

Nadie dijo que sería una tarea fácil ni ins­tantánea. Estamos, sin duda, ante un pro­ceso que se ha iniciado a paso seguro. De hecho, no es tarea de un gobierno ocu­parse de los asuntos privados de las perso­nas. Es de su incumbencia crear las con­diciones para que todas las personas sin distingos de banderías políticas, las fami­lias y las empresas consigan sus objetivos y anhelos en el marco de la Constitución y las leyes.

Esto solo puede lograrse mediante un gobierno serio que sabe de sus objetivos para el establecimiento en nuestro terri­torio de los suficientes capitales naciona­les y extranjeros, ofreciendo incentivos de seguridad y certeza donde impere la jus­ticia sin miramientos personales. En esto consiste el gobierno constitucional de la democracia.

Es llevar a la práctica aquello que la eco­nomía denomina incentivos, esto es, seña­les de certidumbre para volver atractiva la inversión y consecuentemente crear empleos. Y no hay otro modo puesto que las recetas del populismo estatista han fracasado en todas partes. Solo con el aumento del ahorro, la inversión en el marco de la seguridad se puede salir del subdesarrollo como país y conseguir el ansiado ascenso social de una persona.

En tal sentido, la primera tarea del presi­dente Peña y de su equipo apenas asumido el gobierno fue corregir lo que se fue per­diendo en la anterior administración que, en vez de precautelar los intereses del pue­blo, se dedicó a autoatribuirse privilegios desde el mismo Poder Ejecutivo junto con su cofradía de bufones, contradiciendo los fundamentos de toda economía sana que debe imperativamente garantizar el orden en las cuentas fiscales y la estabilidad de la moneda.

Señalamos e insistimos sobre esto último porque ocurrió que la estabilidad fiscal como monetaria se venía descuidando durante el gobierno anterior que no hacía más que causar quebrantos no solo en la función pública, sino también sobre la actividad privada. Si desde el Estado se consiguen ventajas para unos cuan­tos que da lugar a la riqueza mal habida y además se atrasan con el pago de las deu­das públicas contraídas sobresaliendo las licitaciones amañadas en la podredum­bre de la corrupción, todo ello afecta la imagen país y a las posibilidades del cre­cimiento.

Por fortuna, este sendero sinuoso y peli­groso para el erario como para nuestros compatriotas fue revertido desde el pri­mer día del mandato del presidente Peña, y no solo eso, también se avanzó en otras áreas mediante sustanciales cambios.

Se consiguió, entre otros logros, una reforma largamente postergada con la Superintendencia de Jubilaciones, se logró un acuerdo histórico con la tarifa de Itaipú, se aumentó la recaudación con la unificación de Aduanas y Tributación, se creó el Ministerio de Economía, se lanzó el programa Che Róga Porã que beneficia a personas con ingresos de entre 1 y 4 sala­rios mínimos con tasas de interés anual del 6,5 %, y se aprobó la Ley de Hambre Cero para nuestros niños en las escue­las, la política pública más ambiciosa de los últimos treinta años e igualmente –la guinda sobre la torta– se consiguió para el Paraguay el grado de inversión por pri­mera vez en su historia para beneficio de nuestra nación.