Una oficina administrativa del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC, que admi­nistra y aplica sanciones económicas y comerciales a ciudada­nos y empresas de otros países, nue­vamente en estos días dio a conocer medidas injustas y nocivas contra una persona y una empresa privada, el señor Horacio Cartes y la Tabacalera del Este (Tabesa), respectivamente.

Todo empieza con la declaración de significativamente corrupto dis­puesta contra el señor Cartes en julio de 2022, sin que el acusado haya tenido el derecho de ser escuchado ni de defenderse. Luego, en el año 2023, la empresa Tabesa es bloqueada para operar en el mercado norteamericano por ser propiedad de Cartes a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Uni­dos encargada de la “Lista de Naciones Especialmente designados y Personas Bloqueadas”.

De este modo, a un ciudadano para­guayo, expresidente de la República y actual presidente del principal par­tido político del Paraguay (ANR), se le aplican castigos desde una oficina administrativa de un país extranjero violando los principios del derecho así como de la libertad de disponer de lo suyo.

En efecto, la OFAC le exigía al señor Cartes la inmediata transferencia compulsiva del capital de su empresa expresada en acciones, lo que implicó perder a la fuerza sus derechos de pro­piedad en Tabesa. Aún así se proce­dió de ese modo, salvaguardando los miles de puestos de trabajo de fami­lias involucradas directa e indirecta­mente con los negocios del señor Car­tes.

No obstante, y cuando Tabesa decide pagar al señor Cartes por la compra­venta de sus acciones, la empresa es nuevamente sancionada por transfe­rirle el dinero que de manera justa le corresponde al señor Cartes porque según la OFAC se proporciona apoyo financiero a una persona sancionada.

Como se notará, en todo este proceso viciado de ilegalidad e injusticias pre­valecieron las leyes de otro país, no las nuestras, las que los paraguayos en nuestra Constitución y en este caso concreto el Código Civil adoptamos como parte de nuestro orden jurídico.

Estamos ante una grave intromisión en nuestros asuntos internos como país, además de la injusticia y daños provocados a un ciudadano paraguayo y a una empresa legalmente consti­tuida que contribuye con empleos así como con tributos para el Estado.

Consideramos que el Gobierno nor­teamericano tiene el derecho de sal­vaguardar sus intereses en su terri­torio y más allá del mismo siempre y cuando existan tratados internacio­nales que garanticen el debido pro­ceso para establecer sanciones a un ciudadano que no es parte de su país y se disponga de nuestro orden jurídico interno garantizando el uso y dispo­sición de la libertad y la propiedad del acusado.

Pero mientras no exista debido pro­ceso, se pase por alto nuestra legisla­ción nacional y se apliquen leyes forá­neas en nuestro territorio nacional, pues todo lo que se haga no será de derecho y mucho menos de justicia, y es exactamente lo que está sucediendo con el señor Cartes y la empresa Tabesa.