Hoy, lunes 20 de mayo, tenía que haber comenzado la huelga de un vasto sector del transporte público de la zona capitalina y aledaña, que está extorsio­nando al Gobierno por nuevas ventajas económicas. A raíz de las últimas conver­saciones, los transportistas decidieron postergar el paro por veinte días, a ver si consiguen sus objetivos de que se les otor­gue más regalías, como las que ya vienen usufructuando.

Fuentes del Gobierno que están en el tema han señalado que no tiene sentido la medida extrema que están queriendo lle­var a cabo porque conversando se están solucionando las diferencias y los pagos de los subsidios se están actualizando en más del 90 %. Pero el sector transportista invo­lucrado sigue exhibiendo la amenaza del paro como un gran garrote contra la gente.

Para enfrentar esta realidad, urge poner en vigencia nuevas normas, con medi­das que ayuden a alcanzar la eficiencia y mejoren sustancialmente el transporte de pasajeros.

No se necesitan solamente nuevas leyes, que muchas veces son muy buenas, pero que no se las lleva a la práctica como corresponde. El país, especialmente el Área Metropolitana de Asunción, el departamento de Central y zonas cerca­nas, requieren un sistema diferente que se centre en el buen servicio y la seguri­dad de las personas, que son los pasajeros que con su dinero dan vida y utilidades a las empresas de transporte. Un modo que esté pensado en los requerimientos de la ciudadanía y no como un método dise­ñado solo para cumplir las exigencias monetarias de las empresas.

La experiencia demuestra que la sola promulgación de las leyes no sirve para mucho porque terminan siendo olvidadas en la práctica en que imperan el mal ser­vicio, el trato humillante y el desamparo de los que viajan en los buses. Es necesa­rio y urgente un cambio radical.

La reforma del transporte urbano y suburbano de pasajeros debe centrarse principalmente en el buen servicio a las personas, que es el gran déficit que se tiene. Muchas de las empresas de trans­porte no consideran la comodidad y el bienestar de los que utilizan sus servi­cios, sino solo las utilidades económicas que perciben. Como ocurre con el gre­mio que actualmente está extorsionando al Gobierno para alcanzar más ventajas financieras, sin importarle mejorar el ser­vicio a sus clientes.

Aquí hay que insistir y lograr que se impongan la buena práctica y el servicio adecuado a los pasajeros del transporte público. Para ello faltan no solo normas contundentes que consoliden y hagan efectivas las garantías, y que castiguen a los infractores, sino fundamentalmente sistemas y prácticas sólidas que impidan el maltrato y faciliten la cortesía hacia el usuario. Tal como ocurre en ciuda­des y países donde la calidad del servicio público es altamente buena e impensa­ble la desconsideración, muy corriente en gran parte de nuestro país.

Hay que reconocer que, así como existen empresas que prestan malos servicios y son descorteses con las personas, tam­bién hay compañías que se destacan por su nueva mentalidad, y que ofrecen mejor trato y seguridad. Casualmente, varias de esas entidades no están en el gremio de las empresas que están extorsionando ahora. Son las que prefieren seguir traba­jando y apostando al diálogo con las auto­ridades en lugar de recurrir al chantaje. Que es lo que corresponde hacer entre entidades civilizadas y que no se dejan lle­var por el extremismo de la coacción y la amenaza de hacer daño causando perjui­cios a los ciudadanos.

El Gobierno debe aprovechar esta opor­tunidad para realizar una profunda modificación en el sistema de transporte de pasajeros, que debe incluir todo tipo de medidas. Como, por ejemplo, la uti­lización de buses eléctricos con incen­tivos especiales, la inclusión de nuevas empresas para mejorar la oferta de servi­cios con exigencias de mayor calidad en el trato y el castigo a las que cometen malas prácticas en su servicio de transporte. Que entre las condiciones que se pidan, aparte de las cuestiones relacionadas con los reglamentos de paradas, itinerarios y demás, se exija de manera terminante la mejora sustancial en el trato a las per­sonas, que debe incluir la opinión de los usuarios. El buen comportamiento con los pasajeros debe ser la condición pri­mera y fundamental para otorgar la licen­cia del transporte público.