Una desgracia que tristemente vino expandiéndose de manera silenciosa, con la complicidad de una sociedad indiferente y gobiernos incapaces, es el abuso sexual infantil en menores, niños en edad escolar, que hoy alarma con elevadas estadísticas.

Es una realidad que como sociedad todos somos responsables y todos nos hemos aplazado en concienciar sobre una situación que fue creciendo al punto de que las instituciones encargadas del tratamiento y castigo del daño se ven rebasadas con miles de casos.

No debe ser una simple retórica comunicacional, debe ser una actitud asimilada la de velar por la integridad de nuestra población infantil. Tras años de esquivos a un problema que hoy día tomó fuerza, urgen estrategias de concienciación que calen hondo sobre la situación, esto en paralelo a planes de contingencia como de prevención que hagan frente a la monstruosidad en vigencia.

El reciente caso sucedido en Lambaré que mediante videos de circuitos cerrados se pudo visualizar cómo un menor es inducido y forcejeado a ingresar a un vehículo en el que ya desconoce qué daño pudo haberse perpetrado volvió a conmocionar a la ciudadanía entera. Casos como el mencionado nos refriegan lo osado del problema que se expande sin mayores inconvenientes lo que amerita rápidas respuestas.

El Gobierno lanzó en estos días una campaña bastante incluyente en la que invita a toda la sociedad a inmiscuirse en el combate contra este mal. Una iniciativa acertada que sin lugar a dudas requerirá varias tácticas en el objetivo de despertar la empatía de la masa hacia la terrible situación, pero nada es imposible si se coordinan los esfuerzos de todos los sectores.

De hecho, la importancia de tomar en serio el flagelo de los abusos sexuales a menores no solo se resume en la labor de concienciación, se necesitan recursos, importantes inversiones en la dotación de profesionales, tecnología, etc., a las instituciones pertinentes.

Precisamente, uno de los grandes estanques que sufre la lucha en la persecución a los depravados y personas con altos desequilibrios mentales es la ausencia de profesionales acordes a los números de casos que se reportan, por ello, es impostergables atender los cuadros de violencia en alza.

En el primer trimestre de este año 2024 desde el Ministerio Público reportaron la apertura de 714 causas por hechos punibles de abuso sexual en niños. Desde el ente investigador subrayan que estos números pueden ser aún mayores considerando los casos que no se denuncian ante la Fiscalía.

Sumando la cifra hasta marzo pasado, a las de los años 2022 y 2023, las estadísticas suben a 10.800 causas por abuso sexual en niños en los últimos tres años, alertaron desde el Ministerio Público en estos días.

Estiman que unas 10 denuncias por día ingresan a la Fiscalía y que el 90 % de las víctimas sufren abuso sexual en sus respectivos entornos familiares, lo que dificultan las investigaciones y los castigos que corresponden debido al vínculo que en muchos casos pasan por encima de la ley.

Los investigadores hablan de que el departamento Central encabeza el registro donde ocurre la mayor cantidad de abuso sexual en niños, además de Asunción, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú.

Estamos en un contexto muy sensible de convivencia de ideas, opiniones, modos de vivir, inclinaciones diferentes y este escenario resulta más complejo. Por ende, la solvencia aptitudinal que se requiere debe ser altamente destacada en el tratamiento de la problemática.

Sin embargo, pese al enorme desafío, al complicado contexto y a las limitaciones de recursos las ejecuciones de planes más agresivos que incentiven a erradicar los casos de abuso en menores ya no deben esperar.