El Arancel Cero en las uni­versidades paraguayas ha sido sin dudas una de las grandes conquistas para el estamento terciario; se diría que es hasta una medida revoluciona­ria en el ámbito educativo de un país con claros déficits en ese seg­mento, un beneficio que no conta­ban generaciones de paraguayos anteriores.

Su origen y fundamento entonces se remonta a la visión de un Para­guay que reconoce en la educa­ción un pilar fundamental para el desarrollo social y económico. Se originó como respuesta a la necesi­dad de ampliar las oportunidades de formación académica de cali­dad para todos los paraguayos, sin importar su situación económica, aunque con énfasis en aquellos sec­tores más vulnerables.

Esta política refleja un compromiso gubernamental con la inclusión y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Al eliminar los aranceles, se eliminan barreras financieras que podrían haber limitado el acceso de muchos jóvenes a la universidad. Además, fomenta una cultura de meritocra­cia, donde el ingreso a la universi­dad se basa en el mérito académico y no en la capacidad económica.

De allí el convencimiento del gobierno de Santiago Peña de mantener un beneficio que favo­rece a unos 60 mil estudiantes de las instituciones públicas. La Ley de Hambre Cero en las Escuelas no pretende desfinanciar ni dejar desguarnecido a los futuros pro­fesionales paraguayos, simple­mente darles un reaseguro de que teniendo como base los recursos del Tesoro, estos poseen un doble cerrojo y no la limitación anterior.

En cuanto a la seguridad de los fon­dos para sostener esta medida, el presupuesto nacional desempeña un papel fundamental. Los recur­sos destinados a la educación supe­rior se aseguran mediante asigna­ciones presupuestarias específicas que garantizan la sostenibilidad a largo plazo del Arancel Cero. Esta asignación demuestra un compro­miso continuo del Estado con la educación y el desarrollo humano, priorizando la inversión en capital humano como motor de progreso y desarrollo social.

Las facultades que integran la Uni­versidad Nacional de Asunción (UNA) realizan un paro adminis­trativo y académico como medida de presión ante las autoridades que no solo han mostrado el debido interés y seriedad al caso, sino que además impulsaron un diálogo franco y directo con el estamento universitario.

La reunión realizada ayer martes en Mburuvicha Róga, donde parti­ciparon diversas representaciones gremiales, es la fórmula para alcan­zar acuerdos. Si bien la medida de fuerza se mantiene, las bases echa­das ayer martes por las autorida­des y el compromiso demostrado en lograr un decreto reglamen­tario que satisfaga las demandas estudiantiles están en la senda correcta.

El compromiso que asume el Estado se basa en puntos sencillos, pero muy concretos: asegurar que el programa Arancel Cero como un gasto prioritario del Estado; que el plan financiero que la rige no tenga tope y que el plan de caja mensual respete el plan financiero. Y, por último, asegurar que los saldos que queden mensualmente sean migra­dos de manera automática al mes siguiente.

Son propuestas concretas que ahora el Consejo Superior Uni­versitario, pese a la resistencia de algunas facultades, deberá anali­zar en su seno y tomar una deter­minación: volver a clases o seguir la paralización.

Sin temor a equívocos, ambas leyes, la de Arancel Cero vigente, así como la flamante Hambre Cero en las Escuelas son acciones que representan un paso significa­tivo hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde el acceso a la edu­cación no sea un privilegio, sino un derecho fundamental para todos.