En un país donde rige el estado derecho debe primar la institu­cionalidad por encima de las dife­rencias, de los intereses y más aún en un contexto en el que Paraguay necesita recuperarse de los desastres que los ago­bian. Más aún en el ámbito de la justicia es primordial que los estamentos trabajen con absoluta libertad y no condicionados a las agendas políticas ni mediáticas aliadas a estos grupos de poder.

La imputación con la que esta semana sor­prendió la Fiscalía al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y a una cua­drilla de sus excolaboradores que toma­ron instituciones sensibles de control para espiar al expresidente de la República y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, sacudió a los afectados, pero generó la rápida reacción de defensa de los medios amigos de siempre.

La indisimulada y férrea defensa gestada desde algunas corporaciones mediáticas que, al parecer quedaron bastante pegadas al abdismo acudió al conocido sistema de filtraciones, en este caso de unos supuestos WhatsApp entre el abogado de Cartes y el fiscal de la causa.

El intento desesperado apunta a redireccio­nar la tormenta hacia el presunto manejo que ejercía el profesional sobre el funcionario del Ministerio Público, válido para cada persona o como en este caso un grupo de comunica­ción identificado con un sector. Lo que no es válido, es pretender someter bajo presión a una institución tan importante como es la Fiscalía, por sus supuestos filtrados.

El fiscal general del Estado fue claro en sus expresiones sobre el tema. El debido pro­ceso debe continuar, no se puede acelerar las cosas por la desesperación de un grupo de medios que a toda costa buscan desacre­ditar el trabajo de investigación y la imputa­ción para sacar del problema al expresidente amigo, Abdo Benítez.

Ya la máxima autoridad del Ministerio Público anunció el inicio de una investiga­ción sobre las supuestas conversaciones, por cierto, negadas por el abogado denunciante lo que aun genera más dudas sobre la vera­cidad de los chats. Incluso se los apartó a los agentes de investigación que iniciaron la pesquisa en resguardo del proceso.

Nos hemos acostumbrado en estos últi­mos años a la domesticación de la opinión pública por parte de los grandes grupos empresariales de comunicación que histó­ricamente se adueñaron de la verdad. Hoy la situación es un tanto diferente, pero algunos holdings no se han resignado a la diversidad del pensamiento, sobre todo a las preferen­cias hacia políticos a los que no están alia­dos y no se resignan a dejar de lado la agenda insistiendo en ejercer influencias sobre las gestiones de las instituciones públicas.

Por encima de las agendas, la simpatía y los intereses está la institucionalidad de la República. No se trata de censuras ni baja­das de decibeles en el rol de la prensa, sino de evitar imponer los caprichos y los objetivos sectoriales con hostigamientos que rayan el chantaje en algunos casos.

El Ministerio Público necesita trabajar con libertad, no puede adherirse a imposiciones, más aún cuando se tratan de supuestos. Los afectados en este sonado caso, denunciante y denunciados están en su derecho de defen­derse y reclamar lo que consideren injustos y estos procesos deben darse en la jurisdic­ción fiscal, blindado de todo tipo de narrati­vas contaminantes.

Si se presentaron evidencias sobre el bas­tardeo de instituciones sensibles de control financiero como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público consideró una imputación por los daños causados, son los afectados quie­nes deben defenderse conforme al proceso.

La manipulación de los entes estatales es un perjuicio para todos, como ciudadanía debe­mos ser los primeros interesados en que continúen las investigaciones para dilucidar verazmente el caso que es de público conoci­miento fue una herramienta de campaña en las últimas elecciones. En la medida que se reconfirme o se refute la imputación fiscal en el marco de un juicio transparente, sin interferencias y con garantías se llegará al fin de la cuestión.

Es sano incluir elementos de defensa, pero intentar someter con estos a los órganos intervinientes es totalmente improcedente. El Estado debe proteger sus instituciones y los grupos de poder respetar el trabajo de las mismas.

Colaboremos con la Fiscalía, pero en el marco del respeto a su autonomía es la única forma de hacer justicia.