Los intendentes municipales tienen que poner todo el empeño para cumplir la normativa que prohíbe la proliferación de máquinas tragamonedas en comercios, veredas, espacios públicos y demás sitios prohibidos, y que constituye en el otro flagelo de las adicciones que expone a la ciudadanía, principalmente a los más vulnerables como los menores de edad.
Por la falta de reglamentación, mucho tiempo muchas ciudades y espacios públicos se tornaron cancha libre para la avalancha de máquinas tragamonedas que han cautivado en el vicio de las apuestas a muchos adultos; en el caso de los adolescentes y niños caen en la adición conocida como ludopatía. Sin embargo, en diciembre pasado, el presidente de la República firmó el decreto 938/2023 por el cual se reglamenta la Ley 6903/2022, “que establece medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”, es decir, estos aparatos ya no deben estar a la vista de los menores.
Estos juegos deben funcionar en lugares habilitados por las municipalidades, sitios adaptados a normas de seguridad con la prohibición del ingreso a menores.
Desde la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) vienen insistiendo en el cumplimiento de la normativa que prohíbe la exposición de estas máquinas en espacios públicos y al alcance de los niños avisando de los controles e intervenciones en proceso. Incluso dieron un tope para procedimientos con medidas drásticas hasta el 8 de febrero pasado.
Los plazos fenecieron y los intendentes como los funcionarios responsables de cada municipalidad que se deben a la ciudadanía tienen que acatar la normativa sin contemplación de quienes infringen las disposiciones. Si no son capaces de proteger a sus comunidades de este vicio de las apuestas, deben ser sancionados y dar un paso al costado.
Es sabido el tremendo daño psicológico, social y económico del flagelo de las adicciones producto de la expansión indiscriminada y uso descontrolado de estas máquinas. Expertos señalan los cambios en los hábitos que generan la manipulación desmedida de estos aparatos en la vida de las personas siendo tremendamente dañinos en menores por la pérdida de la noción del tiempo, interferencia en la conducta y se considera que es una de las principales causas de la deserción escolar por las dificultades en el aprendizaje y la violencia que propicia.
En lo económico, estudios estiman multimillonarias cifras que se mueven en negro detrás de este negocio que es considerado clandestino, pero que se explota a todas luces. Lastimosamente la reglamentación llegó tras años de copamiento de estas máquinas de las avenidas y lugares públicos de manera invasiva, sin protección a la población vulnerable; sin embargo, no es argumento para seguir postergando el cumplimiento de las leyes.
Las ciudades, a través de sus administraciones municipales, necesitan un ordenamiento en este aspecto de los juegos de azar. No se puede inducir a los más desprotegidos a las adicciones mediante estas máquinas que prácticamente hipnotizan a los usuarios.
Las instituciones pertinentes deben actuar de oficio. La Conajzar asume una enorme misión y tiene que avanzar en una coordinación estratégica de procedimientos que involucren a las diferentes entidades, principalmente con el Ministerio Público, para caer con todo el peso de la ley a los transgresores.
La demora en el cumplimiento de las normas que prohíben la exposición de los aparatos en sitios no habilitados arriesga mayor especulación en el negocio en negro y que funcionarios desleales sigan haciendo la vista gorda a estas máquinas que inundan ciudades.
La adicción por las apuestas es indudablemente otro de los flagelos causante de muchos males que afectan a la sociedad y que de manera impostergable se debe atacar, para ello existen los recursos legales pertinentes.