Leyes claras y precisas para los cargos de confianza
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Todos los cargos de confianza en el Estado deberán estar definidos y delimitados por la ley y no por decretos reglamentarios ni por resoluciones del Poder Judicial o por actos administrativos del Congreso de la Nación. El artículo 47 de la Constitución Nacional, en el Capítulo II, señala expresamente que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República”, en su numeral 3, “la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad”. Y añade en el artículo 101: “Todos los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país. Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos. La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios, las que, sin perjuicio de las otras, son la judicial, la docente, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la de servicio civil, la militar y la policial”. Es la Ley 1626/2000 “De la función pública”, la que sustituye a la 200/1970, la que incorpora la figura de los “cargos de confianza”.
La citada disposición legal, en su artículo 1.º, no admite ambigüedades: “Esta ley tiene por objeto regular la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza, el contratado y el auxiliar, que presten servicio en la Administración Central, en los entes descentralizados, los gobiernos departamentales y las municipalidades, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la banca pública y los demás organismos y entidades del Estado. Las leyes especiales vigentes y las que se dicten para regular las relaciones laborales entre el personal de la administración central con los respectivos organismos y entidades del Estado se ajustarán a las disposiciones de esta ley, aunque deban contemplar situaciones especiales. Entiéndese por administración central los organismos que componen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, sus reparticiones y dependencias”.
Esta última parte es fundamental, y la repetimos para los legisladores que están trabajando en nuevas normas jurídicas sobre el particular, pues, en la percepción generalizada y por la experiencia cotidiana, pareciera que solo rige para el Poder Ejecutivo. Debemos hacer la salvedad –la propia ley así lo determina en su artículo 2.°– que en este apartado no se incluyen, entre otros, a los que ocupan cargos de representación popular, los magistrados del Poder Judicial, el controlar y el subcontralor, el defensor del Pueblo y el defensor del Pueblo adjunto, los miembros del Consejo de la Magistratura y el fiscal general del Estado y los agentes fiscales. Es en el artículo 8 de la Ley 1626 donde se precisarán algunos ajustes o, en su defecto, establecer nuevas disposiciones jurídicas para llenar las lagunas en cuanto a “cargos de confianza y sujetos a libre disposición”, puesto que del inciso a) al e) se enumeran únicamente funciones estipuladas dentro del Poder Ejecutivo.
Los promotores y redactores de las nuevas leyes, que están proyectando en el Congreso de la Nación para controlar el nepotismo y establecer el servicio civil, deben ser muy puntillosos respecto a la legislación ya vigente para no caer en contradicciones que abonen la multiplicidad de interpretaciones. Sobre todo, a la hora de reglamentar los cargos de confianza en los poderes Legislativo y Judicial. Además, no les faltarán materiales de consulta, puesto que la literatura jurídica al respecto es abundante y respetable: Miguel Ángel Pangrazio, Salvador Villagra Maffiodo, Javier Parquet Villagra y Néstor Fabián Suárez Galeano, entre otros. Todos concuerdan en que los cargos de confianza tienen categoría de “reserva de ley”. En los casos de funcionarios con estabilidad que pasan a ocupar un cargo de confianza, según el artículo 9 de la Ley 1626, el afectado podrá optar por volver a su antiguo puesto o recibir la indemnización prevista para los despidos sin causa.
Fue durante el gobierno de Horacio Cartes que se estableció la modalidad del concurso para ingresar a la función pública, incluyendo a la empresa hidroeléctrica Itaipú Binacional. Mas, en los últimos cinco años, Mario Abdo hizo tabla rasa de ese mecanismo regulador de la meritocracia. Y hasta estableció requisitos conforme al perfil de sus favoritos, parientes y protegidos. Es tiempo de volver a la normalidad. Se debe delimitar claramente qué son cargos de confianza en los otros poderes del Estado (en el Ejecutivo está bien señalado), incluyendo a los “famosos” asesores. No se puede seguir con nombramientos hechos a la bartola. Las exigencias deben observar una formación académica de acuerdo con la función a desempeñar. Pero, ¡cuidado!, en el caso de la selección de personal por vía del concurso tampoco se podrá evitar que los familiares participen, pues se estaría violentando el artículo 47, numeral 3, de la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad de oportunidades. Y es ahí donde cabe perfectamente la precisión del presidente Santiago Peña. Mucho peso tendrán la moral y la ética de los involucrados. Por ello, insistimos, no se trata de legislar a las apuradas, por presión mediática. Se trata de legislar con inteligencia, prudencia y sabiduría. Y, principalmente, con espíritu de justicia.
El encuentro busca resaltar la importancia de la protección de los derechos ciudadanos en un mercado cada vez más dinámico y desafiante. Foto: Gentilza
Paraguay será sede de la VI Conferencia Internacional de Protección al Consumidor
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La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) anunció la realización de la VI Conferencia Internacional de Protección al Consumidor, que este año lleva como lema “La defensa del consumidor como motor del desarrollo social”. El encuentro busca resaltar la importancia de la protección de los derechos ciudadanos en un mercado cada vez más dinámico y desafiante.
El evento se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre de 2025, de 08:00 a 12:00, en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay. La participación será gratuita, aunque con cupo limitado, por lo que se requiere preinscripción a través del portal oficial www.sedeco.gov.py.
Durante la presentación, la ministra secretaria ejecutiva de Sedeco, Abg. Sara Delia Irún Sosa, destacó que la defensa del consumidor “no es solo un derecho, sino una condición esencial para el desarrollo económico y social del Paraguay”. En ese sentido, subrayó que la conferencia busca promover un mercado más justo y transparente, con consumidores responsables y proveedores comprometidos.
El programa contempla la exposición de experiencias regionales y locales que servirán de referencia para fortalecer el marco de protección al consumidor en Paraguay. Entre ellas se abordará el caso de El Salvador, con su reforma legal e institucional; las acciones colectivas en Chile, como herramienta para resolver problemáticas comunes; y el proceso de modernización de la normativa paraguaya, adaptada a los nuevos desafíos del mercado.
Asimismo, se presentarán jurisprudencias destacadas en Sedeco, que marcan precedentes en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Estos casos reflejan cómo la institución avanza en garantizar mayor seguridad jurídica, confianza en el mercado y responsabilidad empresarial.
Con esta VI edición, Sedeco busca consolidar un espacio de reflexión y cooperación regional, generando propuestas que fortalezcan la protección de los consumidores y contribuyan al desarrollo social y económico del país.
Reformas y creación de entes eficientes marcan dos años del gobierno de Peña
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Juan Marcelo Pereira
juan.pereira@nacionmedia.com
A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, quetiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
El programa Hambre Cero en las Escuelas es una de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Santiago Peña. Foto: Gentileza
Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
El Instituto de Previsión Social (IPS). Foto: Jorge Jara
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud en el que se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Los emprendedores comienzan a caminar hacia la formalidad. Foto: Matías Amarilla
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
El gobierno de Santiago Peña, apunta al fortalecimiento de las mipymes. Foto: Archivo
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursosfinancieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden a:
IPS
la Caja Fiscal
la Caja Municipal
la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Ande
la Caja de Itaipú
la Caja Ferroviaria
la Caja Parlamentaria
la Caja Bancaria
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), una de las principales instituciones creadas bajo el gobierno de Santiago Peña. Foto: Gentileza
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la ley que establecemedidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
Dos años del gobierno de Peña: marcado por reformas y creación de entes eficientes
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Juan Marcelo Pereira
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A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsados por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, quetiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
El programa Hambre Cero en las Escuelas es una de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Santiago Peña. Foto: Gentileza
Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La Ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la Ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley se establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
El Instituto de Previsión Social (IPS). Foto: Jorge Jara
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud donde se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Los emprendedores comienzan a caminar hacia la formalidad. Foto: Matías Amarilla
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la Ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La Ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La Ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
El gobierno de Santiago Peña, apunta al fortalecimiento de las mipymes. Foto: Archivo
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursosfinancieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden al IPS, la Caja Fiscal, la Caja Municipal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Itaipú, la Caja Ferroviaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria.
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), una de las principales instituciones creadas bajo el gobierno de Santiago Peña. Foto: Gentileza
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta Ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: El denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la Ley que establecemedidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La Ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran operar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio. Foto: Matías Amarilla
Transporte público: nueva ley apunta a mejorar calidad, control y accesibilidad
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El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Reforma Estructural del Transporte Público, en el marco del paquete de reformas que plantea el Ejecutivo al Congreso nacional. Con esta propuesta apunta a un sistema “más justo, moderno y digno para todos”, enfatizó la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, durante la presentación.
Mencionó que, con ello, se busca dejar atrás un modelo que expulsa usuarios y avanzar hacia un servicio que recupere la confianza ciudadana. La presentación se realizó en Palacio de Gobierno, con la presencia de diversas autoridades. “El transporte debe crecer con la sociedad, evolucionar con sus necesidades y mantenerse vivo”, remarcó.
La ministra Centurión afirmó que se trata de una reforma trascendental para el transporte público. Señaló que la propuesta remitida al Congreso Nacional impulsa una reforma largamente anhelada, profundamente necesaria y absolutamente impostergable.
“La reforma comienza por un Estado fortalecido, con reglas claras y una gestión moderna”, subrayó. Al tiempo de resaltar que es una iniciativa para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.
El presidente de la Republica, Santiago Peña, insistió en su pedido a los legisladores de la Nación, para que le den celeridad en su tratamiento en el ámbito parlamentario.
“Esto nos dará la posibilidad, de contar con la herramienta lo antes posible, porque la aprobación de la ley va a ser el inicio del proceso, de una reforma que llevará su tiempo”, explicó el mandatario.
La ministra de Obras, Claudia Centurión, afirmó que se trata de una reforma transcendental para el transporte público. Foto: Gentileza
Componentes de la legislación
Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran operar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.
Asimismo, promueve la competencia para elegir a operadores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraestructura.
Ahora, con esta ley se separan los contratos:
Operación; empresas especializadas en prestar el servicio de transporte y encargada de toda la dinámica de la operación y mantenimiento de buses.
Flota: empresas encargadas de proveer con un modelo de financiamiento que propicie la inversión privada en flota.
Infraestructura: empresas responsables de terminales, paradas y depósitos
A tal efecto se exigirá una flota moderna, segura y accesible, se controlarán las frecuencias para que la ciudadanía no tenga que esperar mucho tiempo en las paradas.
Otro de los puntos que contempla la propuesta, es la creación de un fideicomiso que administrará los fondos del sistema, incluyendo los subsidios con transparencia y trazabilidad. Asimismo, se gestionará un sistema tecnológico en tiempo real para el control de la calidad del servicio en favor de los pasajeros.
Establece tarifas justas y con beneficios, en ese contexto se busca proteger el bolsillo del usuario con pasajes accesibles; habrá beneficios para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Se promoverá una tarifa integrada, es decir el pasajero podrá tomar distintos buses, pagando un solo pasaje, en el lapso de un tiempo determinado. Así también, contempla la creación de sistemas digitales para saber dónde se encuentran los buses, cuanto van a demorar y cómo llegar más rápido.
Implementación gradual
En otro momento de su intervención, la ministra Centurión sostuvo que la implementación de la reforma será gradual y transitoria, con avances sostenidos hacia un nuevo sistema de transporte más eficiente.
Como medidas inmediatas, mencionó la ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.
La secretaria de Estado insistió en la necesidad de custodiar esta transformación en el tiempo, evitando retrocesos en políticas que impactan directamente en la vida de las personas.