A días de cumplirse cinco meses de la asunción del presidente Santiago Peña al frente del Ejecutivo Nacional se han llevado a cabo varias medidas de efectos positivos sobre la población en general.
La gestión presidencial ha resultado sensata y coherente. Se destacan entre otros la lucha frontal contra el contrabando que tanto daño hace al productor nacional de tomates y a los comerciantes en el campo y la ciudad, sumado al alivio que representa para la recaudación por el control de la evasión impositiva.
Igualmente, las medidas para el descenso en el precio de los combustibles significan una importante contribución para los ingresos de las familias, pues toda la cadena de ventas y compras se halla relacionada con el precio del combustible.
Igualmente, las medidas de reducción en el precio de los combustibles en cuatro ocasiones que dio a conocer el presidente Peña, como también la disminución del precio en el gas de uso doméstico, significan contribuir con los ingresos de las familias, pues la cadena de ventas y compras se relaciona con los combustibles y el gas cuyo impacto recae en los hogares de las familias paraguayas.
No menos importante es la iniciativa presidencial remitida al Congreso del proyecto de ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones.
Esta iniciativa aprobada por el Congreso, pese a los impedimentos de una oposición política que nada ofrece a la ciudadanía, fue en estricto cumplimiento de la Constitución Nacional en su artículo 95 y luego de más de treinta y un años (31) de haberse aprobado nuestra ley fundamental.
Es de destacarse que asumido el gobierno, el presidente Peña se ocupó con los miembros de su gabinete a enviar una señal positiva a los mercados mediante una reducción importante de la inflación que, por cierto, se encontraba durante el gobierno anterior de Marito Abdo en plena etapa de destrucción del valor de la moneda.
El gobierno anterior dejó como herencia una pesada carga en el déficit fiscal muy superior al 5 por ciento, así como prácticamente la pérdida de la estabilidad monetaria cuando se perdió la inflación de un solo dígito.
Este hecho por lo visto le tenía sin cuidado al gobierno del señor Abdo Benítez. Prefería seguir con las licitaciones amañadas y adjudicaciones de obras públicas otorgadas a sus amigos, leales y parientes en directo perjuicio de las finanzas sanas o lo que es lo mismo dañando a la gente en su poder de compra de la canasta familiar.
Como administrador del Estado, el presidente Peña se preocupó y ocupó del poder adquisitivo de la gente que junto con el Banco Central llevan una política correcta de no emitir dinero sin respaldo y de terminar con el despilfarro del gobierno anterior.
Por supuesto, semejante tarea no resulta fácil. La inercia destructiva del señor Abdo y de su equipo en su momento colocó el virus de la riqueza mal habida y de la “repartija” de dinero y privilegios, acompañado de una oposición que en complicidad y encubrimiento acompañaba y se beneficiaba del carnaval del malgasto.
Resguardar el poder adquisitivo de nuestra moneda el guaraní, sin dejar de mencionar los efectos de las de mercaderías importadas cuyos precios escapan a nuestra realidad nacional, es la mejor política económica y social que puede ofrecer un buen gobierno.
La estabilidad monetaria así como una política consistente con el equilibrio fiscal que pronto volverá a lo que correctamente dice la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada durante el gobierno de Horacio Cartes, quien sentó las bases para que el déficit no sea superior al 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) auguran un mejor año 2024.