Desde el advenimiento de la democracia en nuestro país, hace ya casi 35 años, la seguridad ciudadana siempre ha sido un reclamo recurrente y un motivo de preocupación permanente de los distintos gobiernos que tuvieron a su cargo la gestión del Estado.
Diversos fueron los ensayos llevados a cabo a lo largo y ancho del país, algunos de ellos concentrados lógicamente en las franjas más sensibles y de mayor registro de hechos delictivos, como son las zonas densamente pobladas como Asunción y ciudades de departamento Central. Zonas que se convirtieron en los últimos años –lamentablemente– en verdaderos bastiones de clanes y agrupaciones dedicados a actividades ilícitas.
Estos clanes, a lomo de pandillas narcos que controlan territorio para la venta de drogas al menudeo, se hicieron cada vez más fuertes y pasaron a constituirse en poderes hegemónicos en estas zonas, generalmente vulnerables; es decir, personas que viven bajo la línea de pobreza, y donde la “autoridad” estaba asociada al crimen. En estos lugares, conocidos como “zonas rojas”, el imperio de la ley no existía y mucho menos existía la posibilidad de que los agentes del orden ingresaran a esos territorios.
Tristemente, términos como pobreza, adicciones y criminalidad están asociados erróneamente a los Bañados de la capital del país, como consecuencia del actuar de estos grupos delincuenciales, pero también por la ausencia durante muchos años del Estado, en cuanto a proveer servicios para tener una vida digna.
Ese escenario fue cultivo ideal para que agrupaciones como el clan Rotela se convirtieran en “amo y señor” de extensas barriadas de Asunción. Incluso controlando sus dominios desde la penitenciaría de Tacumbú, desde donde dirigían los hilos delictivos de barrios como Tacumbú, Santa Ana, Republicano o Roberto L. Pettit.
Pero no se puede vivir siempre al margen de la ley y ese dominio acabó el pasado 18 de diciembre con la operación Veneratio, en el que policías y militares recuperaron el control del principal reclusorio de la ciudad, tomado por Rotela, y desmantelaron esta verdadera amenaza a la seguridad ciudadana. Este hecho, sumado al despliegue de más agentes del Grupo Lince en los Bañados, ha permitido lograr avances.
¿Qué tan fuerte fue el impacto de este operativo policial-militar realizado hace un mes? Más allá de los discursos o de las opiniones, las estadísticas hablan por sí solas.
Un informe preparado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, a partir de las denuncias registradas en los barrios que componen el Bañado Sur, entre los meses de diciembre y enero de 2023-2024 frente al mismo periodo de 2022-2023 muestra un gran descenso del 74 % en cuanto a robos y hurtos agravados.
Nada más y nada menos que el tres cuartas partes de declive de los hechos delictivos. No cabe duda que la estrategia de atacar al corazón del clan, desmantelando su estructura, y agregando más agentes linces en la zona, logró el resultado esperado. Los efectos son alentadores porque esta estrategia se puede trasladar (y se debe trasladar) a otras áreas sensibles que existen en zonas urbanizadas de Central para que el combate pueda tener éxito, especialmente luego de la experiencia positiva en los Bañados.
Se aplauden los éxitos alcanzados en materia de seguridad ciudadana y se aplaude el hecho que las estrategias implementadas, como la triplicación de los agentes linces, está empezando a tener el resultado que esperan los responsables del Gobierno. No cabe duda que falta mucho aún por hacer, pero el esfuerzo conjunto llevado a cabo hasta aquí muestra que se está en la senda correcta para devolver a la ciudadanía la sensación de sentirse segura en su propia urbe.