En el quinquenio que el neoestronismo –representado en Mario Abdo Benítez– gobernó el Paraguay, uno de los más acuciantes problemas ha sido el tráfico de estupefacientes. Bajo su premisa de “dejar hacer, dejar pasar”, el gobierno anterior convirtió al país en un centro mundial de acopio y distribución de cocaína, llegando la droga maldita hasta los más importantes puertos de Europa, con productos embarcados desde las bodegas paraguayas. La política antidrogas, claramente miope, llevó al Paraguay a ocupar los lugares más encumbrados en la lista de países que lideran el crimen organizado, con naciones sin estructuras ni instituciones democráticas sólidas como Myanmar o Venezuela.
En materia de política interior la ausencia de programas sólidos y de resultados también ha llevado a que el flagelo de las drogas al menudeo durante la administración Abdo también fuese un padecimiento. Tal ha sido el fracaso que gran parte de la ola de inseguridad que se registra en las zonas urbanas –tanto en Asunción como en el departamento Central– tienen al microtráfico como un verdadero azote ciudadano y un auténtico problema de salud pública, con más de 90 mil jóvenes adictos a algún tipo de estupefaciente.
El combate al microtráfico ha sido una preocupación constante en la agenda de seguridad de diversos países, y desde el 15 de agosto pasado lo ha sido también para el gobierno de Santiago Peña. De la promesa en campaña, la preocupación se ha traducido en un programa (plan Sumar) que busca no solo enfrentar el problema social o de salud, sino también la gran amenaza que representa en materia de inseguridad.
El gobierno actual desplegó medidas específicas para enfrentar este problema, pero con un abordaje diferenciado al implementar diferentes frentes de lucha. Estos frentes están diseñados para asestar golpes contundentes a las grandes organizaciones involucradas en el tráfico de drogas, pero también suponen una esperanza de recuperación y de reinserción para adictos.
El enfoque principal de este plan se basa en una lucha frontal a las organizaciones delictivas que lideran el microtráfico. Así, por ejemplo, el pasado 18 de diciembre, el Gobierno no solo volvió a tomar control del penal de Tacumbú al desmantelar el clan Rotela, que era amo y señor del principal reclusorio del país y desde allí dirigía sus principales operaciones delictivas, que incluía una amplia red de distribución de drogas en la capital del país y en las principales ciudades de Central, sino que la operación Veneratio también tuvo un beneficio añadido. Ayudó a reducir en un 50 % el índice de hechos delictivos en los Bañados, que meses anteriores era un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, según expresó la semana pasada el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini.
Alcanzar estos objetivos pudo lograrse con la contribución entre las fuerzas de seguridad (militares y policías), agencias de inteligencia (el Consejo Nacional de Defensa), y otras instituciones que están involucradas de manera directa. Se incrementó la persecución de los líderes y las organizaciones criminales y se implementaron medidas para debilitar sus estructuras financieras.
Es por eso que es esencial destacar que las acciones del Gobierno, tanto en los macro como en los micro problemas, puedan tener avances. Por ejemplo, el fin de semana, el ambicioso plan Sumar también arrojó los primeros resultados con un primer golpe al microtráfico en el departamento Central, mediante la incautación por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de unas 150 mil dosis de crack en la zona de Limpio. Las mismas tenían como destinatario final a los más de 90 mil jóvenes que son adictas.
La estrategia que encara el gobierno de Santiago Peña se concentra en abordar y enfrentar de manera directa a las grandes y a las pequeñas organizaciones delictivas; para ello, se vale de una mezcla de medidas, algunas de ellas de carácter represivo, otras con la cooperación internacional y de acciones preventivas. Todo ello, con el convencimiento de que estas acciones podrán devolver credibilidad en las instituciones, seguridad para la gente y una solución sanitaria para miles de jóvenes que hoy son víctimas de las drogas.