Con la decisión del Gobierno de aumentar el aporte de dinero para mejorar la alimentación de los niños que van a las escuelas saltan a la luz pública muchas situaciones que pueden explicar por qué hasta ahora no se atendía adecuadamente a los chicos. Y por qué urge que esos fondos se admi­nistren honesta y adecuadamente, con el nombre que se le quiera dar, pero con un estricto control que impida los abusos.

Existen casos emblemáticos de robo y mala utilización por parte de autoridades políticas locales de los fondos destinados para la alimentación escolar. Son algunos sonados hechos en que se vieron involucra­dos algunos gobernadores departamenta­les e intendentes municipales que llega­ron a la Justicia. En las investigaciones judiciales se demostraron cómo se mal­versaron los recursos que debían usarse para alimentar a los niños más necesita­dos del país. Y así, mientras muchos esco­lares seguían sufriendo de malnutrición en numerosas escuelas del interior, algu­nos políticos inescrupulosos aumentaban pavorosamente su fortuna personal, com­prando propiedades inmobiliarias y vehí­culos de alto valor o depositando el dinero en sus cuentas personales. Como hacen los ladrones que acumulan lo robado.

Aunque no todas las autoridades locales se portaban como saqueadores, la experien­cia vivida obliga a que se tomen todos los recaudos y que incluso se hagan algunas leyes para mejorar la administración de esos recursos que tienen un fin tan noble como alimentar a los niños.

Con la denominación de “Hambre cero en las escuelas” se pretende crear una ley para hacer más efectiva la administra­ción de la plata que se canaliza habitual­mente para la alimentación escolar. Como el propósito del Ejecutivo es aumentar tres veces lo que se daba anteriormente es muy necesario establecer un mecanismo legal y administrativo adecuado para que los ali­mentos lleguen a los niños como corres­ponde.

El propósito no es solo incrementar la suma que se destinará a la alimentación escolar, sino hacer que llegue de manera efectiva a la mayor cantidad de destinata­rios y durante más tiempo.

Los informes sobre el tema indican que hasta ahora solo una ínfima parte de los afectados recibía la alimentación. De los 1.300.000 chicos que estaban en edad escolar, hasta el año pasado solo 200.000 recibían el beneficio de la merienda o el almuerzo, lo que hacía que 1.100.000 de ellos quedaran sin ese aporte alimenti­cio. Una situación no solo lamentable sino que no se puede aceptar bajo ningún con­cepto y que al gobierno anterior no le pre­ocupaba mucho, según se desprende de los hechos.

Si hasta ahora solo 15 de cada 100 escola­res recibían la alimentación del Estado, actualmente se está apuntando a cubrir a mucha mayor cantidad para benefi­ciar realmente a los mismos. Y para ello, mediante una ley, se quiere hacer una transformación profunda, no solo en el método de distribución de alimentos, sino haciendo de ella una prioridad guberna­mental para llegar a la mayor cantidad de beneficiarios de manera efectiva.

La ministra del Gabinete Civil de la Pre­sidencia de la República habló de que se quiere destinar a la alimentación de los niños escolares el equivalente a 270 millones de dólares, cerca de 1,9 billones de la moneda local. Fuentes del Gobierno señalaron que con esa suma se ayudará fuertemente a mejorar la asistencia de los niños a clases, lo que hará que baje el porcentaje de la repitencia y la deserción escolar, con su influjo positivo en la for­mación académica de los mismos. Para mejorar la administración de ese dinero se quiere involucrar al Ministerio de Desarrollo Social en la tarea, organismo que trabajará de manera coordinada con las gobernaciones e intendencias de cada localidad. Con mayor control se espera también más eficiencia para incrementar el beneficio a los niños.

El Congreso debe estudiar rápidamente la nueva ley para garantizar que los escolares puedan verse protegidos en sus derechos. La clase política, que alguna responsabi­lidad tiene en la realidad existente, tiene que aportar su contribución con una legis­lación adecuada para tan loable propósito.

Ayudar a los más chicos de nuestra socie­dad con la alimentación en las escuelas es una de las tareas más nobles que está enca­rando la administración estatal. Y tiene que ser apoyada también por los padres y las familias del país.