El gobierno del presidente Santiago Peña ha diseñado una política de contención (en su acepción de impedir, detener, frenar) los procesos que corrompen las instituciones del Estado y que involucran indefectiblemente a funcionarios públicos y actores del sector privado. Como consecuencia de una larga herencia de atracos inmisericordes a los recursos del Tesoro, la tarea de cortar de raíz los actos de latrocinio será una campaña difícil, compleja, pero no imposible.
Este fenómeno –el de la corrupción– es un monstruo de varias cabezas que se fue multiplicando a razón de su caldo de cultivo predilecto: la impunidad. Esto es, el delito sin sanción, ante la mirada de una sociedad indignada en contra de aquellos que ostentan impúdicamente sus riquezas adquiridas ilegalmente; mientras el pueblo sufre los acosos de las angustiantes penurias que provocan la pobreza y la pobreza extrema. Ese es otro gran desafío que tiene por delante la actual administración. Aunque, en realidad, se trata de un mismo drama con dos rostros diferentes. Las malversaciones públicas, que engordan el cinturón de los inescrupulosos, repercuten directamente sobre los territorios más vulnerables de nuestro país.
El manejo ordenado, trasparente y honesto de la cosa pública es un imperativo ético, como el primer y fundamental paso para moralizar nuevamente las estructuras del Estado. Ese es el camino para recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Una ciudadanía, aunque en etapa de construcción, cada vez más harta y menos paciente ante una corrupción que, como un virus maldito, contaminó grandes espacios del Gobierno y la sociedad. La historia nos enseña que, incluso los imperios más poderosos, cayeron a causa del relajo de las buenas costumbres, la falta de patriotismo y la venalidad. Es por ello que se debe asimilar conscientemente que el poder es apenas un pasaje transitorio en la vida de los gobernantes. Lo realmente importante es cómo utiliza ese poder. Y cómo los recordará la gente una vez que concluya su mandato.
Pero si existe una política para enfrentar la corrupción en el presente, tampoco debe olvidarse de los saqueos al Estado durante el periodo anterior. Nuestro propio diario ha publicado cuantiosos daños al patrimonio del Estado en algunas de sus dependencias: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Educación y Ciencias y, últimamente, han saltado impresionantes deudas sin sustentos legales en el Ministerio del Interior y la Secretaría de Emergencia Nacional, entre otras. Además de nuestras publicaciones, estas denuncias fueron el eje de los discursos de varios de los referentes del movimiento ganador de las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana, en diciembre de 2022.
Así que enorme trabajo tienen por hacer los responsables de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Así como las oficinas similares de todos los ministerios, entes descentralizados y empresas hidroeléctricas binacionales. Ningún proyecto tendrá un andamiaje sólido si se construye sobre los cimientos de la corrupción y la impunidad que dejaron como legado las autoridades que entregaron el poder el pasado 15 de agosto.
La gente de buen pensar sabe las condiciones en que el presidente Santiago Peña recibió el país y el Estado. Que, también debemos decirlo, los políticos y medios afines al anterior mandatario, Mario Abdo Benítez, tratan desesperadamente de tapar atacando de manera desleal e inmisericorde al gobierno actual. Es por ello que el presidente Peña debe apurar las investigaciones en las áreas que señalamos más arriba y enviar las conclusiones al Ministerio Público para que, a través de sus diferentes agentes designados, puedan rastrear con mayor precisión forense todas las barbaridades administrativas perpetradas por quienes mal utilizaron los recursos del Estado para provecho propio.
El presidente Santiago Peña no tiene ninguna complicidad con ese pasado, pero sí una enorme responsabilidad con el presente. Tenemos una ciudadanía esperanzada en que hará lo correcto para devolver al Paraguay por el camino de la institucionalidad y la recomposición moral del Estado. Dos acciones imprescindibles para mirar con optimismo el futuro.