Con motivo del tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Superintendencia de Jubi­laciones y Pensiones varios sec­tores y medios de comunicación lo han criticado falseando algunos hechos y fal­tando a la veracidad. Prefirieron resal­tar sus opiniones ideológicas y posicio­nes políticas por encima del relato de la verdad.

Todos tienen derecho a opinar y decir lo que les parezca ante cualquier aconteci­miento que ocurre. Pero existe la obliga­ción de honestidad de no atropellar la rea­lidad de los acontecimientos para instalar cualquier tipo de falacia. El embuste, la mentira, el engaño, cualquiera sea su forma o envoltura, no se pueden aceptar bajo ningún pretexto. A menos que uno forme parte de la patraña.

Por eso, aprobar calladamente la falsifi­cación de la verdad o presenciar hechos inaceptables sin reaccionar contra ellos riñe con la honestidad y la buena concien­cia. Hasta puede resultar un acto de com­plicidad.

Ante tantas mentiras y tergiversaciones que se han dicho sobre el proyecto de ley y su tratamiento en el Congreso hay que destrozar los embustes y aclarar lo que no está bien entendido. Según uno de los diarios, el señor Eduardo Ojeda, direc­tivo de la denominada Corriente Sindical Clasista, afirmó que la mencionada ley “es una estafa y una pesadilla para los tra­bajadores”, lo que quiere decir que no ha leído el texto de la norma y si lo leyó no lo ha entendido. Con esta ley es la primera vez en la historia del Paraguay que existe una disposición legal que impide que se pueda hacer una estafa con el dinero de las jubilaciones de los trabajadores por parte del Estado y sus dependencias. Y la pesadilla será para los que quieren usar la plata de las cajas para préstamos indebi­dos, como ocurre con la de la Ande.

El matutino Abc encabezó la tapa de la edición del 14 de diciembre poniendo: “Atropellando y de espaldas al pueblo, Peña logra control sobre jubilaciones”. Atropellar significa que uno pasa violen­tamente por encima de alguien, lo que no ha ocurrido, pues en ambas cámaras los legisladores votaron de acuerdo a su con­ciencia, algunos a favor, otros en contra. A nadie se le violentó para una y otra cosa. Y con esta ley, ni el presidente Santiago Peña, ni ningún otro, podrá controlar los fondos jubilatorios, sino las instituciones creadas para velar por la seguridad de la plata de los jubilados, como hasta ahora no ha ocurrido, por lo que estaba a mer­ced de cualquiera. Solo ahora se cuidará ese dinero mediante la ley.

Última Hora puso en primera plana “Car­tismo impone a la fuerza sanción de ley de Superintendencia de Jubilaciones”. No hay dudas de que los votos de los legis­ladores de Honor Colorado (HC) fueron importantes, pero también votaron a favor gente de otras agrupaciones parti­darias. Y la expresión “a la fuerza” daría a entender que se utilizó cierto tipo de violencia para obligar a los votantes, lo que no ha sucedido. Lo violento es que­rer forzar la interpretación de los hechos objetivos de acuerdo con determinados intereses

Abc dice en su artículo editorial “Día nefasto en el Congreso” y agrega que los legisladores cartistas “vomitaron al pue­blo paraguayo una preocupante ley que afecta nada menos que a los trabajado­res, en uno de los días más nefastos de la historia legislativa del país…”. Se nota que el articulista, aparte de sufrir algún mal gástrico, ni siquiera leyó el texto de la ley y solo quiere criticar sin fundamen­tos. Por eso hay que repetir que esta es la primera norma en la historia del Para­guay que protege a los fondos jubilatorios de las fauces del Estado y de los bancos y financieras que quieren usar indebida­mente la plata de los trabajadores, porque crea un organismo de contralor que no existía.

Las críticas suscitadas por algunos secto­res, las controversias en algunos medios y las movilizaciones de ciertos grupos de trabajadores contra la Ley de Super­intendencia de Jubilaciones y Pensiones son normales en la vida democrática. Se dijeron muchos infundios y se inventa­ron falacias que cuando se conoce el texto legal se desvanecen. Por eso hay que decir la verdad, y resaltar la enorme impor­tancia que tiene para amparar los fondos jubilatorios. Los cuales, mediante esta ley, ahora tienen protección.