El deber alimentario es una responsabilidad fundamental que tienen los padres, y por tanto se vuelve un pilar esencial para el bienestar de las familias. Pero cuando se produce la irresponsabilidad de uno de los progenitores, este deber adquiere una dimensión nueva, negativa, que lamentablemente genera impactos perjudiciales que inciden de manera desmedida en los hijos y en el núcleo familiar. La falta de atención a la alimentación, como consecuencia de decisiones irresponsables, afecta la salud física y emocional de los niños que arrastran de por vida.
Padres irresponsables y una Justicia que teniendo las herramientas legales no termina de agilizar trámites siguen acogotando a varias familias paraguayas, principalmente a aquellas madres que deben hacer magia para la manutención de sus hijos. Fiscales, jueces y demás autoridades que intervienen en este conflicto, que reciban denuncias de atrasos, morosidad o incumplimientos en el deber alimentario, deben actuar con mayor rapidez y gestionar diligencias para caer con todo el peso de la ley a los infractores de un derecho de sus propios retoños.
Desde la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Radam) la situación ha sido un poco más expuesta y dicho por los propios conocedores de estos casos ha dinamizado un poco más el cumplimiento por parte de los morosos. Entre estos registros encontramos infractores de todos los niveles por lo que es sabido que la causa de incumplimiento no es precisamente una cuestión económica, sino de prioridades y lastimosamente existen miles de padres que no tienen en estos rangos a los hijos que trajeron al mundo.
Cerca de 50 mil personas realizaron trámites en el Radam a mediados de este año y estas gestiones modifican estadísticas de manera dinámica ya que esto moviliza a los morosos a pagar sus deudas, mientras otros van ingresando a la lista de morosos. La cantidad mencionada es ínfima con relación a los que ni siquiera han realizado demanda o reclamo alguno en el ámbito judicial, hay miles de familias que no tienen los recursos, ni siquiera conocen las leyes.
En los últimos años creció la cantidad de padres que incumplen la manutención de sus hijos. Las estadísticas judiciales han registrado un mayor número de delitos por incumplimiento del deber alimentario desde hace un par de años, seguido de las denuncias por violencia familiar y los hurtos agravados.
Los números refieren que hay más de 4.000 casos de incumplimiento o en proceso de prestaciones en lo que va del año. Si bien las leyes son claras en cuanto a las exigencias y los castigos correspondientes, sigue siendo un flagelo que afecta los derechos y la calidad de vida de miles de niños el cumplimiento en forma de esta obligación de la prestación alimentaria.
Madres organizadas contra esta falta siguen insistiendo en la necesidad de una mayor eficiencia en el tratamiento del incumplimiento de la asistencia alimentaria. Recientemente anunciaron un conversatorio con el objetivo de debatir más sobre los alcances legales que conducen a una mayor agilidad de los procesos para otorgar las prestaciones alimentarias, porque en varias ciudades se tarda meses e incluso años, tiempo en que las madres, padres o tutores deben buscar la forma de mantener a los niños y niñas.
Esta es una cruel realidad, aunque los casos sean particulares afectan a la sociedad en general. Necesitamos instituciones como la Defensoría de la Niñez, el Ministerio de la Niñez, las respectivas consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) instaladas en cada municipio, como la propia Fiscalía y el Poder Judicial tengan mayor protagonismo, con acciones más ágiles y visibles que disminuyan estos reclamos.
No se puede seguir tolerando tanta impunidad con el incumplimiento de la asistencia alimentaria a los hijos. Después nos quejamos y cuestionamos de dónde sale tanta violencia, tantos jóvenes renegados y sin oportunidades.
La moral, la dignidad se cimienta en la familia, existen derechos irrenunciables e impostergables garantizados de manera legal, apliquemos los recursos jurídicos vigentes. Este puede ser el primer paso para cimentar una sociedad más responsable, más consigo misma.
La Justicia debe aleccionar a quienes se desentienden de sus obligaciones y cometen delitos que atentan contra la vida como dejar de asegurar el alimento de menores con el incumplimiento de la asistencia económica establecida por ley. En este contexto están en juego además de la alimentación de los niños y niñas, la dignidad, la autoestima, el bienestar de los mismos.