La serie de recientes destapes de la repartija del dinero público a través de una ONG que se ganó prestigio por difusiones de actividades a favor de la transparencia y contra la corrupción fue un baldazo de agua fría para la ciudadanía en general que, de alguna manera, deposita su confianza en estas organizaciones.

Los contribuyentes de este país no merecen tanto desprecio a su sacrificio con semejante derroche, festín familiar y hasta financia­miento de operadores políticos descubiertos con una investigación periodística de nues­tro diario. Por cierto, la división reinante por líneas editoriales e intereses de los due­ños de los medios hace eludir al periodismo nacional en el tratamiento tan fundamen­tal de este tema como contralor del uso del patrimonio público.

Algunas que otras escuálidas manifesta­ciones de activistas políticos camuflados de comunicadores o tuiteros que fungen de comunicadores intentaron desacreditar las publicaciones de la Unidad de Investi­gación de este medio, discriminando por el grupo empresarial del cual forma parte. Sin embargo, ninguna de las fuertes denuncias e informaciones reveladas sobre la repartija de sueldos entre un selecto clan familiar del mismo presidente de la ONG, hurreros, ope­radores políticos de la campaña del equipo del expresidente Mario Abdo Benítez fueron refutadas, menos aún desmentidas.

Hasta el momento no hay una sola autoridad que haya salido a explicar sobre el tema que sacó al tapete la grave situación de uso dis­crecional del dinero público. La denuncia mediatizada evidenció que mediante conve­nios institucionales se ejecutan presupues­tos que no pasan por licitaciones públicas, el Estado realiza millonarias transferencias y con eso se paga sueldazos del clan de quien recibe los fondos.

Se financiaron sueldos de operadores polí­ticos. Además, el proyecto al que llaman de “Reactivación Económica Poscovid” costó G. 6.093 millones al Estado, casi USD 1 millón y es apenas uno de los cientos de programas de la ONG con entes públicos.

Este caso como otros que llegaron a nuestra redacción y que mediante rigurosas pesqui­sas periodísticas ya habían puesto en evi­dencia al clan Núñez-Defelippe, excandida­tos por la Concertación Nacional que estaba vinculado a una red de oenegés que usaban al Estado para facturar, son indicios de que el sector público debe ser más eficiente en el control del financiamiento que se ejecutan a través de estos organismos.

No se trata de satanizar la labor de los orga­nismos no gubernamentales. Se trata de saber cuánto dinero se les transfieren desde el Estado, para qué fines y conocer el destino de cada guaraní proveniente del bolsillo de los contribuyentes.

Los años de pandemia que fueron muy duros para la ciudadanía en general y pese a la crisis sanitaria y económica por el covid-19 no impi­dió los perversos hechos de corrupción. Hasta ahora seguimos lamentando y continúan esquivando de la Justicia los compradores de tapabocas de oro, víveres, insumos médicos, etc. que fueron descubiertos mediante pes­quisas periodísticas y ciudadanas gracias a las herramientas de transparencia.

Sin embargo, en el caso de las transferencias de dinero se realizan de manera más reser­vada y aunque se socializan los proyectos, no se sabe mucho sobre los criterios de eje­cución, por qué se compró, a cuánto se com­pró, cómo se compró y la efectividad de las inversiones.

Es importante comenzar a pensar en regla­mentaciones para el uso de las transferen­cias de dinero por parte del Estado al sector privado. Empezar a dibujar procedimientos de transparencia y control que permitan a la ciudadanía seguir el circuito de los gastos de manera más instantánea, conocer la rentabi­lidad de estas inversiones para los intereses de la colectividad.

Si bien la Contraloría General de la Repú­blica recibe rendiciones de cuentas de algu­nas ONG, ya que no todas son comprometidas con la obligación de la transparencia, todavía no hay mayores resultados de estos contro­les y se siguen haciendo fiestas con el dinero público. El papel aguanta todo; sin embargo, no se mide el impacto y la forma que se usan los fondos.

Tenemos que, necesariamente, avanzar en mecanismos de control más eficientes y cus­todiar los presupuestos para que estos dejen de ser negocio de algunos avivados que se aprovechan de la naturaleza de un orga­nismo no gubernamental que administra fondos estatales.