El Gobierno tiene la gran responsabilidad de desprender al Paraguay del mote de país narcoexportador que se adjudicó en los últimos cinco años, por las toneladas de decomiso de cocaína en el extranjero, producto del abandono absoluto de los controles en los puertos, principalmente en los privados, desde donde fueron saliendo la mayor cantidad de carga contaminada.
Se comenzó a dar un primer paso con la reactivación de controles en los puertos privados.
El actual ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó la decisión de intensificar las verificaciones mediante los escáneres y canes en los puertos privados, que mediante resolución fue levantada por el extitular de esta cartera Arnaldo Giuzzio. Esta decisión de liberar los puestos de control trajo detrás serie de decomisos en puertos del exterior de cocaína enviada desde Paraguay.
Se puede destacar que uno de los primeros golpes importantes al ilícito dentro de los primeros 50 días de gestión es la incautación de unas 640 bolsas de arroz que contenían 3.300 kilos de cocaína, valuados en 140 millones de dólares, en un puerto privado de Villeta. Las autoridades señalan que este resultado deriva de un cambio en las filas policiales que se determinó al inicio de este gobierno.
El ministro Riera insistió en el refuerzo de los controles en los sitios de salida de las mercaderías de exportación, que ojalá y sea realidad, pero fundamentalmente que resulte efectiva, considerando los índices de decomiso de droga “made in Paraguay” que nos avergüenzan ante el mundo.
Estadísticas publicadas hace unos meses revelaron que en los últimos 5 años se han incautado alrededor de 50.000 kilos de cocaína en puertos del extranjero, principalmente de Europa, que salieron de nuestro país, lo que ubicó al Paraguay como narcoexportador. Este oscuro antecedente, vale reiterar, se concreta después de la prohibición de hacer monitoreo de estupefacientes en los puertos de embarques paraguayos dispuesta en mayo de 2020 por Giuzzio.
Fue así que el exministro Giuzzio acabó con la Dirección de Inteligencia Aérea Fluvial y Terrestre (Diaft) compuesta por unos 30 agentes especializados encargados de realizar tareas investigativas de inteligencia y operativas de fiscalización, el ilícito se fortaleció y se expandió.
Sin embargo, no hay que olvidarse que la licencia para la temeraria decisión que ocasionó un daño terrible a la imagen país se respalda en ese poder que le dio el expresidente Mario Abdo Benítez.
El mismo día que había asumido el cargo, el exmandatario firmó el decreto número 40, el decreto número 9234 del año 2018, y así dio vía libre a Giuzzio para que este terminara facilitando el envío de cocaína al exterior con el desmantelamiento de los puestos de control en los puertos, principales vías de salida de carga contaminada.
El Gobierno debe dar una lucha frontal al negocio del narcotráfico y sacarnos de esa negra posición de centro logístico para las exportaciones del polvo blanco. Sin recuperar la imagen país, el estatus serio y seguro será imposible para atraer inversiones que apuesten en Paraguay, de ahí que es primordial el combate a este ilícito, marcar la diferencia de lo que la administración estatal anterior dejó.
El daño al comercio exterior, la ridiculización de las instituciones, el fomento de la deslealtad de funcionarios públicos con resoluciones que prácticamente avalaron el ilícito, sin contar la desconfianza de la población hacia el Estado son herencias demasiado nefastas que deben ser erradicadas mediante el liderazgo de un Gobierno que asuma el compromiso de acabar con el flagelo. Recuperar la buena imagen del país es fundamental para cumplir con el objetivo de estar mejor.