La Contraloría General de la República (CGR) está demostrando un esfuerzo muy importante en el esclarecimiento de varias denuncias de corrupción como de otros oscuros manejos administrativos que presumen enormes agujeros a las arcas del Estado.

En los últimos meses nos hemos enterado de verdaderos destrozos administrativos y hemos experimentado dolorosos clavos heredados del gobierno anterior que no pueden quedar en la nada. Amerita que los entes de control y el Ministerio Público se impongan con el peso de las normas y las leyes para sancionar los hechos punibles que hubiere como a los autores del saqueo a las instituciones del Estado. Al mes del retiro de la anterior administración estatal comenzaron a aparecer rosario de irregularidades en diferentes instituciones públicas que seguramente van a saturar a la Fiscalía por la cantidad, pero indefectiblemente hay que hurgar hasta los últimos detalles para llegar a los responsables y de ser posible resarcir los daños que se detecten.

La semana pasada, los datos que revelaba la Contraloría sobre el atraco a las finanzas del Instituto de Previsión Social (IPS) conmocionaban a la ciudadanía, principalmente a los asegurados que mes a mes aportan un 9 % de sus ingresos para sostener la previsional y el seguro social que deja mucho que desear en la contraprestación de los servicios.

El desfalco de G. 1 billón en la administración del IPS correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del año 2023, con una serie de derroche, bienes catalogados como faltantes, millonarias deudas todavía imposibles de precisar, resultó ser apenas una muestra de un montón de irregularidades encontradas en distintas instituciones.

En estos días, la lista de entidades del Estado que quedaron con clavos del gobierno anterior continuó alargándose. La podredumbre que sale es insoportable para el pudor de la ciudadanía.

Los informes del ente contralor revelan que en la Dirección del Material Bélico (Dimabel), no se realizaron registros contables por la venta de armas y municiones por un valor de G. 1.300 millones y la venta de créditos por G. 17.000 millones.

En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), puntualmente en el subsidio de los transportistas y en el aporte condicionado relacionado a la renovación de la flota de transportes, sin los documentos que avalen las inversiones.

Según manifestó el contralor de la República, “a partir del año 2018 el subsidio tuvo un incremento importante, cerrando el ejercicio fiscal del 2022 en concepto de subsidio al pasaje en G. 273 mil millones, con una variación del año 2014 al 2022 del 453 % del pasaje. En los años 2021 y 2022 fue transferida a las empresas de transporte la suma de G. 380 mil millones financiada específicamente con bonos del tesoro emitidos en el mercado internacional”.

En la Dirección Nacional de Aduanas no fueron registrados bienes de la institución correspondientes a 8 terrenos de los cuales 6 fueron evaluados en G. 11.000 millones.

Si recordamos el sonado caso de la construcción del tren de molienda de Petropar en Mauricio José Troche, se pagó G. 41.815 millones, de los cuales 73 % de los trabajos cubiertos con este monto no se completó.

Los reportes son alarmantes y urge avanzar en el diagnóstico administrativo-financiero de las demás instituciones. Hay gastos muy sensibles para las necesidades de la gente, de las cuales depende hasta la vida, entre estas es ineludible poner la lupa sobre la ejecución presupuestaria de emergencia correspondiente a la pandemia por el covid-19.

La ciudadanía tiene derecho a saber dónde fue a parar cada guaraní que se gastó, principalmente esa plata que proviene de la deuda para afrontar la crisis sanitaria. No podemos seguir con la duda atragantada al recordar las 20 mil muertes porque las vacunas no llegaron a tiempo y porque nuestro deficitario sistema sanitario no pudo con las urgencias.

Existe una obligación de honrar la confianza del pueblo, el primer paso es esclarecer todas las sospechas que hubiere con relación al uso de los fondos públicos, examinar la legalidad de los gastos y remitir a los organismos correspondientes todos los indicios de hechos punibles. No podemos tolerar olvido ni impunidad ante tantas denuncias de irregularidades, corresponde investigaciones profundas en todos los estamentos del Estado, ese es el camino.