Los países firmantes del Acuerdo de Navegabilidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná exigen que la Argentina termine con su actitud hostil y levante el odioso cobro del peaje en el Paraná y facilite la libre navegación, como está obligada a hacerlo de acuerdo con las normas vigentes. No tiene derecho a poner obstáculos a la libertad que rige en los ríos internacionales para que las naves fluyan sin inconveniente de ninguna laya, como hizo con una embarcación de ban­dera paraguaya que retuvo indebidamente el viernes último.

En un comunicado que se dio a conocer el domingo 10 los gobiernos de Bolivia, Bra­sil, Paraguay y Uruguay señalaron que lamentan la disposición del peaje unilate­ral y arbitrario adoptada por la Argentina y reiteraron su solicitud de que suspenda la aplicación de las resoluciones del Ministe­rio de Transporte de ese país que imponen esa odiosa disposición. “Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay lamen­tan las medidas impuestas por la República Argentina que restringen la navegación en la hidrovía Paraguay-Paraná a partir de la aplicación de un peaje unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacio­nales vigentes”, afirma el comunicado.

Teniendo en cuenta que Argentina apresó una barcaza de bandera paraguaya que transportaba derivados del petróleo, el documento señala que los cuatro gobier­nos “expresan especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene compro­metido el abastecimiento de combusti­ble y que puede afectar el precio de dicho insumo, lo que representa una afectación grave que exacerba la vulnerabilidad de dicho Estado por su condición de país sin litoral”. Los cuatro países piden al vecino país a “adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de navega­ción y tránsito y se abstenga de aplicar otras medidas restrictivas a la navega­ción hasta tanto se resuelva la controver­sia en el ámbito intergubernamental de la hidrovía”.

La ofensiva actitud del vecino país no se puede aceptar y el Gobierno nacional hace bien en tomar las medidas anunciadas de plantear una demanda judicial y accio­nar el arbitraje. Las autoridades argenti­nas deben deponer las antipáticas medidas adoptadas y dejar de lado la agresión que están cometiendo. No se puede hablar de buena vecindad ni de hermandad entre los países cuando se actúa de manera belicosa como lo está haciendo. Contra las nor­mas legales vigentes que están obligadas a cumplir.

El Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que firmaron los gobiernos de Argentina, Boli­via, Brasil, Paraguay y Uruguay en julio de 1992 establece claramente la libertad de navegación y la prohibición de imponer el cobro de peajes y obstáculos a la libre nave­gación de los ríos de la zona. En su artículo 4 el documento dice: “Los países signata­rios se reconocen recíprocamente la liber­tad de navegación en toda la hidrovía de las embarcaciones de sus respectivas bande­ras, así como la navegación de embarcacio­nes de terceras banderas”.

En el artículo 5, el acuerdo prohíbe poner gravámenes o tributos a las embarcacio­nes, ya que dice: “Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá estable­cer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarca­ciones o sus cargamentos, basado única­mente en el hecho de la navegación”. Como puede apreciarse, el mencionado acuerdo internacional es muy claro en sus dispo­siciones, por lo que puede concluirse que las resoluciones del Ministerio de Trans­porte de la Argentina que imponen el peaje en el Paraná constituyen una lamentable transgresión de una norma internacional. Aunque no tienen suficiente valor jurídico, ya que, por la prelación de las normas, una resolución ministerial no puede modificar lo que dice un decreto, una ley, y menos un acuerdo internacional.

La decisión del Gobierno argentino de imponer el peaje en la hidrovía es ridícula, aparte de no tener valor legal alguno. Si no representara un hecho tan grave y que oca­siona muchos perjuicios económicos, sería para ponerse a reír que por una resolución ministerial se quisiera derogar un tratado internacional. Por ilógico y absurdo. La Argentina tiene que dejar de cobrar el peaje y liberar de obstáculos el Paraná. Ade­más, debe resarcir económicamente a las empresas afectadas devolviendo el dinero cobrado de manera indebida.