Los hallazgos de la enorme canti­dad de supuestos desfalcos detec­tados por la Contraloría General de la República entre el periodo 2022 y el primer cuatrimestre de 2023, es decir, en un tiempo récord, que suman una cifra astronómica, deben ser esclarecidos por la Justicia y castigar a los responsables del ruin asalto al dinero de los trabajadores aportantes al sistema del Instituto de Pre­visión Social (IPS).

Lastimosamente, el IPS vino siendo desan­grado, descuidado al punto de que el fun­cionamiento de la institución ha rayado lo perverso en cuanto a desidia, gene­rando una desconfianza sin precedentes en los usuarios en estos últimos 5 años. Como prestador de servicios de salud, ha tocado fondo y las nuevas autoridades tie­nen el gigantesco desafío de rescatarlo del abismo, principalmente les toca trabajar en recuperar la credibilidad ante los apor­tantes.

El reciente informe de la Contraloría fue demoledor y corona la serie de cientos de denuncias de irregularidades que arrastra y tiene por el suelo a la previsional.

Según la auditoría del ente de control correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del año 2023, en el IPS se detectó un supuesto des­falco equivalente a G. 1 billón. Entre los detalles que compartió el subcontralor confirmaron 9.355 bienes de la previsional; equipos de salud, laboratorio e informática catalogados como “faltantes” y que totali­zan la suma de G. 42.915 millones.

Una suspicaz aprobación de préstamo por parte del Consejo Administrativo de la previsional en una entidad bancaria por la suma de G. 50.000 millones que heredan al gobierno entrante en medio de la maraña de irregularidades. El análisis constató tam­bién la falta de gestión para la reparación o baja de bienes por valor de G. 2.000 millones.

Aparecen documentos de rendición de cuentas del consumo de combustible para los generadores por la suma de G. 705 millones. En cuanto al parque automo­tor figura que el consumo de combustible superó el promedio por cada 100 km, por un valor de G. 947 millones.

El colmo del derroche en el rubro combus­tible es que se descubrió que un funciona­rio realizó cargas de combustible en varios vehículos en forma simultánea, por un valor de G. 1.059 millones y todo este sumi­nistro en un solo día.

El desprecio por el sacrificio del trabajador por parte de cada uno de los responsables que facilitaron este festín es un acto inhu­mano considerando la deficitaria atención que se viene teniendo en los hospitales del IPS, debieran pudrirse en la cárcel, sin con­templación, sintiendo todo el peso de la ley sobe sus espaldas. Es la única manera en que nunca más haya muertos a causa de miserias en los puestos de salud rapiña­dos por verdaderos ladrones disfrazados de empleados de nuestras instituciones.

El asegurado ya no aguanta más las humi­llaciones y las carencias en la previsional, han ordeñado sin piedad al IPS, sistemáti­camente. Hemos visto los supernegocios en el rubro de limpieza con la agravante de la existencia de limpiadores “fantasma”, compras discrecionales para cualquier cosa como aquella inolvidable licitación para detectar presencia de termitas, todo fue más importante antes que el bienestar del asegurado.

Millonarias deudas con proveedores que eran incalculables, cifras inexactas que no transparentaban a cuánto realmente asciende el monto que se debe honrar con los proveedores cuya única salida era vol­ver a someter a los asegurados a otro prés­tamo para cubrir estos compromisos tam­bién era parte de la serie de escándalos que vienen sacudiendo a una administración que demuestra mucho oscurantismo en su proceder. Esta situación tuvo que deman­dar de vuelta la intervención de la Contra­loría, a la que primeramente le ningunea­ron cuando solicitó los documentos y el ente de control tuvo que acudir a la Justicia para acceder a los datos.

El caso de la deuda con proveedores revela una informalidad de altísimo riesgo para el IPS, según dijo el propio contralor, que con su equipo de auditores vienen detectando varias irregularidades en la entidad.

Así como los hechos mencionados, existe un sinfín de denuncias y sospechas de corrupción y que apuntan a los mismos administradores. Es por eso que la Justi­cia, los entes de control, incluso los nuevos administradores, no deben desentenderse de los negros precedentes hasta que se identifiquen a cada uno de los responsables de todo lo revelado por la Contraloría.