Con el gobierno actual se están incorporando nuevos directivos al Instituto de Previsión Social (IPS), una de las entidades recau­dadoras más importantes del país, luego del Ministerio de Hacienda. En los últimos años la previsional ha sufrido numerosos proble­mas de toda índole, pero principalmente de carácter financiero debido a los malos mane­jos de sus autoridades que no supieron con­ducirla y la llevaron prácticamente a la quie­bra. Tanto que últimamente adeuda a sus proveedores cifras astronómicas que solo puede cubrir con la contratación de nuevos préstamos del sector financiero. Debido a las deficiencias administrativas, se ha tenido la paradoja de que una de las más importantes perceptoras de ingresos sea la principal deu­dora de sus proveedores.

Para tener una idea de la ineptitud de la administración anterior, conviene señalar cómo ha ido aumentando el déficit a partir de 2018. Un informe presentado el año pasado a la Cámara de Diputados señala que en el 2018 el IPS tuvo ingresos de recursos para el fondo de enfermedad y maternidad por 358 millones de dólares, en tanto que sus egre­sos fueron de 394 millones de dólares. En el 2019 los ingresos por idéntico concepto fue­ron por 389 millones de dólares contra 452 millones de dólares de gastos. En tanto que en el 2020 los ingresos fueron de 389 millo­nes de dólares, frente a los egresos de 516 millones de la moneda norteamericana. Los ingresos alcanzaron en el 2021 a 441 millo­nes de dólares al lado de los gastos que subie­ron a 552 millones de dólares.

Como se puede apreciar, a medida que pasa­ban los años de la administración Abdo Benítez se incrementaba el saldo negativo del IPS, lo que hizo necesario que en el 2022 se recurriera a un préstamo para cubrir parte de la deuda que tenía.

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Esta es una clara muestra de la ineficiencia de los administradores que ahora han sido reemplazados por la gente nombrada por el nuevo gobierno, y que se encuentra con el enorme desafío de revertir esa lamentable situación.

La nueva directiva de la previsional debe encarar una decidida campaña de buena administración y de recaudar más de lo que gasta. Tiene que demostrar su capacidad haciendo que aumenten los ingresos muy por encima de sus gastos por su eficiencia en la recaudación que es uno de los más graves defectos que tiene la entidad.

La evasión de las empresas que deben pagar a la previsional oscila entre el 63 % y 65 %, según datos de algunas fuentes. Un estudio privado destaca que de cada 100 trabajado­res que deben estar asegurados al IPS, solo 35 están inscriptos y aportan a la entidad, en tanto que un consejero de la entidad sostiene que solo 37 % de lo que deberían aportar, lo están haciendo debido a la alta evasión de las patronales.

La elevadísima tasa de incumplimiento empresarial demuestra que la administra­ción anterior ha hecho muy poco para for­malizar la situación, porque si dos tercios de las patronales no cumple su obligación es porque el organismo estatal no les obliga ni castiga a los evasores. En ese sentido fue cómplice de los que delinquen al no pagar sus obligaciones.

El Código Penal prevé castigos carcelarios y multas a las empresas que no cumplen con la ley de seguridad social. Las penas privativas de libertad pueden ir hasta 5 años para el empleador, además de san­ciones pecuniarias por no transferir los aportes que corresponden. La actual admi­nistración debe comenzar a aplicar la ley penal denunciando a las entidades que no aportan el seguro social y castigar a los responsables. Porque si hay un incumpli­miento superior al 60 % en los aportes a la seguridad social es porque las autoridades del área no han hecho nada para revertir la situación. Y están dejando a la mayo­ría de los trabajadores del país librados a su suerte en asuntos tan sensibles como la salud y la jubilación.

Si las nuevas autoridades logran mejorar el cumplimiento del seguro social por parte de las patronales, su recaudación aumen­tará ostensiblemente. No es lo mismo cobrar al 35 % de las empresas que hacerlo al 90 %. Con ello darán muestra de su capacidad en tan delicado tema que afecta a gran parte de la ciudadanía.

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